El magistrado Joaquim Bosch ha hecho hincapié en la necesidad de hacer frente a la corrupción.
Se acaba de conocer el último informe del GRECO relativo a España, que analiza el cumplimiento de las recomendaciones que nos dirigieron en 2019 para la prevención de la corrupción en los gobiernos central, autonómicos y locales, y en las fuerzas de seguridad del estado.
«El veredicto no puede ser más descorazonador», indican desde InfoLibre: de las diecinueve recomendaciones formuladas, España no ha cumplido satisfactoriamente ninguna. Ha aplicado parcialmente siete, y ha desatendido por completo doce.
2En años anteriores, hemos recibido del GRECO numerosas recomendaciones relativas a nuestro poder judicial, al ministerio fiscal y a otras instituciones; se nos ha censurado, por ejemplo, el déficit de independencia de nuestros jueces, así como la falta de transparencia del Gobierno en sus relaciones con la Fiscalía General del Estado», recuerda el medio.
La corrupción le cuesta a los españoles 40.000 millones de euros al año, importe que unido a los 20.000 millones de rentas ilícitas que genera el fraude fiscal, equivalen al rescate bancario que siguió a la crisis financiera de 2008, se concluye a raíz del informe.
De este modo seguimos ocupando el puesto 34 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional: «casi todos los países europeos importantes están por delante de nosotros», apuntan en el rotativo.
En este sentido el magistrado Joaquim Bosch ha expuesto que «el número de casos de corrupción política en España no tiene equivalentes en los países europeos. Ni en Nápoles ni en Sicilia».
«Expulsar a los corruptos de las instituciones sería como poder respirar aire puro tras vivir largo tiempo en una zona altamente contaminada», a pedido ha concluido tajante.
«La corrupción siempre se perpetra por privilegiados que buscan vivir aún mejor a costa de toda la sociedad. Nos empobrecen más a todos, en especial a los más vulnerables», sentenciaba en la presentación de su último libro.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
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