Rubén Gisbert quiso dar lecciones sobre la dana y la jueza le recordó que no sabe ni dónde está el barranco del Poyo 

La magistrada tumba la petición del abogado y youtuber conspiracionista para imputar a la alcaldesa de Catarroja y le reprocha su desconocimiento del territorio, de la normativa y hasta de las circunstancias de una víctima a la que dice representar.

CUANDO LA CONSPIRACIÓN ENTRA EN EL JUZGADO

La causa judicial por la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 personas fallecidas, no necesita ruido. Necesita verdad, rigor, responsabilidades políticas y respeto a las víctimas. Justo lo contrario de lo que suele traer la industria del barro cuando se disfraza de acusación popular, de patriotismo de plató o de heroísmo de YouTube.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado este 16 de junio un auto especialmente duro contra el abogado y youtuber Rubén Gisbert. No por pensar distinto. No por molestar al poder. No por incomodar a nadie. Por algo más básico: por pedir diligencias graves sin conocer, según la magistrada, elementos esenciales de la causa. El problema no es que Gisbert sea incómodo. El problema es que, según el auto, ni siquiera sabe bien de qué habla.

Gisbert, que ejerce una acusación particular en el procedimiento, solicitó la imputación de la alcaldesa socialista de Catarroja, Lorena Sirvent. La jueza lo rechaza. Y lo hace con una claridad poco habitual. Le reprocha desconocer “hasta las propias circunstancias que siguieron” al fallecimiento de la madre de uno de sus representados. El abogado sostuvo que el cuerpo había sido trasladado a la parte superior de la vivienda. La magistrada corrige: fue llevado a la casa de un vecino.

No es un matiz menor. Hablamos de una persona fallecida, de una familia golpeada por una tragedia y de una causa penal que investiga responsabilidades en una catástrofe histórica. Convertir ese dolor en materia prima para una estrategia de agitación política es indecente. Hacerlo, además, con datos equivocados, ya roza el esperpento.

Gisbert no llega a esta causa desde la discreción. Fue despedido como colaborador del programa de Iker Jiménez después de mancharse aposta de barro para una conexión televisiva al día siguiente de la dana del 29 de octubre de 2024. Ese episodio lo retrató bastante. Una tragedia real, barrios destrozados, familias buscando a sus seres queridos, y alguien usando barro como atrezo. La estética de la catástrofe. La miseria convertida en decorado.

La jueza también recuerda en su auto que Gisbert mantiene como “tónica habitual” un “torrente de descalificaciones y acusaciones de toda índole” contra la instructora. No es una discrepancia jurídica seria. Es otra cosa. Es esa forma tan de la nueva derecha mediática de confundir el proceso judicial con una retransmisión permanente, la prueba con el grito, el derecho con el espectáculo y la acusación con el linchamiento.

No se queda ahí. Gisbert se querelló contra la propia jueza y contra su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera. La querella fue archivada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La magistrada ya había alertado en un auto del 2 de marzo de que el objetivo del youtuber era “dinamitar” la causa. La palabra es fuerte. Pero el auto va dejando un rastro bastante claro.

EL BARRANCO, LA NORMA Y LA RESPONSABILIDAD REAL

Uno de los pasajes más demoledores del auto tiene que ver con el barranco del Poyo. Gisbert afirmó que el barranco era “visible” desde las ventanas del juzgado de Catarroja. La jueza lo desmiente: desde ninguna ventana del Tribunal de Instancia de Catarroja puede contemplarse el barranco. Ninguna. Cero.

Y no era el único error. Según la resolución, Gisbert también sostuvo que el barranco del Poyo cruza Catarroja “de lado a lado”. La magistrada le corrige otra vez. El barranco no cruza el municipio como sí ocurre en Paiporta o Chiva. En Catarroja, explica el auto, constituye el límite entre el término municipal y la vecina Massanassa.

Parece geografía básica. Pero no lo es. Es mucho más. Si alguien pretende señalar penalmente a cargos públicos por lo ocurrido durante una emergencia y ni siquiera sitúa bien el cauce que está en el centro de la tragedia, el problema ya no es jurídico. Es político, mediático y moral.

La jueza lo escribe con una frase que debería pesar como una losa: “Si se desconoce el territorio, en este caso el lugar por donde discurre el barranco del Poyo, difícilmente se puede analizar lo sucedido ni atribuir responsabilidades a los intervinientes”. Traducido sin toga: no se puede montar una acusación seria desde el desconocimiento.

La resolución también habla del “desconocimiento” de la normativa y del desarrollo de la emergencia por parte de la representación de Gisbert. Ahí está el núcleo. Porque en la dana hubo responsabilidades. Claro que las hubo. Hubo decisiones tardías, fallos de coordinación, omisiones políticas, negligencias institucionales y una gestión que debe ser analizada hasta el fondo. Pero una cosa es exigir responsabilidades y otra muy distinta es disparar hacia cualquier lado para alimentar una guerra cultural.

La jueza insiste, una vez más, en que los alcaldes y alcaldesas de las zonas afectadas no ostentaban una “posición de garante” penal ante la emergencia. Esa tesis ya había sido avalada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia. No es una ocurrencia de la instructora. Es una línea jurídica consolidada en esta causa.

El auto recuerda algo fundamental: la coordinación de la emergencia correspondía a la Generalitat. Esa era la tarea vital. Ahí está el poder real. Ahí estaban los resortes institucionales. Ahí debe mirarse con lupa. No en una alcaldesa convertida en pieza de caza política porque a ciertos sectores les resulta más cómodo fabricar culpables a medida que exigir responsabilidades donde toca.

La dana no puede convertirse en un campo de tiro para youtubers, tertulianos, abogados con cámara y vendedores de sospechas. Las víctimas no necesitan épica de teclado. Necesitan justicia. Las vecinas y vecinos de las zonas arrasadas no necesitan una competición de insultos ni teorías fabricadas para consumo de redes. Necesitan que se sepa quién falló, cuándo falló, por qué falló y quién tomó las decisiones que pudieron costar vidas.

Rubén Gisbert puede seguir vendiendo la pose del rebelde perseguido. Es un negocio conocido. La derecha mediática lleva años explotando ese papel: hacerse la víctima mientras se pisa a las víctimas reales. Pero un juzgado no es un canal de YouTube. Un sumario no es un directo. Una acusación penal no es un clip viral.

Y la memoria de 230 personas muertas no puede estar en manos de quienes confunden justicia con ruido, barro con verdad y desconocimiento con valentía.