Marlaska descubre la dignidad policial cuando el golpe viene de Peinado 

El ministro exige medidas al CGPJ por una sospecha contra la Policía, pero el mismo celo institucional desaparece cuando las porras caen sobre manifestantes.

TODO ES GRAVÍSIMO

Fernando Grande-Marlaska ha decidido ponerse solemne. Muy solemne. El ministro del Interior ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial la “más enérgica queja” contra el juez Juan Carlos Peinado por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en el auto sobre Begoña Gómez. Todo muy institucional. Todo muy rápido. Todo muy digno.

El motivo es conocido. Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y ha fijado medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el ruido judicial habitual de una causa convertida desde hace tiempo en campo de batalla política. Pero el magistrado fue más allá. En su auto afirmó que los agentes que acompañan a Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una eventual fuga.

Y ahí Marlaska vio el abismo. No por la instrucción, no por la deriva del caso, no por el espectáculo permanente en torno a la esposa del presidente. Lo vio porque un juez insinuó que policías y superiores podrían obedecer órdenes ilegales. Para eso sí hubo comunicado, queja formal, lenguaje de Estado y llamada al CGPJ.

El Ministerio del Interior considera que esas “sospechas injustificadas” no afectan solo a los agentes concretos asignados al servicio de acompañamiento de Begoña Gómez. Afectan también a sus superiores jerárquicos, porque el auto abre la puerta a la idea de que pudieran dictar órdenes ilegales. Marlaska ha llevado la queja a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, para que se adopten, “en su caso”, las medidas procedentes.

La frase clave es esa: “un hecho de máxima gravedad”. Así lo ha definido Interior. Y conviene no perderla de vista, porque en este país la gravedad institucional tiene un funcionamiento curioso. Depende mucho de quién recibe el golpe. Depende de si el golpe es simbólico o físico. Depende de si se cuestiona a la Policía en un papel judicial o si la Policía cuestiona a golpes el derecho de manifestación.

Ahí cambia la música.

Marlaska ha defendido “la plena profesionalidad” de los agentes y de sus mandos, cuya actuación, según el ministro, se desarrolla “únicamente en parámetros de legalidad” y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho. Suena bien. Incluso suena necesario cuando un juez suelta una insinuación tan grave sin probarla con el rigor que exige una acusación de ese calibre. Pero el problema de Marlaska no es defender a policías frente a una sospecha judicial. El problema es la asimetría. La doble velocidad. La indignación selectiva.

Porque cuando se acusa a la Policía desde un juzgado, el ministro se activa. Cuando las imágenes muestran a antidisturbios aporreando manifestantes, estudiantes, trabajadoras, pensionistas, activistas o periodistas, entonces todo se vuelve más borroso. Se habla de proporcionalidad. De contexto. De tensión. De actuaciones puntuales. De investigación interna. De esperar informes. De no prejuzgar. De no alimentar discursos antipoliciales. De cualquier cosa menos de llamar a las cosas por su nombre.

La profesionalidad policial merece defensa frente a acusaciones infundadas. La ciudadanía también merece defensa frente a abusos uniformados.

LA PORRA NO PARECE OFENDER TANTO AL MINISTERIO

Lo obsceno no es que Marlaska proteste por las palabras de Peinado. Lo obsceno es que esa misma energía no aparezca cuando el Estado de Derecho se mide en carne, moratones y miedo. Porque el derecho de manifestación también forma parte del Estado de Derecho. La integridad física de quienes protestan también. La libertad de prensa de quienes cubren una carga policial también. La obligación de rendir cuentas también.

Pero ahí el Ministerio suele ponerse prudente. Una prudencia de terciopelo para el poder y de cemento para la calle. Cuando la sospecha cae sobre la Policía, Interior se siente atacado. Cuando la porra cae sobre la ciudadanía, Interior pide paciencia.

Los sindicatos policiales Jupol, SUP y CEP también han reaccionado contra Peinado. Han exigido rectificación. Han arremetido contra el juez. Han visto una ofensa intolerable en la posibilidad de que se sugiera que agentes puedan facilitar una fuga. Y, de nuevo, la pregunta no es si tienen razón al considerar grave esa insinuación. La pregunta es por qué esa indignación corporativa aparece con tanta nitidez cuando se cuestiona el honor del cuerpo, pero tantas veces se diluye cuando se cuestiona el uso de la fuerza contra quienes protestan.

Ese es el agujero. No el de la autoridad, sino el de la democracia real. Porque una democracia no se protege envolviendo a la Policía en papel sagrado. Se protege haciendo que la Policía responda ante la ley, ante la sociedad y ante los derechos fundamentales. Sin privilegios. Sin blindajes. Sin esa doctrina venenosa según la cual criticar una actuación policial equivale a atacar a todo el cuerpo.

Peinado ha escrito una barbaridad si no tiene pruebas sólidas para sostenerla. Una acusación así no puede lanzarse como quien deja caer una sospecha en mitad de un auto. Mucho menos contra agentes concretos y contra una cadena de mando. Pero Marlaska tampoco puede pretender que la legalidad policial sea un dogma solo cuando le conviene. La legalidad se demuestra. Se fiscaliza. Se documenta. Se exige.

Ahí está la contradicción. El Gobierno se indigna cuando un juez insinúa que policías podrían obedecer órdenes ilegales. Bien. Pero el propio Estado ha normalizado durante años una cultura policial donde demasiadas actuaciones violentas acaban en archivo, silencio o medalla. Donde identificar al agente responsable se vuelve una gincana. Donde las y los manifestantes tienen que demostrar que no provocaron el golpe que recibieron. Donde la autoridad pública se protege a sí misma antes que proteger derechos.

No es una cuestión antipolicial. Esa es la trampa barata. Es una cuestión democrática. Las y los agentes que trabajan correctamente necesitan que se persigan los abusos, no que se tapen. Las y los policías que cumplen la ley no se benefician de la impunidad de quienes la retuercen. Y una ciudadanía adulta no tiene por qué elegir entre Peinado y Marlaska, entre la sospecha judicial sin pruebas y la defensa corporativa sin autocrítica.

El caso Begoña Gómez se ha convertido ya en una trituradora institucional. Peinado empuja desde un juzgado una causa que cada día parece más atravesada por el ruido político. El Gobierno responde con comunicados, quejas y gestos de trinchera. La derecha agita el expediente como si hubiera encontrado petróleo. Y en medio, otra vez, el Estado se mira a sí mismo. Sus jueces. Sus policías. Sus ministros. Sus sindicatos. Su honor.

Pero la calle queda fuera de plano.

La misma calle que ha visto cargas policiales contra protestas sociales, desahucios, movilizaciones antifascistas, marchas laborales o concentraciones por Palestina. La misma calle donde se reparte autoridad a golpe de defensa extensible. La misma calle a la que luego se le pide confianza institucional, moderación y respeto.

Pues no. El respeto institucional no se mendiga. Se gana. Y se gana defendiendo a la Policía cuando se la acusa sin pruebas, sí, pero también señalando a la Policía cuando golpea sin razón. Todo lo demás es corporativismo con traje de Estado.

Para proteger el prestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no basta con exigir respeto a Peinado: hay que exigir responsabilidades cuando una porra confunde autoridad con castigo.