El chat del Consell PP estrecha el cerco sobre Mazón y sus consellers por la dana 

La jueza estudia citar a más miembros del Gobierno valenciano tras conocerse los mensajes del “Consell PP” del día en que murieron 230 personas.

EL WHATSAPP QUE ROMPE EL RELATO OFICIAL

La instrucción judicial sobre la dana acaba de abrir una grieta mucho más seria de lo que el Gobierno valenciano querría admitir. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, jueza de la causa, estudia si debe ampliar el foco y citar como testigos a más consellers del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón después de que la vicepresidenta Susana Camarero entregara los mensajes del grupo de WhatsApp llamado “Consell PP”. No hablamos de una anécdota digital. Hablamos del chat político de un Gobierno durante la jornada del 29 de octubre de 2024, el día de la dana que dejó 230 fallecidos.

La providencia dictada el 16 de junio no es un gesto menor. La jueza ofrece a Camarero la posibilidad de aportar voluntariamente los documentos en PDF que el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, compartió aquel día sobre el estado de las carreteras. Es el paso previo para decidir si se le cita como testigo, como reclama la acusación popular ejercida por el PSPV-PSOE. Dicho de forma clara: el chat ha dejado de ser una conversación incómoda para convertirse en una pieza que puede mover la causa.

Hasta ahora, la magistrada había rechazado citar como testigos a José Antonio Rovira, entonces conseller de Educación, y a Miguel Barrachina, responsable de Agricultura, como pedía Compromís. El argumento fue el carácter secreto de las deliberaciones del Pleno del Consell. Pero el fiscal sostuvo otra cosa muy distinta: que la respuesta a la emergencia no formaba parte de los puntos tratados en aquella reunión y que esas declaraciones serían “útiles y pertinentes”. La decisión está pendiente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

El problema para el mazónismo es que el chat lo cambia todo. Según la prueba documental incorporada al procedimiento, Mazón dio instrucciones antes del Pleno del Consell de aquella mañana con alerta roja. Las dio a varios de sus consellers, entre ellos Rovira, Barrachina y el titular de Sanidad, Marciano Gómez. No eran comentarios de pasillo. Eran indicaciones sobre la gestión de una emergencia que ya estaba desbordando la vida de miles de personas.

Y aquí aparece la obscenidad política del caso. Mientras la tragedia avanzaba, Mazón pidió a sus consellers “inundar de datos a los medios” porque eso, según escribió, “desprende sensación de estar alerta que te cagas”. No es solo lenguaje indecoroso. Es la radiografía de una forma de gobernar: primero el relato, luego la realidad. Primero la apariencia de control, después las víctimas. 230 muertos y un presidente preocupado por transmitir sensación de alerta. La palabra “sensación” pesa como una losa.

Después, Mazón desapareció del chat durante prácticamente toda la jornada. Según la información conocida, se marchó a una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro. Mientras tanto, la emergencia seguía su curso. Las familias buscaban respuestas, las carreteras se convertían en trampas, los servicios públicos funcionaban entre el caos, y el president no volvió a intervenir en el grupo. Ese silencio también habla. A veces habla más que cualquier declaración institucional.

METROVALENCIA, CARRETERAS Y UN GOBIERNO MIRANDO AL RELATO

El nuevo frente judicial gira ahora en torno a Vicente Martínez Mus, hoy vicepresidente tercero del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca. La acusación popular quiere que explique qué sabía exactamente sobre el “colapso progresivo” de la red de Metrovalencia en las zonas afectadas por la dana y cuándo se comunicó esa información a Emergencias. No es una pregunta técnica. Es una pregunta política y humana. Cuándo se supo. Quién lo supo. Qué se hizo. Qué no se hizo.

Martínez Mus alertó en el grupo de WhatsApp sobre “situaciones críticas” en infraestructuras autonómicas próximas al barranco del Poyo, incluido el Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Así lo señaló el escrito presentado el 12 de junio por la abogada Nuria de Antonio. Y por eso la jueza quiere tener todos los elementos encima de la mesa antes de decidir si lo cita.

Los archivos adjuntos pedidos a Camarero incluyen los PDF sobre carreteras aportados por Martínez Mus, las actualizaciones de Emergencias remitidas por Salomé Pradas, y un vídeo de las inundaciones compartido por la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino. Los informes de carreteras y Emergencias ya constan en el sumario, pero la jueza quiere la secuencia completa del intercambio. Quiere ver el hilo. La cadena. La conversación del poder mientras el agua arrasaba pueblos enteros.

Ruth Merino, por cierto, está citada como testigo el 22 de julio. Su declaración puede ser otra pieza relevante para reconstruir qué sabía el Consell, cómo se comunicó y por qué el Gobierno valenciano actuó como actuó. Porque aquí no se está investigando una mala tarde de gestión. Se está analizando una catástrofe institucional con 230 víctimas mortales y con indicios de que el Ejecutivo estaba más pendiente de controlar el ruido mediático que de asumir el mando político de la emergencia.

El chat también retrata las prioridades de algunos dirigentes. En plena tragedia, José Antonio Rovira hablaba de que “la izquierda ha empezado su campañita” a propósito de una publicación en X de una cuenta paródica. El país real se estaba inundando. La política pequeña, miserable, de trinchera, seguía midiendo el desastre en términos de propaganda. Esa frase no mata a nadie, claro. Pero muestra una cabeza. Muestra una cultura de poder.

Si finalmente se cita a Martínez Mus, la puerta puede abrirse a otros consellers: Rovira, Barrachina, Marciano Gómez o quienes participaron en aquella jornada desde posiciones de responsabilidad. Y ahí aparece otro elemento delicado: cada testigo podría aportar voluntariamente sus propios mensajes de WhatsApp del día de la catástrofe, siempre que no hayan sido borrados de sus teléfonos. Esa posibilidad inquieta al actual Gobierno valenciano porque rompe el refugio habitual de la derecha cuando gobierna mal: mucho atril, mucha bandera, mucha acusación a la oposición, y poca transparencia cuando la justicia pide papeles.

La causa deja ya una imagen difícil de borrar. Un president dando órdenes de comunicación antes de una emergencia mortal, un chat interno que contradice el relato de distancia institucional, consellers que podrían acabar declarando, documentos adjuntos reclamados por la jueza, una portavoz citada para el 22 de julio, una Audiencia Provincial pendiente de decidir sobre más testificales, y 230 familias que no necesitan sensaciones de alerta, sino verdad.

Lo que se inundó aquel 29 de octubre de 2024 no fue solo València: también se hundió la coartada política de quienes confundieron gobernar con salvarse el pellejo.