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Del púlpito al parlamento: la vieja autoridad busca seguir dictando cómo debemos vivir
EL NACIONALCATOLICISMO NO MURIÓ EN 1975
España lleva cinco décadas diciendo que dejó atrás la alianza tóxica entre dictadura y altar. Pero basta mirar a nuestro alrededor para comprobar que el nacionalcatolicismo no desapareció, solo cambió de traje. Los mismos dogmas que legitimaron al régimen siguen hoy operando en forma de lobby cultural, moral y político. Una estructura que aprendió a moverse en democracia sin renunciar a sus privilegios económicos ni a su ambición de ordenarlo todo: la educación, la sexualidad, la familia, los cuerpos.
La Iglesia católica, que durante cuarenta años fue columna vertebral del franquismo, ha transitado a una posición nueva que no es retirada ni penitencia, sino reorganización estratégica. El crucifijo ya no cuelga sobre los tribunales y las y los policías ya no juramentan “por Dios y por España”, pero la jerarquía eclesiástica mantiene una capacidad de presión política que cualquier multinacional envidiaría. Y lo hace desde una doble plataforma: sus redes internas de influencia y un Estado que continúa financiándola con dinero público sin exigirle rendición de cuentas real.
Mientras tanto, los discursos de odio —envueltos en incienso, sotana y retórica moralizante— siguen operando como herramientas de disciplinamiento social. No es casual que figuras como el obispo José Ignacio Munilla hayan dado un salto mediático y político desde 2020. El mismo prelado que hoy está bajo investigación de la Fiscalía por incitar a la discriminación del colectivo LGTBIQ+ es uno de los rostros más visibles de esta nueva ofensiva cultural. Un ejemplo perfecto de cómo el pasado se reescribe para seguir imponiendo obediencia: la culpa vuelve. El pecado vuelve. La cruz vuelve como excusa para intervenir en la vida de millones.
La Iglesia sabe que ha perdido fieles, pero eso no significa que haya perdido poder. Ha cambiado el rezo por el lobby, la misa por el plató de televisión, la homilía por el trending topic. Lo espiritual es ahora un vehículo para lo ideológico. Y lo ideológico es, de nuevo, un arma política.
El nacionalcatolicismo no murió: se adaptó al mercado.
LA FINANCIACIÓN PÚBLICA Y LA BATALLA POR LOS CUERPOS
El poder no sobrevive solo con mitología, también con dinero. En 2025, la Iglesia continúa recibiendo más de 11.000 millones de euros anuales entre financiación directa, exenciones fiscales, conciertos educativos y subvenciones varias. Un modelo de privilegio heredado del franquismo que ningún gobierno se ha atrevido a desmontar. Ni uno. Ni siquiera aquellos que presumen de laicidad en campaña y se arrepienten al llegar al BOE.
Ese dinero sostiene escuelas donde se segregan a niñas y niños, profesorados escogidos por criterios doctrinales, currículos donde la moral sexual de 1950 sigue disfrazada de valores cristianos. Y, mientras tanto, las y los jueces continúan dándose de bruces con casos de objeción de conciencia organizada contra la educación sexual, la igualdad de género o los derechos de las personas trans. La jerarquía católica no renunció a la censura; la tercerizó.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, la Iglesia mantiene la misma obsesión controladora que durante el franquismo. Cambian las palabras, no la finalidad: impedir que las mujeres, las personas LGTBIQ+ y las familias no normativas tomen decisiones libres sobre sus cuerpos y su vida. No hay novedad doctrinal. Hay nostalgia de poder.
La ofensiva contra la llamada “ideología de género” —ese Frankenstein conceptual que sirve para combatir feminismo, diversidad y autonomía corporal— es la prueba más evidente. Desde púlpitos, radios y fundaciones vinculadas a la Conferencia Episcopal, se construye un clima moralizante que pretende convertir derechos civiles en amenazas. Y, en paralelo, se alimenta la idea de que la Iglesia es víctima de una persecución cultural, cuando lo cierto es que sigue parasitando recursos públicos mientras predica austeridad para las clases populares.
A lo que llaman tradición es en realidad violencia ritualizada para controlar el deseo y blindar estructuras de poder. En eso consiste la cruzada contemporánea: en recuperar, a través de las batallas culturales, la autoridad que perdieron en las urnas.
No buscan libertad religiosa. Buscan autoridad moral sobre nuestras vidas.
Cincuenta años después, la Iglesia sigue pretendiendo que puede decidir por quiénes amamos, cómo educamos, qué familias formamos y qué cuerpos son dignos. Ese es el legado que nunca depuró: la tentación permanente de gobernar sin haber sido elegida.
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