Patriotismo de pulsera y deuda con Hacienda: la España de la bandera en la muñeca también aparece en la lista de morosos 

La Agencia Tributaria retrata otra vez a una élite mediática y empresarial que presume de país mientras deja millones pendientes en la caja común.

LA PATRIA NO SE PAGA CON PULSERAS

La Agencia Tributaria publicó el 30 de junio su decimotercera lista de grandes morosos con Hacienda. Y, otra vez, el retrato es incómodo. No solo por los nombres famosos. No solo por las cifras. También por la estética. Por esa manera tan española, tan de plató, tan de palco, de confundir el amor al país con llevar la bandera en la muñeca mientras la deuda con lo público queda para otro día. Patriotismo de mercadillo para tapar agujeros fiscales.

Ahí vuelven Kiko Matamoros y Patricia Conde. Él, registrado como Juan Francisco Matamoros Hernández, reaparece después de tres años fuera con 600.740 euros pendientes. Ella vuelve tras dos años fuera con 714.615 euros. Patricia Conde es, precisamente, la excepción estética de este cuadro: no encaja en esa liturgia de la pulsera rojigualda que tanto gusta a otros nombres del listado. Pero el problema de fondo no cambia. La lista no mide gestos, mide deudas firmes. Y cuando la Agencia Tributaria publica nombres es porque hablamos de pasivos superiores a 600.000 euros, impagados a 31 de diciembre de 2025, no aplazados, no suspendidos y firmes.

El desfile sigue con Bertín Osborne, con 835.000 euros pendientes; Paz Vega, cuyo nombre real es María Paz Campos Trigo, con más de 1,8 millones; e Isabel Pantoja, con más de 1,2 millones. Nombres de televisión, cine, canción y portada. Gente que ha vivido durante años en el escaparate de la España sentimental. La España de los aplausos, de los programas del corazón, de los titulares amables, del “qué grande eres”. Luego llega Hacienda y aparece otra foto. Menos glamurosa. Bastante más real.

También figuran Mario Conde, con más de 1,9 millones; Arda Turan, con 1,2 millones; el exárbitro José Enríquez Negreira, con más de un millón; y José Emilio Rodríguez Menéndez, fallecido en octubre del año pasado, con más de 4 millones a deber. La masa hereditaria de Carmina Ordóñez mantiene más de 1,3 millones pendientes. Luis Medina, hijo de Naty Abascal y absuelto en el caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, aparece con más de 640.000 euros.

No estamos ante una anécdota de famosos despistados. Estamos ante una radiografía de clase. Las trabajadoras y trabajadores que pagan nómina a nómina no tienen tertulia para explicar su “situación complicada”. Las autónomas y autónomos no pueden envolver una deuda fiscal en nostalgia, bandera, victimismo o apellido compuesto. Las y los contribuyentes comunes sostienen hospitales, escuelas, dependencia, becas, carreteras y servicios públicos. Otros convierten la patria en decorado.

LOS GRANDES AGUJEROS ESTÁN EN EL LADRILLO Y LA ENERGÍA

Claro que los famosos son la parte vistosa. La parte televisiva. La que hace ruido. Pero el núcleo duro del problema está donde casi siempre: en las empresas. En el ladrillo. En la energía. En los combustibles. En ese capitalismo español que se llenó la boca de progreso mientras privatizaba beneficios y dejaba pufos para que el Estado hiciera de basurero contable.

Reyal Urbis SA vuelve a liderar el ranking nacional, como hace desde 2015, con casi 265 millones de euros de deuda. Le sigue Bio-Zenite Energy SA, con unos 233 millones. Metaway Combustibles aparece con cerca de 196 millones y Vertix Petroleum SLU ronda los 195 millones. Después llega el reguero: decenas de inmobiliarias arrastradas desde la anterior crisis y empresas de hidrocarburos que han dejado una factura colosal. Cuando el negocio sale bien, manda el mercado. Cuando sale mal, aparece el Estado.

También están Desguaces La Torre, vinculada a Luis Miguel Rodríguez, El Chatarrero, con más de 4,3 millones; Kulteperalia, sociedad vinculada a José Luis Moreno, con más de 781.000 euros; Liew, la empresa de la cadena Inside, en concurso de acreedores desde enero; y Villafuel, vinculada al empresario y comisionista Víctor de Aldama. El nombre de Agapito García Sánchez sigue siendo una referencia histórica entre las personas físicas, con casi 15 millones de deuda tras un caso que llegó al Supremo.

La lista también roza la política de cloaca digital. PKW Italien y Tuttomare Charter, ligadas al chiringuito que financió a Luis Pérez, conocido como Alvise, han rebajado sus obligaciones, pero siguen dentro. PKW Italien debe 674.000 euros tras reducir unos 340.000 euros. Tuttomare Charter ha recortado 93.000 euros y mantiene 652.000 euros pendientes. Mucho discurso contra “la casta”, mucha épica de salvación nacional, pero la caja común sigue esperando.

En total, la lista incluye 5.853 personas físicas y empresas, un 2,4% menos que el año anterior. Acumulan 15.432 millones de euros en obligaciones pendientes, un 4,4% menos que en la edición anterior. Si se eliminan duplicidades por la aparición de deudores principales y responsables solidarios, la cifra queda en 15.364 millones, lo que supone un 12,2% más que en el ejercicio previo. La letra pequeña importa. Mucho. Porque sirve para desmontar el cuento de que esto va solo de cuatro caras conocidas.

Las empresas concentran casi nueve de cada diez euros de la deuda. El 20% de los deudores está inmerso en procesos concursales, con 4.288 millones de euros afectados, lo que reduce las opciones reales de cobro para la Agencia Tributaria. Desde el año pasado han salido 879 contribuyentes y han entrado 735 nuevos. El listado se mueve, sí, pero el patrón permanece. Los de arriba siempre encuentran pasillos, recursos, concursos, sociedades, herencias, pantallas y abogados. Las de abajo y los de abajo encuentran recargos.

El Tribunal Supremo fijó en varias sentencias de 2023 que solo pueden publicarse deudas y sanciones tributarias definitivas, y, en liquidaciones vinculadas a delitos, aquellas respaldadas por sentencia condenatoria firme. No hablamos, pues, de una sospecha lanzada al aire. Hablamos de una lista oficial. De nombres concretos. De cifras concretas. De dinero que falta.

Y mientras algunos se envuelven la muñeca con la bandera, la patria real —la sanidad pública, la escuela, la dependencia, la vivienda, los servicios que sostienen la vida— sigue esperando que paguen lo que deben.