La justicia no avanza porque está demasiado ocupada enfrentándose a las maniobras de los propios responsables políticos para entorpecer las investigaciones.
EN 3 CLAVES
- Más de 40.000 euros de origen desconocido: la Guardia Civil no ha podido aclarar el origen de más de 42.650 euros en las cuentas de Millán.
- Contratos a dedo: la UCO ha señalado irregularidades en la adjudicación de más de 395.000 euros en contratos bajo la dirección de Millán.
- Pagos a familiares: la hermana y la pareja de Millán recibieron más de 120.000 euros de empresas vinculadas al empresario Francisco Roselló, el mismo que recibió las adjudicaciones.
Tal y como informa Infolibre, la Guardia Civil y la UCO (Unidad Central Operativa) siguen investigando el origen de 42.650 euros que llegaron de forma opaca a las cuentas de Ana Millán, número tres de Isabel Díaz Ayuso. Una cifra más que se suma a la ya larga lista de irregularidades que rodean a una de las figuras más relevantes del Partido Popular en Madrid. Mientras tanto, Ayuso se empeña en proteger a su compañera, manteniéndola en un cargo público de responsabilidad, y eso no puede ser casualidad. Es evidente que la corrupción ha dejado de ser una excepción y se ha convertido en la norma en las filas del PP madrileño.
SE ACUMULAN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL PP DE MADRID
El caso de Millán no es un hecho aislado, sino parte de un entramado mucho mayor que ha podrido las entrañas del PP de Madrid durante años. Desde la operación Púnica hasta Gürtel, la Comunidad de Madrid se ha convertido en el epicentro de los casos de corrupción política. Sin embargo, en vez de tomar medidas, la respuesta del partido ha sido siempre la misma: cerrar filas, proteger a los suyos y, si es necesario, atacar al Gobierno central para desviar la atención.
El problema es estructural. No estamos hablando de una manzana podrida; hablamos de un cesto lleno de manzanas en estado de descomposición. Ana Millán, la actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, está siendo investigada por cuatro delitos de corrupción: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Y, sin embargo, ahí sigue, intocable, con el respaldo de Ayuso y el aplauso de los suyos. La justicia no avanza porque está demasiado ocupada enfrentándose a las maniobras de los propios responsables políticos para entorpecer las investigaciones.
Los siete contratos adjudicados a empresas vinculadas al empresario Francisco Roselló, que superan los 395.000 euros, son solo la punta del iceberg. La UCO ya ha identificado pagos a familiares y personas cercanas a Millán, que superan los 88.000 euros. Todos ellos, casualmente, relacionados con las empresas del mencionado empresario. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Y más cuando las adjudicaciones se hacían desde la concejalía de Juventud, dirigida entonces por Millán. Pero claro, para el PP esto es todo una “persecución injustificada”.
AYUSO Y SU SILENCIO CÓMPLICE
Lo más indignante de todo este asunto es la complicidad de Ayuso. En lugar de exigir responsabilidades a su «número tres», se limita a darle su apoyo incondicional. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha demostrado una y otra vez que la ética política no es su fuerte. En lugar de cesar a Millán, prefiere calificar las investigaciones como ataques políticos, siguiendo el manual de defensa clásica de su partido: victimización y desvío de la atención.
Es un insulto para las y los madrileños que la presidenta de su Comunidad siga respaldando a una persona investigada por corrupción. No solo por el daño que esto hace a la imagen de la política en general, sino porque representa una burla a quienes trabajan día a día, con esfuerzo y honestidad, para ganarse la vida sin saltarse las normas. ¿Qué mensaje envía Ayuso a los funcionarios y funcionarias, a los jueces y juezas, o incluso a las enfermeras y enfermeros, que deben cumplir con estrictos códigos éticos y de conducta? La respuesta es clara: en política, todo vale.
La defensa de Ayuso hacia Millán es indefendible. El PP parece incapaz de limpiar sus filas, y cuando un escándalo de corrupción aparece, lo tapan bajo un discurso victimista o atacando a quienes osan cuestionar sus prácticas. Pero la realidad es tozuda: las investigaciones siguen, y las pruebas se acumulan. El sistema de contratación pública en Madrid está corrompido, y los responsables políticos son quienes lo permiten, lo promueven y lo defienden.
EL PODER Y EL DINERO, SIEMPRE VINCULADOS
Detrás de cada caso de corrupción, como en el de Ana Millán, siempre hay una constante: el dinero. Los pagos que Millán ha recibido de las empresas de Roselló, las adjudicaciones irregulares y las contrataciones a dedo no son meros errores administrativos. Son mecanismos bien engrasados para enriquecer a unos pocos mientras el resto paga las consecuencias. La falta de transparencia en los pagos recibidos por Millán, que ascienden a más de 40.000 euros sin justificación, no puede ser ignorada.
¿Qué pasaría si en lugar de una política del Partido Popular, fuera alguien de la oposición quien estuviera en esta situación? ¿Sería igual el trato? La doble vara de medir es evidente. Mientras que se exige pulcritud a los adversarios políticos, se permite la corrupción en casa. Esto no es solo una cuestión política; es una cuestión de principios y de ética. La política está para servir a la ciudadanía, no para enriquecerse a su costa.
Cada euro que se destina a una adjudicación irregular, cada billete que se desliza por debajo de la mesa, es un euro que no llega a donde debe: a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, a las personas que realmente lo necesitan. Mientras tanto, quienes gobiernan siguen disfrutando de sus privilegios, blindándose con leyes hechas a medida y eludiendo cualquier tipo de responsabilidad real.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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