El Algarrobico: Moreno pide ahora a los jueces lo que su Gobierno rechazó hace un año 

Dos décadas después, el monstruo de hormigón sigue ahí porque demasiadas instituciones han aprendido a llamar prudencia a la cobardía y trámite a la impunidad.

EL HOTEL QUE NO CAE PORQUE EL PODER NO QUIERE MANCHARSE LAS MANOS

El Algarrobico no es solo un hotel ilegal varado en Cabo de Gata. Es una confesión de hormigón. Una mole que lleva dos décadas recordando que el urbanismo salvaje en España no fue un accidente, sino un modelo de negocio, una cultura política y una forma de saqueo. Ahí sigue. Plantado sobre dominio público marítimo-terrestre, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, como si la ley fuese una sugerencia estética y la naturaleza una molestia administrativa.

El 17 de junio, la Junta de Andalucía anunció que pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anule la licencia de obras del hotel. Lo hará, dice ahora, para sustituir al Ayuntamiento de Carboneras, que era el primer obligado a cumplir y que ha decidido seguir jugando al escondite con las sentencias. El detalle es importante. Muy importante. Porque el Gobierno de Moreno Bonilla propone ahora lo mismo que las y los ecologistas llevan reclamando desde hace años. Y lo mismo a lo que la propia Junta se opuso en marzo de 2025.

Así funciona esta maquinaria. Primero se mira hacia otro lado. Luego se acusa al de enfrente. Después se descubre, con gesto grave, que la ley debe cumplirse.

La sentencia del TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022, obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia concedida en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol. Esa licencia fue aprobada bajo mandato del socialista Cristóbal Fernández. Han pasado más de 20 años desde aquello. Veinte años de recursos, excusas, retrasos, declaraciones solemnes y gobiernos que entran y salen mientras el edificio permanece. El cemento, al parecer, tiene más estabilidad institucional que la democracia ambiental.

El Pleno de Carboneras tenía que dar el último paso. Pero volvió a aplazar la votación. Votaron a favor del retraso cinco ediles del PSOE y dos no adscritos. En contra, el alcalde Salvador Hernández, de Ciudadanos, y cuatro concejales del PP. Hubo un edil ausente. El resultado fue otra vida extra para el símbolo más obsceno de la depredación del litoral andaluz.

La excusa, otra vez, fue el dinero. Los concejales que apoyaron el aplazamiento pidieron informes sobre el impacto económico y patrimonial de la nulidad. Hablaron del equilibrio financiero del municipio. Traducido: cuando hay que proteger un parque natural, aparecen de repente las calculadoras. Cuando se permitió levantar el monstruo, nadie parecía tan preocupado por las consecuencias.

El Algarrobico es la pedagogía perfecta del capitalismo costero: privatizar el beneficio, socializar el destrozo y luego presentar la factura a la ciudadanía.

LA JUNTA GIRA, EL PSOE SE ENREDA Y EL CEMENTO GANA TIEMPO

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha dicho que la solución es anular la licencia. Tiene razón. Pero llega tarde y con demasiada memoria pendiente. Porque el 7 de febrero de 2025, solo tres días antes de que el Gobierno central anunciara su intención de expropiar los terrenos de dominio público, los letrados de la Junta defendieron ante el TSJA justo lo contrario: que debía ser Carboneras quien tramitara la revisión. Que las sentencias se ejecutan “en sus propios términos”. Que los jueces no debían asumir ese papel.

Ahora, tras el nuevo bloqueo municipal, el Gobierno andaluz se abre a pedir a las y los magistrados que hagan lo que el Ayuntamiento no hace. La ley prevé esa vía supletoria cuando quien está obligado a cumplir una sentencia se niega o se escurre. Las y los jueces no solo juzgan. También deben hacer ejecutar lo juzgado. Parece elemental. Pero en El Algarrobico lo elemental siempre llega después de una década y media de vergüenza.

El PP andaluz ha encontrado munición en el voto de los concejales socialistas. Carolina España ha hablado de “traición” y ha insinuado posibles responsabilidades penales. Greenpeace ya ha pedido que se deduzca testimonio a la Fiscalía para investigar a responsables municipales. Salvemos Mojácar ha anunciado una querella por prevaricación. El PSOE de Almería, por su parte, ha anunciado expediente a sus cinco ediles. Todo muy solemne. Todo muy indignado. Todo después de que el edificio lleve dos décadas donde nunca debió estar.

José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras entre 2019 y 2023 y actual portavoz socialista municipal, es sobrino de Cristóbal Fernández, el alcalde que concedió la licencia en 2003. Amérigo asegura que no se opone a cumplir las sentencias, pero dice que el expediente carece de información esencial sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento. El problema es que durante su mandato tampoco se avanzó como correspondía en el cumplimiento de las resoluciones que obligaban a declarar el suelo como no urbanizable. Esa sentencia data de 2016 y es firme desde 2018. En febrero, el TSJA ni siquiera dio por cumplido ese mandato.

Y así se entiende todo. No como una cadena de errores, sino como una cadena de resistencias. Cada administración encuentra su coartada. Cada partido encuentra su enemigo. Cada institución encuentra una coma, un informe, un órgano, una comisión, un riesgo patrimonial. Mientras tanto, el hotel sigue ahí. No como ruina, sino como amenaza.

La Junta dice ahora que convocará en los “próximos días” la comisión mixta Junta-Gobierno, creada en 2011 para repartir las tareas de demolición y recuperación del paraje natural de Cabo de Gata. Hasta ahora había dado largas, alegando que antes debía celebrarse el Pleno de Carboneras. Ahora quiere convocarla para exigir explicaciones, soluciones y responsabilidades. Bien. Pero conviene no confundir movimiento con reparación. Conviene no confundir el giro táctico con compromiso ambiental.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, insiste en que la demolición debe llegar “ya” y que hay que borrar ese desmán urbanístico de la imagen de Cabo de Gata. La frase es correcta. El problema es que El Algarrobico no se borra con frases correctas. Se borra con máquinas, responsabilidades y una voluntad política que no se arrodille ante el miedo a indemnizaciones, promotoras, clanes locales o equilibrios partidistas.

El Algarrobico no es un edificio pendiente de derribo: es una prueba de estrés del Estado de derecho, y de momento el hormigón va ganando.

La naturaleza no necesita más ruedas de prensa. Necesita que quienes firmaron, bloquearon, retrasaron y especularon dejen de esconderse detrás del expediente.