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18 May 2022
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El PP considera que las inspecciones laborales en las explotaciones agrarias “rozan el delito” 

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reclamado este jueves a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo que «no demonice ni señale tanto» a los empresarios agrarios.

«La persecución de la Inspección Laboral a las explotaciones agrarias roza el delito», ha sostenido Cuca Gamarra del PP en su réplica a Díaz en el debate por la convalidación de la reforma laboral.

La portavoz del PP ha arremetido además contra «el cambio del régimen sancionador» en el campo que introduce la reforma del Gobierno.

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«Es una persecución a muchos agricultores», ha concluido Gamarra, quien ha recordado que su familia «proviene del campo» y, por tanto, sabe «cómo funciona».

Cabe recordar, como hace elDiario.es que «el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha en esta legislatura un refuerzo de las inspecciones laborales, tanto en empresas como en explotaciones agrarias. En agosto de 2021, según datos del propio ministerio, el 42% de las inspecciones llevadas a cabo en el campo terminó en sanción por fraude laboral».

Yolanda Díaz ha multiplicado las inspecciones de trabajo en el campo y encuentra fraude en 1 de cada 3

En el campo español existen dos realidades: la de los agricultores que protestan por la falta de ayudas, los injustos precios de los productos agrícolas o la protección del lobo y las de los trabajadores o jornaleros que acuden a trabajar en las diferentes campañas de recogida de frutas y verduras y cuyas condiciones laborales dejan mucho que desear.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quintuplicó las inspecciones de trabajo en el campo en lo que va de 2021, ignorando las presiones de los grandes patronos del campo.

Estas inspecciones han tenido su efecto y resaltan el por qué de las amenazas: el 42% de las 7.137 inspecciones concluidas desde que se iniciara la campaña contra la economía irregular en mayo de 2020 han derivado en infracciones por fraude laboral, según los datos a los que ha accedido infoLibre.

Portavoces del ministerio recuerdan que «la situación de crisis sanitaria provocada por la covid-19 determinó la intensificación de la campaña agraria de 2020, en atención a las especiales circunstancias derivadas de la declaración del estado de alarma» y destacan que la inspección tiene un carácter «integral» al abarcar cuatro aspectos: las condiciones laborales, la seguridad y la salud en el trabajo, la economía irregular y la situación de los trabajadores extranjeros. De las 10.002 inspecciones que se han producido, continúan abiertas 2.865 y el resto han finalizado.

Desde Trabajo añaden que de las 3.004 infracciones detectadas, 874 corresponden a infracciones por trabajo irregular de personas extranjeras. La cuantía de las multas asciende a 17.963.782 euros y se han extendido expedientes liquidatorios, para abonar las cuotas de la Seguridad Social, por importe un de 3,2 millones de euros, tal y como informa el citado medio.

Las inspecciones no solo corresponden a la campaña agraria lanzada por el ministerio sino también a visitas denominadas «ordinarias», es decir, por decisión de los inspectores cuando localizan casos de fraude. En estas visitas ordinarias se han producido 847 altas de oficio, al descubrir los funcionarios que determinados trabajadores o trabajadores no están convenientemente encuadrados en el régimen laboral que les corresponde, por lo que se les da de alta.

Asimismo, y de forma más preocupante, también la semiesclavitud a la que apuntaba Yolanda Díaz hace un año en ocasiones se ha confirmado. En febrero un empresario fue detenido en Murcia por tener a jornaleros 13 horas al día por 15 euros y sin contrato. En Valladolid, un matrimonio fue detenido en marzo por tener a extranjeros sin papeles 14 horas diarias por 5,50 euros la hora y viviendo bajo un techo de uralita sin agua ni luz y en Albacete, una organización dedicada a la trata de seres humanos para su explotación laboral en granjas fue desarticulada.

Negación y amenazas

Patronales agrarias como Asaja o Coag siguen negando la existencia de fraude masivo en el sector agrario u hortofrutícola. De hecho Asaja, amenazó a Yolanda Díaz con «sacar los tractores a la calle» si se producían las inspecciones y denuncia estos días que se intenta «criminalizar» al campo desde el Gobierno.

Coag se ha dedicado a cargar contra las «presiones» sobre los fruticultores y la «arbitrariedad» de las inspecciones. Muchas de estas denuncias se producen a través de comunicados.

En 2020 Félix Bariáin, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Navarra amenazó directamente a Díaz en el extracto de un vídeo publicado en la cuenta oficial de Twitter de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN). Bariáin lanza estas amenazas a Díaz por haber repartido entre los trabajadores del campo un cuestionario sobre sus condiciones laborales en un nuevo intento de destapar de casos de esclavitud y abusos laborales.

«Usted no va a tirar por tierra este sector, se lo garantizamos. No sé en que fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos. Como no retire las inspecciones y no retire ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos», amenazaba Bariáin.

Sindicatos piden más inspecciones

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT que reclaman más visitas de la Inspección de Trabajo. Según el responsable del sector agrario y manipulado de UGT Andalucía, Emilio Terrón, hace falta es un grupo de inspectores dedicados única y exclusivamente al campo, porque la cantidad de irregularidades son tremendas. Terrón apunta a las sociedades limitadas que están proliferando en el campo, que se van constituyendo y liquidando al poco tiempo y que están haciendo mucho daño al contratar unos trabajos con el empresario matriz, y después dicho empresario no tiene ningún control sobre las condiciones de los trabajadores.

Por su parte, el dirigente del sector agrario de Comisiones Obreras, José Fuentes, ha señalado que: «Los empresarios que no cumplen la normativa deberían ser los primeros en cambiar: hacen competencia desleal con los que sí la cumplen. Y la Inspección lo pone de manifiesto: se viola el salario mínimo, los convenios colectivos, las condiciones de alojamiento….».

Según Fuentes, hay «incluso casos de esclavitud». «¿Que no es algo generalizado? No, no lo es, pero se dan. El perfil del sector agroalimentario está afectado por estos incumplidores».