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Dinero público, licencias caducadas y explotación normalizada mientras las instituciones miran hacia otro lado.
Una instalación pública sin licencia de actividad en vigor desde 2017, denunciada por maltrato y explotación animal, investigada por el Seprona, señalada por la oposición y por entidades animalistas, y aun así premiada con más dinero público. Ese es el retrato del hipódromo de Son Pardo, en Mallorca, bajo los gobiernos de PP y Vox en las principales instituciones insulares. Un caso que no habla solo de caballos, sino de cómo el poder protege negocios opacos cuando encajan en su idea de tradición y beneficio.
No se trata de un error administrativo menor. La documentación municipal e insular confirma que el recinto no ha logrado regularizar su licencia de actividades, pese a intentarlo formalmente desde 2017. Aun así, las carreras continúan con normalidad. Si fuera un bar, un colegio o un centro social, estaría cerrado desde hace años.
UNA ACTIVIDAD SIN LICENCIA QUE SIGUE OPERANDO
El Instituto del Deporte Hípico de Mallorca solicitó en 2017 una licencia de obras-actividad que implicaba reformas estructurales. El permiso llegó en 2020 y las obras comenzaron el 5 de noviembre de ese año. Tres años después, el 26 de septiembre de 2023, la entidad pidió una prórroga. El 15 de abril de 2024, el concejal de Urbanismo del PP, Óscar Fidalgo, concedió 13 meses adicionales, con fecha límite el 5 de diciembre de 2024, y con condiciones claras.
Según la documentación del Consell de Mallorca, esas condiciones no se han cumplido. Las fases II y III siguen sin completarse. La normativa balear (Ley 7/2013) es explícita: no se puede separar la licencia de obras de la de actividad cuando se trata de instalaciones destinadas a usos concretos como competiciones deportivas. Sin licencia vigente, la actividad debería detenerse.
Nada de eso ha ocurrido.
“El hipódromo funciona sin licencia. Es una situación de extrema gravedad”, ha denunciado el conseller del PSIB-PSOE, Andreu Serra. Desde Progreso en Verde, su presidente, Guillermo Amengual, lo resume con una comparación imposible de ignorar: “Es como un restaurante al que le suspenden la licencia y sigue abierto. La multa sería tremenda y probablemente lo cerrarían”.
Ni el Ajuntament de Palma ni el Consell de Mallorca han respondido a las preguntas de elDiario.es. El silencio institucional también es una forma de decisión política.
MÁS DINERO PÚBLICO PARA LA EXPLOTACIÓN ANIMAL
Lejos de actuar con cautela, el Consell gobernado por PP y Vox ha optado por reforzar económicamente el modelo. El departamento de Deportes, encabezado por Pedro Bestard, incrementó en casi un 19 % el presupuesto destinado al mundo del trote en 2025. El Instituto del Deporte Hípico de Mallorca alcanzó los 4,8 millones de euros, mientras la Federación Balear de Trote subió hasta 1,25 millones, 100.000 euros más que el año anterior.
El objetivo declarado es aumentar el número de carreras, pasando de 238 en 2024 a 266 en 2025. Más competiciones, más presión sobre los animales, más dinero público. Todo ello en un recinto cuya legalidad está en entredicho.
Desde Progreso en Verde y la asociación Satya Animal se denuncia algo más profundo que un expediente administrativo. “Es explotación y maltrato animal”, afirma Amengual. Caballos dopados, lesiones crónicas, cuadras en mal estado, material ilegal, y un patrón conocido: cuando dejan de ser rentables, se reutilizan en calesas o se descartan.
Las denuncias no son nuevas. Tras inspecciones veterinarias impulsadas por estas organizaciones, la Fiscalía confirmó que todos los caballos examinados presentaban lesiones antiguas en las patas. También se han documentado casos de dopaje reiterados. “Si se hicieran controles antidopaje en cada carrera, no habría carreras”, sostiene Amengual.
La asociación Satya Animal apunta a la raíz cultural del problema. “Se sigue justificando la crueldad en nombre de la tradición”, explica su portavoz, Kike Gimeno. Una tradición que se sostiene con subvenciones y silencio administrativo. Los caballos, seres sensibles e inteligentes, tratados como objetos desechables.
Mientras en Mallorca se avanza hacia la eliminación de las calesas con animales y se sustituyen por alternativas eléctricas, el hipódromo sigue operando sin licencia y con más dinero público que nunca. No es una contradicción accidental. Es una elección política clara: proteger la explotación cuando genera negocio y votos, aunque viole la ley y el mínimo ético exigible.
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