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Este caso no es una caza de brujas ni un circo mediático: es un proceso basado en hechos probados, inspecciones fiscales y documentación oficial
BULOS Y REALIDAD: EL CASO DE LAS FACTURAS FALSAS
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, protagonizó una entrevista en Todo es Mentira donde volvió a desplegar su habitual repertorio de desinformación. Esta vez, para defender lo indefendible: a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, acusado de múltiples delitos fiscales y falsedad documental. Las declaraciones de Rodríguez no solo están plagadas de falsedades, sino que ignoran datos probados y documentos oficiales de la Agencia Tributaria.
Rodríguez afirmó: “No hay facturas falsas. Todo es un batiburrillo que elDiario.es publicó para escandalizar”. Pero la realidad es otra. Según el informe fiscal, se trata de 15 facturas falsas que González Amador utilizó para desgravarse 1,7 millones de euros por gastos inexistentes. Este dato no proviene de una fuente anónima ni de rumores: es la conclusión oficial de la Agencia Tributaria tras una inspección exhaustiva. Además, en los documentos se usa explícitamente el término “facturas falsas o falseadas”, dejando poco espacio para interpretaciones.
EMPRESAS FANTASMA Y SOCIEDADES INTERPUESTAS
Otra afirmación de Rodríguez: “No hay empresas pantalla”. Esto también es falso. Se identificaron seis empresas en España, una en México y otra en Costa de Marfil, todas sin actividad real, usadas para emitir facturas ficticias. Una de ellas, Masterman and Whitaker, fue señalada como “sociedad interpuesta”, un eufemismo técnico para referirse a una empresa pantalla. Esta entidad, sin empleados ni infraestructura, emitió una factura de 600.000 euros que la inspección definió como “ficticia y sin correspondencia con la realidad”. ¿El objetivo? Obtener una desgravación fiscal inadmisible.
Por tanto, cuando Rodríguez niega la existencia de estas sociedades, no solo miente: ignora lo que incluso los manuales básicos de derecho fiscal definen como empresa fantasma. No es una acusación política; es un hecho corroborado por los informes tributarios.
LA CRONOLOGÍA NO MIENTE
Rodríguez intentó desvincular los delitos fiscales de la relación sentimental entre Ayuso y González Amador al afirmar: “La declaración es anterior a la relación con la presidenta”. Esto es incorrecto. El primer delito fiscal corresponde al ejercicio 2020, cuya declaración se presentó en 2021, cuando ya era pública su relación con Ayuso. El segundo delito corresponde al ejercicio 2021, con la declaración presentada en 2022. En ambos casos, González Amador y Ayuso ya eran pareja.
Los datos desmontan, una vez más, la narrativa de Rodríguez, que pretende pintar a González Amador como una víctima política. La inspección fiscal comenzó en mayo de 2022, mucho antes de que su identidad se relacionara públicamente con la presidenta madrileña. De hecho, ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía sabían inicialmente que González Amador era la pareja de Ayuso. Fue un caso más de fraude fiscal hasta que trascendieron los vínculos personales.
DELITOS Y MANIOBRAS LEGALES
Rodríguez argumentó también que “todo esto estaría cerrado si Alberto no fuera el novio de Ayuso”. Este argumento se desmorona ante la cronología judicial. La inspección fiscal duró un año y medio, dentro de los plazos habituales. Al descubrirse facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros, el caso pasó al departamento de delitos económicos de la Fiscalía, que lo remitió al juzgado en enero de 2024. Todo dentro de los procedimientos regulares.
Además, González Amador intentó cerrar el caso con un acuerdo de conformidad en varias ocasiones, reconociendo los delitos. En enero de 2024, su defensa ofreció un pacto para evitar la prisión, admitiendo tres delitos: dos fiscales y uno de falsedad documental. En su propuesta, aceptaban una condena de ocho meses de cárcel con tal de evitar ingresar en prisión.
EL PAPEL DE LA FISCALÍA Y LAS ACUSACIONES POPULARES
Otra mentira flagrante: “La Fiscalía frenó un pacto por órdenes de arriba”. Según el propio fiscal Julián Salto, no recibió ninguna directriz externa. La negativa al acuerdo vino de las acusaciones populares –PSOE y Más Madrid–, que solicitaron seguir con la investigación.
Por último, Rodríguez describió a González Amador como “un profesional brillante que tuvo un problema con unas facturas”. Esto dista mucho de la realidad. González Amador es un comisionista que cobró dos millones de euros por un contrato de mascarillas y que, tras ese pelotazo, intentó desgravarse otros 350.951 euros con facturas falsas. No se trata de un error administrativo, sino de un fraude intencionado y probado.
LA VERDAD NO ADMITE MANIPULACIONES
Este caso no es una caza de brujas ni un circo mediático: es un proceso basado en hechos probados, inspecciones fiscales y documentación oficial. Y mientras Miguel Ángel Rodríguez se empeña en construir una narrativa paralela, la justicia sigue su curso.
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