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El CNIO examina posibles irregularidades mientras la fundación CRIS mantiene el dinero a la espera de un plan
La campaña que convirtió a Mariano Barbacid en símbolo de esperanza frente al cáncer de páncreas atraviesa ahora su momento más delicado. El estudio que sustentaba buena parte de ese impulso ha sido retirado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y la pregunta que sobrevuela es inevitable: qué ocurre con los 3,6 millones de euros recaudados.
La retirada no se debe a errores científicos en los resultados, al menos sobre el papel, sino a la falta de declaración de un conflicto de intereses. Barbacid, junto a dos coautoras, participaba en la empresa Vega Oncotargets, creada en 2024 para explotar comercialmente los posibles avances. Esa relación no se comunicó al publicar el artículo en la revista PNAS, lo que ha obligado a retractarlo.
Desde el entorno del investigador se insiste en que todo responde a un “olvido” y a una “cuestión formal”. Se intenta rebajar la gravedad. Pero el movimiento ha encendido alertas dentro y fuera de la comunidad científica. No es un matiz menor. Es una de las reglas básicas del sistema.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde trabaja Barbacid, ha abierto un análisis interno. Lo hace amparándose en su propio Código de Buenas Prácticas Científicas, que considera la no declaración de conflictos de interés como una posible “mala praxis”. Y no es solo una etiqueta. El protocolo contempla la intervención del Comité Científico y la eventual imposición de sanciones disciplinarias.
El artículo 5.2 del código es claro: cualquier conflicto, real o potencial, debe comunicarse. No hacerlo activa un proceso de evaluación formal que puede acabar en una resolución vinculante. No es una recomendación. Es una obligación.
Un dinero en pausa y un destino sin definir
Mientras tanto, el foco se desplaza hacia la financiación. La fundación CRIS Contra el Cáncer, que impulsó la recaudación, ha confirmado que los 3,6 millones de euros siguen bajo su control. El dinero no se ha perdido. Pero tampoco tiene todavía un destino definido.
La organización habla de esperar a un plan técnico antes de decidir. Una pausa que, lejos de tranquilizar, abre nuevas incógnitas. Dentro del CNIO hay inquietud. Algunas fuentes internas cuestionan cómo se canalizarán esos fondos y advierten de un riesgo reputacional evidente.
La preocupación es directa: si el dinero no se articula a través del laboratorio público en el que se desarrolló la investigación, podría interpretarse que se ha utilizado la imagen de un científico financiado con recursos públicos para captar fondos con fines privados. Es una línea delicada. Muy fina.
Desde el equipo de Barbacid se defiende que la empresa Vega Oncotargets es necesaria para avanzar. Carmen Guerra, coautora del estudio, sostiene que la fase actual —el descubrimiento de fármacos— requiere infraestructuras y contratación que el CNIO no puede asumir. Habla de la necesidad de incorporar al menos a ocho químicos y de inversiones que el sistema público no cubre.
La lógica empresarial se cuela así en un terreno tradicionalmente público. Y no sin fricción.
Conflictos previos y tensiones internas
La relación entre el CNIO y Vega Oncotargets no es nueva. Ya había sido cuestionada antes de este episodio. Informes internos alertaban de posibles conflictos de intereses y de propuestas de acuerdos consideradas perjudiciales para el centro. Se llegó a plantear la cesión gratuita de patentes y conocimiento técnico, algo que chocaba con los procedimientos habituales.
En paralelo, la crisis institucional del CNIO sigue de fondo. La salida del exgerente Juan Arroyo y de la directora científica Maria Blasco dejó un clima enrarecido. La Fiscalía Anticorrupción investiga prácticas como el uso reiterado de contratos menores o la simulación de competencia. Un contexto que amplifica cualquier polémica.
En ese escenario, el caso Barbacid no es un episodio aislado. Se percibe como una pieza más de un sistema tensionado.
Expertos en evaluación científica son tajantes. Félix de Moya Anegón subraya que el conflicto de intereses es evidente: investigar un producto que podría ser comercializado por una empresa propia exige máxima transparencia. Y más aún cuando se utiliza una vía de publicación —la modalidad “contributed” de PNAS— que permite a los autores elegir revisores.
Otros van más allá. Isidro F. Aguillo plantea que deberían aplicarse sanciones severas, incluyendo la exclusión temporal de publicar en la revista y una revisión de la relación contractual con el CNIO. Recuerda precedentes como el de Josep Baselga en 2018, apartado de su institución por situaciones similares.
Expectativas infladas y pacientes desorientados
Pero hay otro elemento que pesa. Quizá el más incómodo. La gestión de las expectativas.
La campaña de recaudación y la exposición mediática generaron una ola de esperanza difícil de sostener. El propio CNIO recibió la mayor avalancha de consultas de su historia. Pacientes preguntando por ensayos clínicos que no existían. Familias buscando una opción que todavía no estaba disponible.
Algunas intervenciones públicas, como la aparición de Barbacid en televisión, contribuyeron a esa percepción. Se transmitió la idea de un avance cercano. Incluso de una solución en marcha. La realidad era otra. Mucho más lenta. Mucho más incierta.
Investigadores como Xosé Bustelo lo advirtieron en su momento. Existe una línea muy fina entre comunicar avances y generar falsas esperanzas. Cuando se cruza, el impacto no es solo científico. Es humano.
Ahora, con el estudio retirado y el dinero en pausa, esa tensión se hace visible. No es solo una discusión sobre protocolos o publicaciones. Es una cuestión de confianza. Y de credibilidad en un sistema que vive, precisamente, de ambas.
Porque cuando la ciencia se mezcla con expectativas infladas, financiación opaca y conflictos no declarados, lo que se pone en juego no es un artículo retirado. Es algo mucho más difícil de recuperar.
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