Grupo Volcán y el apagón de Berlín: la rabia climática que el poder prefiere llamar terrorismo 

Cuando los gobiernos protegen el negocio fósil hasta el final, la pregunta incómoda ya no es por qué alguien sabotea, sino por qué se tardó tanto en entender la desesperación.

NO NACE DEL VACÍO, NACE DE UN MUNDO EN LLAMAS

El 3 de enero, Berlín descubrió algo que el capitalismo fósil lleva décadas ocultando bajo moqueta institucional: la infraestructura que sostiene nuestra vida cotidiana es frágil, vulnerable y profundamente política. Aquella mañana, hacia las seis, alguien incendió cinco cables de alta tensión bajo un puente sobre el canal de Teltow. Cada cable tenía unos 10 centímetros de grosor. No era una gamberrada. No era una pataleta juvenil. Era una acción calculada contra una red que venía de una central eléctrica de gas natural y alimentaba a unos 45.000 hogares, 2.200 empresas y cuatro hospitales.

El resultado fue un apagón enorme. Cuatro distritos afectados. 10.000 hogares recuperaron la electricidad al día siguiente, pero otros 35.000 permanecieron a oscuras durante cinco días. Berlín vivió su apagón más largo desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empieza el dilema incómodo. Porque una cosa es comprender la acción y otra fingir que no tuvo consecuencias duras para la gente común.

En el hospital Immanuel, en Wannsee, el jefe de mantenimiento Sebastian Brandt supo que algo iba mal al oler gasóleo desde su casa. El generador de emergencia había arrancado. Tenía 3.000 litros en el depósito y consumía unos 550 litros diarios. Las operaciones podían suspenderse. La autonomía tenía límites. Un hospicio cercano pensaba trasladar allí pacientes. En el hospital Hubertus, Michael Schmidt llegó a preparar la evacuación de 150 pacientes porque la calefacción falló con una temperatura exterior de -1 °C. No hablamos de un susto abstracto. Hablamos de cuerpos vulnerables, de enfermeras y enfermeros improvisando soluciones, de pacientes atrapados en la intemperie técnica de una ciudad rica.

Pero conviene no caer en la trampa moral que el Estado alemán desplegó con rapidez obscena. El poder quiere que la conversación empiece y termine en la palabra “terrorismo”. Qué casualidad. Nunca llama terrorismo a las petroleras que han calentado el planeta sabiendo lo que hacían. Nunca llama violencia a las empresas que convierten la emergencia climática en dividendos. Nunca llama extremismo a los gobiernos que mantienen gas, carbón y automóviles de lujo mientras predican transición ecológica con una mano y firman permisos con la otra.

La acción del Grupo Volcán no se entiende desde el capricho, sino desde una certeza brutal: las vías institucionales han sido secuestradas por quienes ganan dinero con el desastre.

Unas 24 horas después del apagón apareció la reivindicación. Casi 4.500 palabras bajo el título “Cerrar las centrales eléctricas de combustibles fósiles es un trabajo de artesanía. Tened valor. Saludos militantes de Año Nuevo”. Firmaba el “Grupo Volcán: cortad la corriente a los poderosos”. El texto era excesivo, caótico, lleno de saltos, sí. Pero también dejaba una idea nítida: “ya no podemos permitirnos a los ricos”. Esa frase, despojada de retórica, resume mejor nuestro tiempo que muchos informes ministeriales.

Porque el problema no es que unas personas hayan decidido que el estilo de vida imperial es insostenible. El problema es que tienen razón. Lo insostenible son los yates, los jets, las villas, las tecnológicas devorando energía, la industria automovilística vendiendo futuro verde mientras reproduce el mismo viejo saqueo, la industria armamentística alimentando guerras y el gas presentado como solución sensata por las mismas élites que nos llevaron al borde.

EL ESTADO SOBRERREACCIONA CUANDO ALGUIEN TOCA LA MÁQUINA

El Grupo Volcán no apareció de la nada. Desde 2011 se han registrado al menos siete ataques atribuidos a esta firma en Berlín y alrededores. Entre 2011 y 2013, las primeras acciones apuntaron a líneas ferroviarias y cajas de cables. En 2018 se consolidó el nombre Vulkangruppe. En 2021 y 2024, los sabotajes se dirigieron contra líneas eléctricas vinculadas a la Gigafactoría de Tesla. El ataque de 2024, firmado como “Grupo Volcán: apagad Tesla”, dejó la planta sin suministro durante varios días y causó pérdidas superiores a 90 millones de euros, según la empresa.

Ahí se entiende mejor el nervio. Cuando se bloquea una carretera, el poder habla de molestias. Cuando se ocupa una mina de carbón, habla de orden público. Pero cuando se interrumpe la electricidad de una fábrica de Elon Musk y aparecen 90 millones de euros sobre la mesa, entonces el Estado descubre la palabra “terrorismo” con una pasión casi religiosa.

La Fiscalía Federal alemana mantiene cuatro investigaciones federales abiertas sobre el Grupo Volcán. La más antigua viene de 2011. No hay ni una sola detención relacionada con los ataques. El 24 de marzo, unos 500 agentes registraron 14 propiedades vinculadas a la izquierda berlinesa por otro ataque incendiario contra dos torres de alta tensión en septiembre de 2025. Tampoco hubo orden de detención. Mucho aparato. Muchas cámaras. Pocas certezas.

La recompensa ofrecida por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, lo dice todo: un millón de euros por información que lleve a detener a los autores. Era diez veces más que la recompensa ofrecida para capturar al autor del atentado del mercado navideño de Berlín de 2016, donde murieron 13 personas, y unas 40 veces más que lo pagado por detener a Daniela Klette, antigua integrante de la RAF arrestada en 2024 tras más de tres décadas fugada. El mensaje es transparente. Puedes destruir el clima durante décadas con traje y despacho. Pero si tocas la infraestructura que sostiene el beneficio, el Estado te perseguirá como enemigo existencial.

Dobrindt ya había agitado en 2022 el fantasma de una “RAF climática” contra activistas que bloqueaban carreteras. Es una comparación tramposa. La RAF cometió más de 30 asesinatos y secuestros. El Grupo Volcán no ha provocado muertes directamente atribuibles a sus acciones. Pero al poder no le interesa distinguir. Le interesa contaminar el debate, meter en el mismo saco a quienes protestan, a quienes bloquean, a quienes sabotean, a quienes ocupan minas y a quienes se niegan a aceptar que el planeta sea una línea de negocio.

Hay, aun así, una pregunta que la izquierda no puede esquivar. ¿Qué ocurre cuando una acción contra la economía fósil deja sin luz a hogares, hospitales y personas mayores? El propio Grupo Volcán pareció admitir el golpe fallido. El 8 de enero, tras la aparición de comunicados contradictorios y teorías sobre Rusia, escribió que el impacto sobre unos 40.000 hogares particulares no había sido intencionado ni previsto. Incluso afirmó que, de haber conocido las consecuencias para ciertos sectores de población, habría actuado en una época más cálida.

Ese matiz importa. No absuelve, pero importa. Revela que no estamos ante una pulsión homicida, sino ante una práctica política que se sabe en una zona extrema, peligrosa, desesperada. Una práctica que nace de una verdad insoportable: las instituciones han hecho demasiado poco, demasiado tarde, demasiado subordinadas a quienes queman el mundo.

La salida cómoda sería condenarlo todo y volver a dormir. La salida honesta es más dura. Hay que defender la desobediencia climática, asumir que el sabotaje será parte del debate político del siglo XXI y exigir una ética material de la acción: no golpear hospitales, no abandonar a personas vulnerables, no convertir a la clase trabajadora en daño colateral de una guerra que debe dirigirse contra los dueños del incendio.

Porque cuando el planeta arde y el poder protege la gasolina, la rabia no desaparece: aprende a cortar cables.