Qué posibilidades reales hay de recuperar el decreto de los alquileres tras su caída en el Congreso 

Sumar insiste en reactivar la medida mientras el PSOE evita comprometerse y el bloque conservador mantiene su rechazo

El decreto para aliviar la crisis de vivienda ha caído. Así, sin matices. El 28 de abril, PP, Vox y Junts unieron sus votos en el Congreso y tumbaron una norma que apenas llevaba un mes en vigor. Con ella desaparece, al menos por ahora, la posibilidad de que quienes tengan contratos que vencen en 2026 y 2027 —unos tres millones de personas en cerca de un millón de hogares, según cifras del Ejecutivo— puedan prorrogar su alquiler al mismo precio. El impacto es directo. Y masivo.

Pero la derrota parlamentaria no ha cerrado del todo la puerta. Sumar se resiste a dar el tema por perdido. Lo hace con una idea clara: volver a aprobar el decreto en Consejo de Ministros y ganar tiempo. Un mes más, al menos. Un margen para intentar negociar de nuevo lo que ahora mismo parece bloqueado.

El problema es que el socio mayoritario del Gobierno no parece estar en esa fase. El PSOE, por ahora, guarda silencio sobre esa posibilidad. Fuentes del Ministerio de Vivienda hablan de “intensificar contactos”, pero en otra dirección: la regulación de los alquileres de temporada. Es otra ley. Otro enfoque. Y, sobre todo, otro calendario que lleva meses encallado.

En el fondo, lo que ha quedado claro tras la votación es algo más incómodo: hoy no hay mayoría suficiente para sacar adelante esta medida. Ni siquiera repitiendo el intento.

Un decreto sin números y con una negociación fallida

La votación dejó una fotografía nítida. A favor estuvieron PSOE, Sumar y sus socios habituales: ERC, EH Bildu, Podemos, BNG o Coalición Canaria. En contra, PP, Vox y Junts. El PNV optó por la abstención, una vez asumido que el decreto no saldría adelante.

El resultado no fue ajustado. Fue contundente. Y eso pesa.

En los días previos hubo intentos de última hora. Sumar trató de convencer a Junts aceptando parte de sus exigencias. Sobre la mesa: incentivos fiscales para propietarios y medidas como el IVA franquiciado para autónomos. Un gesto relevante. No suficiente. El PSOE no se movió en esa dirección, convencido de que Junts ya había decidido tumbar el decreto desde hacía semanas.

Y ahí se rompe la negociación. No en el pleno. Antes.

Desde el entorno socialista insisten en que no había margen real. Que todo lo demás ha sido, en parte, escenificación. Una forma de mantener el discurso político pese a saber que los números no daban. Lo dicen sin rodeos: la votación solo confirmó lo que ya estaba decidido.

El choque político: vivienda como derecho o como mercado

En el hemiciclo, el debate fue más allá de lo técnico. El ministro Pablo Bustinduy lo planteó como una cuestión de fondo: elegir entre entender la vivienda como un derecho o como un activo financiero. No es una frase menor. Resume el conflicto.

Según el ministro, la caída del decreto deja “a la intemperie” a millones de inquilinos. También cuantificó el impacto: un coste medio de 2.000 euros más al año por hogar, con subidas de 600 o 700 euros mensuales en ciudades como Madrid. Cifras que, más allá del debate político, dibujan una realidad complicada para muchas familias.

Junts, sin embargo, defendió su voto en contra con otro argumento. Considera que la medida genera inseguridad jurídica y falsas expectativas. Su propuesta va por otra vía: deducciones fiscales más amplias para el alquiler. Una fórmula que, según sostienen, abarataría el coste sin cargar sobre los propietarios.

Dos enfoques. Difíciles de reconciliar.

Desde la derecha, el discurso fue aún más claro. PP y Vox rechazaron cualquier intervención en el mercado. Hablan de menos oferta, de distorsiones, de efectos negativos sobre los precios. Es un marco clásico. Lo han mantenido sin fisuras.

Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez defendía, horas antes de la votación, la necesidad de intervenir. Recordó que en algunas ciudades las familias destinan más del 70% de sus ingresos a la vivienda. Un dato que explica por qué el debate no es menor. Ni técnico.

¿Se puede recuperar el decreto?

La pregunta sigue en el aire. Técnicamente, sí. El Gobierno podría volver a aprobar el decreto y llevarlo otra vez al Congreso. No hay límite en ese sentido. Pero la política no funciona solo con posibilidades formales.

La clave está en los apoyos. Y hoy no están.

Para que la medida prospere, Junts tendría que cambiar su posición o el Ejecutivo encontrar una fórmula distinta que sume votos. No parece fácil. Las posiciones están bastante definidas. Quizá demasiado.

Sumar insiste en intentarlo. Bustinduy ha sido claro: aprobar la medida “las veces que haga falta”. El PSOE, en cambio, mide más los tiempos. Y los riesgos.

Entre ambos enfoques se mueve ahora el Gobierno. Con un margen estrecho. Con un problema real sobre la mesa. Y con millones de personas pendientes de una decisión que, de momento, no llega.

Porque el decreto puede volver. Lo que no está claro es que esta vez tenga los votos.