Julián Casanova: “Falta educación y sobran mentiras; enseñar sobre las dictaduras es un deber” 

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza reflexiona sobre el auge de la ultraderecha y la fragilidad de las democracias en un contexto donde la memoria histórica está en disputa.

Julián Casanova, uno de los historiadores más destacados en el ámbito internacional, fue contundente en una reciente entrevista en La Rebotica de Radio Zaragoza: “Sabemos perfectamente, gracias a pruebas documentadas y contrastadas, que las dictaduras se sustentaron en un precio atroz de sufrimiento humano”. Este sufrimiento se tradujo en prisiones, torturas, ejecuciones, exilios y la destrucción de la cultura y la ciencia, puestas al servicio de intereses totalitarios.

La conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco ha coincidido con una ola reaccionaria que intenta reescribir la historia. Casanova advierte que las redes sociales se han convertido en un vehículo de desinformación y revisionismo histórico, donde se trivializa el autoritarismo y se presentan las dictaduras del siglo XX como “modernizadoras”. Este relato busca equiparar las democracias actuales con los regímenes autoritarios, un mensaje que ha calado peligrosamente en las nuevas generaciones, que ya no recuerdan el ideal europeo construido tras la Segunda Guerra Mundial.

El historiador destacó la necesidad de que el sistema educativo refuerce la enseñanza de los horrores de las dictaduras: “La ignorancia histórica deja un vacío que las mentiras llenan con facilidad”. Este llamado cobra relevancia en un contexto donde los discursos extremistas resurgen con fuerza.

LA BATALLA POLÍTICA EN TORNO A LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

Los actos organizados por el Gobierno central con motivo del aniversario de la muerte de Franco, bajo la coordinación de la historiadora Carmina Gustrán, tienen un triple propósito: reconocer el avance democrático y social, homenajear a quienes lucharon por la libertad y transmitir a la juventud el valor de los derechos adquiridos.

Sin embargo, en Aragón, esta lucha por la memoria ha desembocado en una confrontación política. En febrero de 2024, el Gobierno de PP y Vox derogó la ley autonómica de memoria democrática. Este movimiento fue impulsado el 20 de noviembre, fecha simbólica de la muerte de Franco, y ha generado fuertes reacciones tanto dentro como fuera de España. Incluso los relatores de la ONU emitieron un informe crítico tras la supresión del censo de memoria y la eliminación de las rutas conmemorativas y contenidos educativos sobre la represión franquista.

Para las asociaciones memorialistas, como la Plataforma por la Memoria de Aragón (PAMA), esta derogación busca “borrar la memoria colectiva y silenciar a las víctimas”. Su portavoz, Adolfo Barrena, denunció: “Se intenta pasar página sin justicia ni reparación, mientras la ultraderecha revive el discurso franquista bajo nuevos ropajes”.

En junio, el Gobierno de Aragón aprobó el llamado Plan de Concordia, que evita cualquier mención al franquismo o la Guerra Civil pero introduce de manera reiterada el término terrorismo, equiparando las luchas democráticas con acciones violentas. Para las asociaciones, este plan es una estrategia para diluir la memoria histórica y consolidar un relato simplista y falaz.

LA LUCHA MEMORIALISTA Y SUS OBSTÁCULOS

Las asociaciones de memoria histórica han enfrentado enormes dificultades para llevar a cabo su labor. Barrena recordó que la mayoría de los procesos de exhumación, identificación de restos y pruebas genéticas se realizan gracias al voluntariado: “Hace falta un banco de ADN para identificar a las víctimas, y llevamos años reclamándolo sin éxito. Ya han pasado cuatro generaciones y el tiempo corre en nuestra contra”.

Además de las exhumaciones, quedan pendientes tareas como el reconocimiento de los expolios, la anulación de las sentencias dictadas por tribunales ilegítimos y la inclusión de la memoria democrática en los currículos escolares. Con la retirada de apoyos públicos en comunidades como Aragón, las asociaciones denuncian que la burocracia y la falta de financiación hacen cada vez más difícil cumplir con sus objetivos.

Casanova enfatizó que la memoria no debe ser un territorio para el enfrentamiento político, sino una herramienta para fortalecer la democracia: “Si olvidamos el pasado, repetiremos los errores. Por eso, enseñar a las nuevas generaciones sobre la cara oscura de las dictaduras es un acto de responsabilidad colectiva”.

En un contexto de manipulación informativa y revisionismo, es fundamental mantener espacios de compromiso y rigor.