Opinión | Organización criminal en Madrid 

El caso que sienta en el banquillo al novio de Ayuso expone la cloaca donde se confunden negocios, política y saqueo.

La palabra tiene un peso específico que va más allá de lo judicial. Organización criminal no es un adjetivo grueso de un editorial enfadado. Es un término tipificado en el Código Penal español. La jueza Carmen Rodríguez Medel lo utiliza, con todas sus letras, para describir la trama de facturas falsas con la que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, habría defraudado más de 350.000 euros a Hacienda. No hablamos de un malentendido contable, ni de un error en la liquidación de un impuesto. Hablamos de un entramado delictivo con testaferros, facturadores falsos y una estructura que, según la magistrada, reúne los requisitos para ser considerada una asociación criminal.

El salto no es solo jurídico, es político. La presidenta de la Comunidad de Madrid convive con alguien que será juzgado por fraude fiscal, falsedad contable y pertenencia a organización criminal. Y no, no basta con alegar la vida privada. La vida privada de un líder político es privada hasta que se convierte en pública a través de sus consecuencias. Y esas consecuencias son graves: contratos públicos, adjudicaciones millonarias y vínculos directos con el gigante sanitario Quirón, principal beneficiario de la privatización de la sanidad madrileña.

EL ENREDO DE FACTURAS Y LOS SOCIOS FANTASMA

El auto de apertura de juicio oral es explícito. Más de dos personas se concertaron para defraudar a Hacienda fabricando facturas falsas. Entre ellas figuran Maximiliano Niederer, supuesto testaferro mexicano, y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo, facturadores profesionales del engaño. Un reparto de papeles que recuerda a las viejas redes clientelares del ladrillo, pero actualizado al modelo de la externalización sanitaria.

Las cifras no son anecdóticas. Son 350.000 euros defraudados en dos años, entre 2020 y 2021, y un delito continuado de falsedad contable. A eso se añade un delito de corrupción en los negocios, aún pendiente de juzgarse, por la compra inflada de Masterman SL a la esposa del presidente de Quirón Prevención. Medio millón de euros por una empresa sin valor, que los investigadores interpretan como el pago encubierto de una comisión a cambio de contratos. Una maniobra que conecta de forma directa el negocio privado del novio de Ayuso con la mayor multinacional sanitaria que opera en Madrid.

No se trata de una operación aislada, sino de un ecosistema. El mismo en el que la sanidad pública se desangra mientras se multiplican los beneficios privados de Quirón, Ribera Salud o HM Hospitales. Un ecosistema donde la corrupción no es un accidente, sino el lubricante de la maquinaria.

EL SIGNIFICADO POLÍTICO DEL DELITO

El concepto de “organización criminal” golpea la línea de flotación del relato político del Partido Popular madrileño. Durante años, Ayuso ha construido su imagen sobre la idea de la libertad, la modernidad y la eficacia. Sin embargo, la realidad judicial expone la otra cara de esa libertad: la de defraudar impuestos, la de falsear facturas, la de convertir los hospitales públicos en cajeros automáticos de las empresas amigas.

El auto de Medel no afecta únicamente a González Amador. Afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque desvela las conexiones entre su círculo íntimo y los intereses privados que condicionan su gestión. El vínculo con Quirón, principal adjudicatario de la sanidad madrileña, es un síntoma de la captura del poder político por los oligopolios sanitarios. Una captura que explica por qué las listas de espera baten récords, por qué las y los profesionales sanitarios trabajan en condiciones precarias y por qué la ciudadanía madrileña paga impuestos para sostener un negocio privado.

La defensa de Ayuso se basará en la estrategia del victimismo. Dirá que es un ataque personal, que buscan derribarla a través de su pareja. Pero la clave no es sentimental, es estructural. Que la pareja de la presidenta esté imputada por organizar un fraude fiscal y posibles sobornos sanitarios no es un detalle privado, sino un espejo que refleja el modelo político del PP madrileño.

La justicia puede tardar años en dictar sentencia, pero la verdad social ya está escrita: la corrupción no es una mancha aislada, es el ADN de un proyecto político que se sostiene sobre el saqueo de lo común.

La pregunta no es si González Amador acabará en prisión. La pregunta es cuántos madrileños y madrileñas más seguirán pagando con su salud, con su salario y con sus impuestos los beneficios de esa organización criminal que no solo se sienta en el banquillo, sino que gobierna desde la Puerta del Sol.