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En 2003, España fue arrastrada a una guerra ilegal basada en mentiras pese al rechazo masivo de la ciudadanía. Dos décadas después, la memoria de aquel desastre debería servir para impedir que la historia vuelva a repetirse.
Durante los primeros días de marzo, mientras Estados Unidos e Israel iniciaban una nueva escalada militar contra Irán tras los bombardeos del 28 de febrero, en España volvió a resonar un recuerdo incómodo. No era solo una cuestión geopolítica. Era la memoria de un error histórico.
Hace más de 20 años, el Gobierno español decidió apoyar una guerra que la mayoría del país rechazaba. La invasión de Irak, iniciada el 20 de marzo de 2003, no solo fue una operación militar devastadora. Fue también un ejemplo de cómo el poder político puede ignorar el clamor social y arrastrar a toda una sociedad a un conflicto injustificado.
Aquel episodio dejó una huella profunda en la conciencia colectiva española.
No fue una simple decisión diplomática. Fue una ruptura entre la ciudadanía y quienes gobernaban en su nombre.
CUANDO UN GOBIERNO IGNORA A SU PROPIO PUEBLO
El 15 de febrero de 2003, millones de personas se manifestaron en ciudades de toda España contra la guerra de Irak. Aquella jornada fue una de las mayores movilizaciones pacifistas de la historia del país. Las estimaciones hablan de más de 10 millones de personas protestando contra la invasión.
Las encuestas de la época reflejaban el mismo rechazo. Alrededor del 90% de la población española se oponía a la guerra.
A pesar de ese rechazo masivo, el Gobierno de José María Aznar decidió alinearse con Estados Unidos y Reino Unido.
La imagen quedó fijada en la memoria colectiva: la Cumbre de las Azores del 16 de marzo de 2003, donde Aznar apareció junto a George W. Bush y Tony Blair para respaldar la invasión.
Apenas cuatro días después, el 20 de marzo de 2003, comenzaron los bombardeos sobre Irak.
España no participó en el ataque inicial, pero sí respaldó política y militarmente la intervención. Tropas españolas fueron desplegadas posteriormente dentro de la coalición liderada por Estados Unidos.
El problema no fue solo la guerra.
El problema fueron las mentiras que la hicieron posible.
LA GUERRA QUE SE CONSTRUYÓ SOBRE UNA MENTIRA
Durante meses, Washington y sus aliados repitieron un argumento que se convertiría en el eje de la justificación de la invasión: Irak poseía armas de destrucción masiva.
Ese supuesto arsenal nunca apareció.
A pesar de ello, distintos líderes políticos defendieron públicamente su existencia. Aznar llegó a afirmar en televisión: “El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva”.
La afirmación resultó ser falsa.
Tras la invasión, las tropas estadounidenses nunca encontraron ese armamento. Años después, la investigación británica dirigida por Sir John Chilcot, publicada en 2016, concluyó que la decisión de ir a la guerra se había tomado con información defectuosa y con evaluaciones que exageraban las amenazas.
El informe Chilcot fue demoledor. Según sus conclusiones, el Reino Unido había presentado como certezas datos que en realidad eran profundamente cuestionables.
Las consecuencias de aquella decisión fueron devastadoras.
El proyecto Iraq Body Count estima que desde 2003 murieron más de 200.000 civiles como consecuencia directa de la guerra y la violencia que siguió a la invasión.
Otros estudios ofrecieron cifras aún más alarmantes. Una investigación publicada en The Lancet en 2006 calculó que el conflicto podría haber provocado hasta 650.000 muertes adicionales vinculadas a la guerra y sus efectos indirectos.
El país quedó devastado.
La caída del régimen iraquí abrió un periodo de violencia sectaria, insurgencia armada y colapso institucional que desestabilizó toda la región durante años.
El vacío de poder permitió el surgimiento de organizaciones extremistas, entre ellas el grupo que acabaría convirtiéndose en Estado Islámico.
La guerra que prometía seguridad terminó generando una inestabilidad mucho mayor.
Más allá de Irak, aquella decisión también dejó una lección política incómoda.
Mostró hasta qué punto los gobiernos pueden ignorar a su propia ciudadanía cuando los intereses geopolíticos de las grandes potencias entran en juego.
Incluso en el Reino Unido surgieron críticas devastadoras. El asesor de Tony Blair, Alastair Campbell, relató en su libro The Blair Years cómo el apoyo popular a la guerra era extremadamente bajo.
En España, algunas encuestas de 2003 señalaban que apenas un 4% de la población respaldaba la invasión.
A pesar de ese rechazo abrumador, la decisión ya estaba tomada.
Hoy, más de dos décadas después, cada nueva guerra en Oriente Medio vuelve a recordar aquel episodio.
No como una página cerrada de la historia, sino como una advertencia.
Porque la historia demuestra que las guerras construidas sobre propaganda, miedo y mentiras siempre terminan pagando su precio en vidas humanas. Y ese precio siempre lo paga la gente común.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
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No es turismo. Es extracción.