Las supervivientes de Epstein vuelven a pagar el precio de una impunidad obscena 

El Estado prometió verdad y entregó nombres, direcciones, teléfonos, miedo y una nueva cacería contra mujeres que ya habían sobrevivido a una red de explotación sexual.

CUANDO LA TRANSPARENCIA SE CONVIERTE EN UNA LISTA DE OBJETIVOS

Durante décadas, la red de Jeffrey Epstein funcionó como suelen funcionar las cloacas del poder: con dinero, contactos, silencio y una arquitectura social diseñada para que las víctimas sean siempre sospechosas y los poderosos, apenas nombres incómodos en un expediente. Mujeres y niñas fueron captadas, explotadas y violadas mientras demasiadas instituciones miraban hacia otro lado. Ahora, cuando la desclasificación de los Archivos Epstein debía servir para empujar verdad, justicia y reparación, muchas supervivientes han recibido otro castigo. Otro más. La maquinaria que no las protegió entonces tampoco las protege ahora.

Decenas de mujeres que denunciaron a Epstein han pasado de sobrevivir a los abusos del financiero a convertirse en objetivo de trols, conspiranoicos, extremistas y acosadores digitales. El detonante fue la publicación defectuosa de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que expuso identidades reales, teléfonos y direcciones. Un panel de expertos independientes de la ONU, desde Ginebra, ha acusado a la Administración estadounidense de someter a las denunciantes a una nueva revictimización y a un “gaslighting institucional”. La expresión suena técnica. El resultado no lo es: miedo, aislamiento, amenazas y vidas rotas otra vez.

Para ellas, el infierno no terminó con la muerte de Epstein en prisión en 2019, ni con la condena de Ghislaine Maxwell a 20 años de cárcel en 2021. Solo cambió de uniforme. Ahora no siempre lleva traje caro. A veces lleva avatar anónimo.

Marina Lacerda contó que Epstein abusó sexualmente de ella cuando tenía 14 años. Tras aparecer en una rueda de prensa junto a otras víctimas para exigir transparencia, recibió amenazas de muerte. Luego llegó el golpe institucional: su nombre apareció al menos 46 veces sin censura en los documentos publicados por el Departamento de Justicia. La llamaron mentirosa, oportunista y puta. Su hija, de 12 años, empezó a sufrir bullying en el colegio. Hoy Lacerda vive en una urbanización con seguridad privada y duerme con una pistola cargada en la mesita de noche. Eso no es justicia. Es abandono con membrete oficial.

Su caso no es aislado. Reuters identificó y entrevistó a 22 mujeres sometidas a miedo e hipervigilancia. Coches desconocidos aparcados frente a sus casas. Personas fotografiando viviendas. Llamadas desde números ocultos. Mensajes que aluden a violencia física. Al menos 10 de ellas compraron armas de fuego, pistolas táser, navajas o sprays pimienta. Cuatro denunciaron las amenazas ante la policía. Las investigaciones acabaron archivadas por no identificar a los sospechosos o porque, según los agentes, no se había cometido todavía un delito formal. Es decir: espere usted a que el terror se materialice. Luego ya veremos.

LA CULPA SOBRE LAS VÍCTIMAS, LA IMPUNIDAD SOBRE LOS RICOS

El acoso contra las supervivientes sigue el manual más viejo de la violencia machista: destruir la credibilidad de quien denuncia, convertir su vida en un interrogatorio y desplazar el foco del agresor hacia la víctima. Las acusan de estafadoras, cazafortunas o espías. A las mujeres procedentes de Rusia o Europa del Este las presentan como agentes extranjeras en una supuesta conspiración para desestabilizar la política estadounidense, porque el caso Epstein salpica históricamente a figuras de distinto signo, incluidos Donald Trump y Bill Clinton. El poder siempre encuentra voluntarios para defenderlo gratis.

Los acosadores preguntan por qué algunas volvieron a ver a Epstein tras los primeros encuentros. Como si la explotación sexual funcionara como una conversación entre iguales. Como si no existieran amenazas, manipulación, dependencia económica, terror familiar y una diferencia de poder brutal. Danielle Bensky contó que Epstein llegó a amenazarla con usar sus contactos en hospitales de Nueva York para entorpecer el tratamiento contra el cáncer de su madre si no cedía a sus demandas sexuales. Capitalismo en estado puro: hasta la enfermedad de una madre convertida en arma de coerción.

La desclasificación se amparó en la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, firmada en noviembre de 2025. A finales de enero, el Departamento de Justicia volcó en su web más de 3 millones de páginas de informes del FBI, unos 2.000 vídeos y cerca de 180.000 fotografías. El problema fue la chapuza. Según la abogada Brittany Henderson, que representa a más de 250 víctimas, se publicaron nombres, apellidos, direcciones, teléfonos, fechas de nacimiento y rostros de al menos 177 mujeres sin tachar ni pixelar. Retiraron material después. Tarde. En internet, lo que se filtra ya no vuelve entero a casa.

El fiscal general Todd Blanche admitió ante el Congreso que habían cometido errores. En marzo, una afectada presentó una demanda colectiva contra el Departamento de Justicia y contra Google por la difusión, publicación e indexación errónea de datos protegidos por la Ley de Privacidad de 1974. La demanda sostiene que el Gobierno sacó del anonimato a cerca de 100 supervivientes y reclama la retirada permanente de los datos, además de daños y perjuicios de al menos 1.000 dólares por víctima. Una cifra casi insultante frente a lo que significa convertir a una mujer superviviente en una dirección localizable.

El caso de Danielle Bensky, coreógrafa de 39 años, resume la obscenidad. Había roto su anonimato por voluntad propia en 2021, pero entre diciembre y enero aparecieron sin tachar su nombre completo, teléfono, fecha de nacimiento y direcciones de casa y trabajo durante al menos 3 días en carpetas públicas del Departamento de Justicia. En febrero, mientras esperaba a su hijo en el coche, recibió un mensaje de un hombre de Nuevo México amenazándola con violencia sexual y muerte. El perfil mostraba al agresor posando con un fusil de asalto. En abril, Reuters comprobó que su apellido seguía visible en vistas previas de búsqueda de la web gubernamental. Ni siquiera después del escándalo fueron capaces de cerrar bien la herida.

Audra Lynn Fasano, exmodelo de Playboy, denunció una violación por parte de Epstein en 2004. Tras la publicación de los archivos, se difundieron datos de su pasado y su código postal. A los pocos días, coches empezaron a merodear frente a su casa. Maria Farmer fue más atrás. En el verano de 1996, con 26 años, denunció a Epstein y Maxwell ante el FBI y la policía de Nueva York. Advirtió que no era un caso aislado, sino un sistema organizado que atrapaba a menores. La respuesta fue colgarle el teléfono y archivar la queja. Luego vinieron amenazas, alias, huidas y dos décadas escondida. En 2019, inspirada por Virginia Giuffre, Farmer firmó una declaración jurada que ayudó a encarcelar a Maxwell. Hoy tiene 56 años, padece linfoma de Hodgkin, ha cambiado una docena de veces de teléfono y correo por hackeos y sufre insultos diarios.

La ONU ha señalado que los archivos apuntan a una “empresa criminal global” vinculada a esclavitud sexual, trata, violencia reproductiva e incluso feminicidio, prácticas que por su carácter sistemático y transnacional podrían constituir crímenes contra la humanidad. También ha exigido que nadie pueda pasar página por conveniencia política o mediática, y que se eliminen los plazos de prescripción para los delitos de la red Epstein. Tiene razón. Las dimisiones no sustituyen a los tribunales. La vergüenza pública no sustituye a la responsabilidad penal.

Las mujeres que rompieron el silencio contra una de las redes de explotación sexual más brutales de la historia reciente están pagando el precio que deberían pagar los hombres que la sostuvieron, la financiaron, la encubrieron o la dejaron operar. Y ahí está la gran podredumbre: cuando el Estado falla, la impunidad no desaparece, se reparte en forma de odio digital contra quienes tuvieron el valor de hablar.