Israel fija una frontera ilegal en Gaza: la línea amarilla que abre la puerta a una segunda Nakba 

Una franja partida, una población cercada y un mapa redibujado a golpe de bulldozer.

LA LÍNEA QUE NO EXISTÍA Y QUE AHORA QUIEREN CONVERTIR EN FRONTERA

Israel mueve bloques de hormigón en mitad de la noche. No son barricadas, ni obras públicas. Son las piezas de un nuevo tablero colonial, esas losas amarillas que el ejército israelí ha rebautizado como “frontera” de un territorio que no le pertenece. Es el Yellow Line, ese trazo impuesto que ahora parte Gaza en dos y que su jefe militar, Eyal Zamir, ha presentado como una línea definitiva. Una frontera autoproclamada. Una frontera que el derecho internacional no reconoce.

Desde el 19 de noviembre, la línea amarilla avanza hacia el oeste. No solo avanza. Arrasa. Las y los palestinos que regresaron a los restos de sus barrios tras el alto el fuego cuentan que lo que un día era un límite temporal ahora se desplaza quinientos metros más allá, empujándolos de nuevo al exilio interno. Las excavadoras entran detrás de los tanques. Destrozan lo que la guerra no había logrado demoler. Pisotean las paredes que aún quedaban en pie. Anulan la posibilidad de retorno.

Más del 53% de la franja queda bajo control militar directo de Israel, un territorio vacío de población palestina porque cualquiera que se acerque es tiroteado. En el 47% restante, donde sobreviven dos millones de personas hacinadas, Israel sigue bloqueando la entrada de ayuda, incumpliendo el acuerdo de alto el fuego promovido por Estados Unidos.

El testimonio de Omar al-Ashi, de 27 años, condensa la devastación. Su familia de once integrantes volvió a Shujai’yya a reconstruir una vida entre escombros. Una noche escucharon los motores: vehículos militares entrando de nuevo en el barrio. Por la mañana comprendieron la razón. La línea amarilla se había movido hacia ellos. Después llegaron los panfletos lanzados por drones ordenando evacuar. Era imposible quedarse.

El Gobierno civil de Gaza ha registrado 738 violaciones del alto el fuego en 60 días. Entre ellas:
205 ataques directos contra civiles.
37 incursiones terrestres.
358 bombardeos aéreos.
138 demoliciones.
383 personas asesinadas y 980 heridas. Cuarenta y tres detenciones. Cifras que describen un patrón sostenido, no incidentes aislados.

DESPOJO, DEMOLICIÓN Y MEMORIA DE 1948

En los testimonios se repite una palabra. Nakba.
La catástrofe. La expulsión. La fractura originaria del pueblo palestino en 1948. Lo que ocurre ahora muchos lo nombran sin rodeos: una segunda Nakba, no por metáfora sino por experiencia vivida.

Samar al-Haj, vecina de Jabalia, cruza el límite cada semana para recuperar lo poco que el ejército no haya hecho desaparecer. Ve cambios cada vez. Casas que estaban en pie tras el alto el fuego y que ahora son cicatrices en la tierra. No dejan de demoler, explica. A veces escucha las explosiones desde lejos. Sabe que son hogares cayendo. Sabe que uno puede ser el suyo en la siguiente visita.

El mensaje de las y los desplazados es claro. Si Israel impone esta nueva geografía, el mundo será cómplice. Quienes negociaron el alto el fuego, quienes lo avalaron, quienes firmaron que la población retornaría a sus viviendas, serán parte de esta reconfiguración forzosa del mapa.

“¿Cómo vamos a criar a nuestras hijas e hijos en tiendas para siempre?”, pregunta Azmi Issa. La pregunta no es retórica. En la franja no queda espacio para más tiendas. Ni para más desplazamientos. Ni para más promesas huecas de una comunidad internacional que observa cómo Israel dinamita la base del derecho internacional frente a las cámaras.

En Gaza todo el mundo entiende la gravedad histórica de este movimiento. Cambiar una frontera unilateralmente. Destruir barrios enteros después del alto el fuego. Impedir el retorno. Consolidar zonas vaciadas de población palestina. Es un intento de reingeniería demográfica, denunciado así por las autoridades civiles de Gaza. Un rediseño del territorio a punta de fusil que contradice no solo el derecho internacional, sino cualquier noción mínima de justicia o seguridad colectiva.

Zamir lo llama “línea defensiva para las comunidades israelíes”. La población palestina lo llama de otra manera. Despojo.
Colonialismo.
Expulsión.
Una línea amarilla que pretende dejarlo todo en blanco.

Y un pueblo que sigue diciendo: no podrán borrar a quienes siempre regresan.