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La empresa matriz que gestiona el centro y la aseguradora Mapfre tendrán que rendir cuentas por los 74 residentes del centro fallecidos en el brote de coronavirus.
Este miércoles 18 familiares de los usuarios de la residencia DomusVi de Alcoy (Alicante), que cuenta con 140 plazas residenciales y 19 de centro de día, han presentado una demanda de acción de responsabilidad civil en el Juzgado de Primera Instancia de la localidad alicantina contra la empresa matriz que gestiona el centro y la aseguradora Mapfre por los 74 residentes del centro fallecidos en el brote de coronavirus.
El objetivo de la Junta Directiva de la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi Alcoi y Cocentaina (Afadomus) y el despacho Dictum, que lleva el caso, es saber la verdad sobre lo ocurrido en los dos primeros meses de la pandemia que resultaron tan trágicos en el centro con los índices más altos de fallecidos de España y Europa.
La demanda que representa a 18 víctimas, 15 de los 74 fallecidos y tres lesionados, se fundamenta en los datos recabados de informes clínicos o las explicaciones del director de la UDH, que intervino la residencia para atajar el brote en marzo de 2020.
Silencio de las administraciones competentes
José Luis García, presidente de Afadomus, en conversación con infoLibre, ha señalado: “Pedimos una responsabilidad por los daños producidos y una indemnización que dependerá de cada uno de los familiares». Por su parte, el abogado Pepe Guillem, que representa a las víctimas, lamenta el silencio de las administraciones competentes, las Consellerías de Sanidad y Políticas Inclusivas, y también la inacción de la Fiscalía a sus requerimientos para esclarecer los hechos.
Muchos familiares de los usuarios ya habían denunciado ante las administraciones local y autonómica “la degradación del servicio en las residencias gestionadas por DomusVi en Alcoi y Cocentaina”, después de que se produjeran tres brotes de gastroenteritis entre los mayores, entre 2018 y 2019, lamentando que la principal causa del problema, aunque no la única, era “la falta de recursos humanos y el incumplimiento de unas ratios suficientes”. Nada de lo que denunciaron sirvió para corregir una realidad asistencial basada en el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible.
Deficiencias en las residencias gestionadas por DomusVi
En febrero de 2020, entregaron al director general de Infraestructuras de la Conselleria de Igualtat y Politiques Inclusives un listado con deficiencias, cuya actitud fue “receptiva”, pero el estallido de la crisis del covid impidió poner soluciones al problema.
Tan solo un mes después empezó la pesadilla: 74 familiares fallecidos, información “sesgada y poco transparente” del centro de Alcoy y desamparo institucional que acentuó “la angustia, el dolor, la impotencia y la rabia”.
Ahora, dieciséis meses después los familiares siguen buscando respuestas, ya que, a su juicio, “la pandemia en sí misma no basta para explicar la virulencia del contagio y la elevada tasa de fallecimientos en la residencia de Alcoi”.
Algunos de los usuarios derivados al hospital llegaron desnutridos, otros con un importante “deterioro cognitivo” e incluso “ulceraciones” porque aquellos ancianos con mayor grado de dependencia no eran cambiados de postura “con la asiduidad necesaria”.
Vulneración de derechos
“Nuestros mayores no fueron atendidos como merecían y se vulneraron y seguramente se siguen vulnerando sus derechos como personas y más cuando se ha denunciado desde organizaciones e instituciones las irregularidades vividas en las residencias geriátricas”, dicen los familiares y recoge infoLibre.
Además de la demanda ya interpuesta anunciada este miércoles, el Ayuntamiento de Alcoi ya aprobó en mayo de 2020 instar al Ministerio Fiscal a que “se lleve a cabo la investigación exhaustiva y específica que proceda, en pos de la aclaración definitiva de lo ocurrido y, en su caso, de su remisión a la autoridad judicial para la tramitación del procedimiento oportuno que depure las responsabilidades a que hubiera lugar”, recoge el documento enviado al Consistorio. El presidente de Afadomus lamenta que de momento no saben nada al respecto.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.