Cómo la condena al fiscal general intenta blindar al novio de Ayuso 

El Supremo abre una grieta judicial que la derecha mediática ya explota como si fuera un salvoconducto.

UNA CONDENA QUE NO RESUELVE LAS CAUSAS Y QUE AYUSO DESPLIEGA COMO ARMA POLÍTICA

La escena ocurrió hace apenas dos semanas. En la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Alberto González Amador pidió la palabra. Un minuto. Solo un minuto. Con los ojos puestos en los siete magistrados, aseguró que la filtración del correo entre su abogado y la Fiscalía le había destrozado la vida. Afirmó que el daño era tan profundo que solo veía dos salidas: abandonar España o suicidarse. La frase se distribuyó velozmente por los despachos políticos, las tertulias y los entornos digitales que orbitan alrededor de Isabel Díaz Ayuso.

Veinticuatro horas después de ese alegato emocional, el Supremo anunció su decisión avanzada: dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización a González Amador. La sentencia completa aún no está redactada, pero el efecto ya estaba calculado: es una victoria política para Ayuso, que ha colocado la pieza en su tablero para sostener la tesis del complot que repite desde 2024.

El caso era perfecto para su narrativa. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, castigado por filtrar un correo que revelaba que el abogado del novio de la presidenta reconocía dos delitos fiscales y buscaba un pacto para rebajar la pena. Una filtración inadmisible, sí. Una irregularidad institucional, también. Pero, sobre todo, un hilo del que Ayuso llevaba meses tirando para justificar el supuesto linchamiento político contra su pareja.

Lo relevante ahora no es tanto la condena al fiscal como el uso que hace Amador de ella. Su defensa ha repetido durante meses que los derechos fundamentales de su cliente fueron vulnerados: intimidad, protección de datos, presunción de inocencia y derecho a la defensa. Lo presenta como una indefensión con “una intensidad jamás vista en el sistema judicial”. Y ahora, con la condena, pretende elevar ese discurso a rango de estrategia salvadora.

Sin embargo, la operación tiene grietas. La justicia ya rechazó en dos ocasiones sus intentos de detener el procedimiento por esa supuesta vulneración. Primero, el Juzgado 19 de Instrucción. Después, la Audiencia Provincial. Ninguno encontró motivo para anular una investigación basada en presuntos fraudes fiscales, facturas falsificadas y un posible soborno empresarial. El caso penal no desaparece porque se haya producido una filtración; esta es la opinión mayoritaria en el mundo jurídico.

Pero la derecha política y mediática no funciona con argumentos, sino con amplificaciones. Las y los jueces aún no han escrito la motivación de la sentencia y ya se habla de absolución anticipada, de causa contaminada, de operación política. La condena al fiscal se usa como si limpiara de golpe todos los delitos de Amador, como si la revelación de un correo invalidara el contenido del propio correo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid afina su relato: el fiscal general filtró, por tanto todo lo procedente de la investigación contra Amador es nulo. Una conclusión tan políticamente rentable como jurídicamente insostenible.

LO QUE DICEN REALMENTE LOS JUZGADOS: EL FRAUDE SIGUE, LOS PROCEDIMIENTOS SIGUEN

González Amador tiene dos frentes judiciales abiertos: un juicio penal por fraude fiscal y falsedad documental, aún sin fecha, y otra causa por soborno empresarial que sigue en fase de investigación. Sus abogados, Gabriel Rodríguez Ramos y Carlos Neira, han intentado convertir la filtración en un ariete para retrasar, modificar o anular los procedimientos.

En junio, en un recurso al Juzgado 19, relataron con detalle los hechos que hoy han llevado a la condena del fiscal: los correos reenviados a la cuenta personal del fiscal general, las comunicaciones internas, la nota de prensa del 14 de marzo de 2024. Es un relato minucioso pensado para construir un clima de sospecha, no para desmontar pruebas tributarias ni reconstruir la realidad contable de su cliente.

La jueza Iglesias fue clara: esos argumentos eran “ajenos a este procedimiento”. La Audiencia Provincial lo reiteró: no hay conexión jurídica entre la filtración y la investigación del fraude. La existencia de una vulneración de la intimidad no borra la existencia de delitos fiscales. Ni convierte el presunto soborno empresarial en un espejismo.

“Esto no es debatible”, explica el catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva. Lo plantea de manera contundente: si alguien acusado de homicidio alegara que un secreto suyo fue revelado por un funcionario, ¿debería anularse la causa del homicidio? La analogía desmonta la pretensión de Amador: la filtración podrá tener repercusiones, pero no sirve de pasaporte a la absolución.

La derecha, sin embargo, necesita una coartada moral. Necesita convertir al novio de Ayuso en víctima absoluta para que no se hable de los delitos por los cuales se le investiga. Necesita un mártir que confirme su relato de persecución. El Supremo acaba de ofrecer una pieza. Ayuso la convertirá en un tótem.

Lo que queda por ver es si el contenido de la sentencia —todavía por redactar— permitirá a Amador forzar una maniobra procesal más agresiva: una nulidad total. De momento, nada apunta a que vaya a prosperar. Pero eso no impedirá que la maquinaria mediática convierta esta condena en la palanca ideológica del mes.

La justicia seguirá su curso. Pero la política ya ha dictado sentencia.