Cuando el mundo pide decrecimiento, España pone 719 millones para una gigafactoría de IA 

La soberanía tecnológica no puede convertirse en la nueva coartada verde para levantar infraestructuras gigantescas, devoradoras de energía, agua y territorio.

LA IA TAMBIÉN CONTAMINA, AUNQUE LA LLAMEN “SOSTENIBLE”

El Consejo de Ministros aprobó el 16 de junio una inversión de 719 millones de euros para impulsar una gigafactoría avanzada de inteligencia artificial en España. La operación se canalizará desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, la SETT, que podrá entrar en el accionariado del consorcio público-privado encargado de presentar la candidatura española a una convocatoria europea.

El relato oficial ya está escrito. Soberanía tecnológica. Reindustrialización. Liderazgo europeo. Inteligencia artificial fiable y sostenible. Todo muy limpio, muy moderno, muy Bruselas. Pero hay una palabra que aparece demasiado tarde, demasiado poco y demasiado domesticada: clima.

Porque una gigafactoría de IA no es una biblioteca pública con enchufes. Es una infraestructura industrial diseñada para entrenar y operar los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Eso significa una enorme capacidad de cálculo. Y una enorme capacidad de cálculo significa consumo eléctrico masivo, refrigeración, servidores, chips, suelo, agua, materiales críticos y una cadena global de extracción que rara vez aparece en las notas de prensa. La nube no flota sobre nuestras cabezas. La nube se construye sobre territorios concretos, con energía concreta y con impactos concretos.

La candidatura española será multisede e incluye Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid. Dos ubicaciones para una misma ambición: alojar una infraestructura estratégica de IA dentro de la iniciativa europea InvestAI, que la Comisión Europea ha presentado como parte de su apuesta por financiar gigafactorías. Dicho de otro modo: Europa quiere competir en la carrera global de la inteligencia artificial. España levanta la mano. Y el dinero público vuelve a ponerse al servicio de una promesa industrial que suena emancipadora hasta que alguien pregunta por la factura ecológica.

El Gobierno sostiene que el objetivo es dotar a España y a Europa de capacidad propia de cómputo avanzado, reducir dependencias tecnológicas y garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial se haga bajo reglas europeas. La pregunta incómoda es otra. ¿Puede llamarse soberanía a depender de más extracción, más energía, más infraestructura y más crecimiento en plena emergencia climática?

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, defendió la inversión como una apuesta por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en inteligencia artificial fiable y sostenible. Bien. Palabras bonitas. Pero no basta con añadir “sostenible” al final de una frase para que una megainfraestructura deje de tener impacto. No basta con pintar de verde un centro de cómputo para convertirlo en transición ecológica. Y no basta con decir que Europa necesita competir si esa competición reproduce el mismo modelo que nos ha traído hasta aquí: más producción, más velocidad, más dependencia energética, más consumo y más promesas de eficiencia que acaban devoradas por la propia expansión del sistema.

EL CAPITALISMO DIGITAL TAMBIÉN QUIERE SU PLANETA

La gigafactoría se presenta como una oportunidad para startups, pymes, grandes empresas, universidades, centros de investigación y administraciones públicas. También para desarrollar servicios públicos más avanzados y seguros. Sobre el papel, suena razonable. Nadie discute que la ciencia necesita infraestructura, que las administraciones no deberían depender de monopolios extranjeros, ni que Europa tiene un problema serio de subordinación tecnológica frente a Estados Unidos y China. El problema es la trampa de siempre: convertir una necesidad real en una huida hacia delante.

España ya cuenta con dos AI Factories vinculadas a EuroHPC: el Barcelona Supercomputing Center y el Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA, ambos con financiación del Gobierno de España. Ahora se quiere dar otro salto. Más grande. Más caro. Más industrial. Más competitivo. Y ahí empieza el ruido.

Porque el mundo no necesita solo inteligencia artificial. Necesita límites. Necesita menos consumo energético. Necesita menos dependencia de infraestructuras mastodónticas. Necesita menos fe en que cada problema creado por el crecimiento se arreglará con otra tecnología que exige todavía más crecimiento. Cuando el planeta pide decrecimiento, las élites responden con gigafactorías. Cuando la ciencia climática advierte de límites físicos, los gobiernos hablan de liderazgo. Cuando las comunidades empiezan a notar sequías, calor extremo y presión sobre recursos, la política institucional celebra nuevas carreras industriales como si la atmósfera fuese una variable secundaria.

El argumento de la soberanía tecnológica tiene fuerza. Claro que la tiene. No es lo mismo depender de OpenAI, Google, Amazon, Microsoft o Nvidia que disponer de capacidad europea propia. Pero una izquierda climáticamente seria no puede tragarse entero el marco de la competitividad. No puede aplaudir cualquier megaproyecto solo porque venga envuelto en bandera europea y dinero público. La soberanía no puede ser una palabra mágica para suspender el debate democrático sobre energía, agua, territorio y prioridades sociales.

Hay otra cuestión, menos cómoda todavía. ¿Para qué inteligencia artificial? ¿Para quién? ¿Al servicio de qué modelo económico? Si la respuesta es acelerar beneficios empresariales, automatizar empleo, optimizar publicidad, multiplicar vigilancia, alimentar la especulación tecnológica y vender modernidad a golpe de subvención pública, entonces no estamos ante una transición justa. Estamos ante otra ronda de capitalismo digital financiado por todas y todos. Con dinero común. Con riesgos comunes. Con beneficios que, demasiadas veces, acaban privatizados.

Los 719 millones de euros no son una cifra menor. Son una decisión política. Con esa cantidad se podría reforzar ciencia pública, rehabilitación energética de viviendas, transporte colectivo, adaptación climática, salud pública, investigación útil para el bien común, redes eléctricas democráticas, comunidades energéticas, protección frente a olas de calor y políticas reales de reducción del consumo. Pero el brillo de la IA pesa más en los despachos. Vende más. Da titulares. Permite pronunciar “vanguardia” sin hablar de barrios pobres pasando calor.

No se trata de rechazar toda tecnología. Ese es el muñeco de paja habitual. Se trata de decir algo bastante más serio: no hay inteligencia artificial justa dentro de un modelo energético injusto, ni hay innovación climática si cada avance exige más extracción, más consumo y más infraestructura opaca. Las trabajadoras y trabajadores, las investigadoras e investigadores, las vecinas y vecinos de los territorios afectados tienen derecho a saber qué se va a construir, con qué energía, con qué agua, bajo qué controles, con qué retorno público y con qué límites.

Lo demás es propaganda industrial con vocabulario verde. Una vieja historia. Antes se llamaba progreso. Luego modernización. Ahora se llama soberanía tecnológica. Pero si el resultado es seguir alimentando una economía que no sabe frenar, el nombre da igual.

No será el planeta quien falle a la inteligencia artificial: será la inteligencia artificial, si sigue al servicio del crecimiento, la que volverá a fallarle al planeta.