El Gobierno de Friedrich Merz aprueba ajustes de hasta 38.300 millones en sanidad y prestaciones mientras impulsa un rearme anual de 100.000 millones
La noticia llevaba días flotando en Berlín. Se intuía en cada filtración, en cada reunión a puerta cerrada. Pero el golpe ha llegado antes incluso de la comparecencia oficial. La coalición entre la CDU de Friedrich Merz y el SPD ha cerrado un paquete de recortes que redefine el modelo social alemán. Sin rodeos. Sin anestesia.
El argumento es conocido: el sistema “no es sostenible”. Lo dijo el propio canciller nada más aterrizar en el poder. Ahora lo traduce en cifras. El plan contempla un ajuste de 19.300 millones de euros ya el próximo año y una reducción acumulada que alcanzará los 38.300 millones en 2030. El foco está claro: sanidad, pensiones y ayudas públicas.
No es un recorte aislado. Se suma a una estrategia más amplia que convive con un programa de rearme estimado en 100.000 millones de euros anuales. La comparación resulta inevitable. El Estado adelgaza en lo social mientras engorda en lo militar. Y lo hace en pleno contexto de tensión internacional.
Un modelo social que se encoge
Uno de los cambios más simbólicos rompe un tabú histórico. Desaparece la gratuidad de la seguridad social para cónyuges sin ingresos. A partir de ahora, quienes no cumplan determinadas condiciones deberán aportar al menos un 2,5% de los ingresos del cónyuge asegurado. La propuesta inicial era del 3,5%, pero el mensaje es otro: la puerta queda abierta a futuras subidas.
Hay excepciones. Familias con hijos pequeños, personas cuidadoras o pensionistas vulnerables podrán acogerse a condiciones más favorables. Pero el cambio de fondo permanece. El sistema deja de ser universal en la práctica y se vuelve más restrictivo. Más condicionado.
El paquete incluye también un aumento de los copagos en medicamentos y hospitalización. Y una reforma de la financiación que presiona aún más a las Krankenkassen, las cajas del seguro, que arrastran un déficit anual de unos 3.300 millones de euros.
El SPD ha introducido algunos matices. Eleva el umbral de ingresos para permanecer en el sistema público hasta los 100.000 euros, con el objetivo de evitar una fuga hacia seguros privados. Pero incluso esa medida revela la tensión interna del modelo: cada vez más segmentado, cada vez más frágil.
Mientras tanto, las pensiones se redefinen. El propio Merz ha admitido que pasarán a ser una “cobertura básica”. Es decir, dejarán de garantizar el nivel de vida en la vejez. Una transformación silenciosa, pero profunda.
Infancia, precariedad y cálculo político
El ajuste no termina ahí. El Gobierno planea recortar ayudas a más de 850.000 menores cuyos progenitores no pagan la manutención. La medida reducirá la cobertura hasta los 12 años, dejando fuera a adolescentes de entre 12 y 18. El ahorro estimado ronda los 1.000 millones de euros.
No es un colectivo cualquiera. Son familias que ya viven al límite. Padres y madres solteras que quedan justo por encima del umbral de acceso a otras prestaciones. Es decir, quienes menos margen tienen para absorber el golpe.
El Ejecutivo defiende que todo responde a un problema estructural. El envejecimiento. Las cifras son contundentes. En 2025 nacieron 654.300 bebés, el nivel más bajo desde 1946, cuando en plena posguerra se registraron unos 922.000 nacimientos. Ese mismo año, las muertes superaron los 1,01 millones.
El equilibrio demográfico se rompe. Y con él, la base del sistema de bienestar. Esa es la explicación oficial. Pero no es la única lectura posible. También hay decisiones políticas. Prioridades.
Un Gobierno debilitado y una ultraderecha al alza
El coste político ya se nota. En el último ranking de Insa, Merz ocupa el último puesto entre 20 líderes políticos. Dentro de su propio espacio, figuras como Markus Söder o el ministro de Defensa, Boris Pistorius, le superan con claridad.
Más preocupante para el Gobierno es la fotografía electoral. El último barómetro de RTL sitúa a la AfD en cabeza con un 27%, cinco puntos por delante de la CDU/CSU, que cae al 22%. El SPD se queda en un 12%. Un escenario que tensiona aún más la coalición.
Las grietas también aparecen dentro del Parlamento. Un grupo de jóvenes diputados, conocido como el “Grupo 25”, empieza a organizar resistencia interna. Son parlamentarios menores de 35 años, muchos de ellos recién llegados. Representan a quienes sienten que las reformas golpean directamente a su generación.
Incluso dentro de la CDU surgen voces críticas. El presidente de la CDU de Mayores, Hubert Hüppe, ha advertido del riesgo de desincentivar el trabajo si las pensiones quedan por debajo de la subsistencia digna. Una advertencia que conecta con una preocupación más amplia: el deterioro del contrato social.
Alemania no está sola en este camino. Pero su caso pesa. Durante décadas fue el ejemplo de equilibrio entre mercado y protección social. Hoy ese equilibrio se resquebraja. Y lo hace en un momento en el que el miedo, la desigualdad y la incertidumbre alimentan otras fuerzas políticas.
El mensaje es claro, aunque no siempre se diga en voz alta: el bienestar se recorta porque hay otras prioridades. Y esas prioridades ya no pasan por sostener la vida, sino por prepararse para el conflicto.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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