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En la demanda se aborda un pago de 65 millones de euros (76 millones de dólares) que el emérito hizo presuntamente a Corinna, además del acoso, seguimiento y difamación a la ex amiga del Juan Carlos I.
Da la impresión de que Juan Carlos I sería juzgado de manera contínua, convirtiéndose en un «sospechoso habitual» más, si no fuese por su condición de rey emérito y la inmunidad que esto conlleva. El exmonarca quiere evitar ahora un nuevo juicio en Londres, ya que Corinna zu Sayn-Wittgenstein se personó este lunes en la sala 13 del Royal Courts of Justice donde se dirimía por primera vez en los tribunales su enfrentamiento judicial con Juan Carlos I.
Se trata de una demanda civil presentada por ella contra el padre de Felipe VI, al que acusa de acoso, seguimiento ilegal y difamación. Además, en la demanda se aborda un pago de 65 millones de euros (76 millones de dólares) que el emérito hizo presuntamente a Corinna, parte supuestamente de un dinero que el difunto rey de Arabia Saudí había enviado a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con una fundación con ventajas fiscales con sede en Panamá, y cuyo beneficiario era Juan Carlos I.
En este primer capítulo del caso, lo que se aborda es si Juan Carlos I goza de inmunidad soberana y si los tribunales ingleses tienen jurisdicción sobre la demanda. El magistrado Matthew Nicklin está a cargo de las dos audiencias judiciales programadas en la corte inglesa y determinará si la demanda podrá o no ser examinada por la Justicia inglesa.
Las dudas son más que evidentes. Se trata de un rey rodeado de delitos que abdicó, pero que continúa siendo «parte fundamental del tejido constitucional» español y parte del núcleo familiar de Felipe VI, actual Rey, aunque vive en los Emiratos Árabes desde agosto de 2020 y no cumple funciones públicas de representación de la Corona.
James Lewis, uno de los abogados de Corinna, rechazó de plano que Juan Carlos I siga teniendo inmunidad. «Cuando se deja de ser jefe de Estado se acabó, se acaba la inmunidad», declaró. «Decir que por ser soberano eso es diferente, no tiene sentido», añadió y señaló también que «maltratar o acosar en una relación íntima es un acto privado, no público, y no tiene sentido que el Estado español pueda amparar algo así».
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