A este paso, el obituario de la democracia lo firmará la propia presidenta madrileña
Si por Isabel Díaz Ayuso fuera, la democracia española tendría más entierros que Julio Iglesias amantes. Cada vez que algo no le gusta —una crítica, una sentencia, una rueda de prensa sin aplausos—, lo declara atentado contra la libertad, asesinato institucional o crimen de lesa patria. El 28 de mayo de 2025, en su enésima resurrección performativa, el sistema democrático volvió a caer fulminado, esta vez a manos del Tribunal Supremo por el terrible delito de no darle la razón a su novio.
LA PAREJA, EL SUPREMO Y LA DIFAMACIÓN SELECTIVA
La escena es tan grotesca como repetida. El Supremo rechazó la demanda que Alberto González Amador —pareja de Ayuso y defraudador confeso— interpuso contra la vicepresidenta María Jesús Montero por llamarle lo que es. El Alto Tribunal consideró que los hechos eran veraces y de interés público, y por tanto, amparados por la libertad de expresión. Fin del asunto judicial. Inicio del drama político.
Ayuso, lejos de acatar la decisión con la mínima dignidad institucional, se lanzó al barro con su estilo habitual: acusó al Supremo de avalar la difamación en España, insinuó que todo forma parte de una “operación de Estado” contra su Gobierno y llegó a desear que al presidente Sánchez lo condenen por narcotráfico. Porque si algo define su manera de hacer política es esta fusión inquietante entre ultraje permanente y fantasía judicial.
Cada vez que el Estado de Derecho no satisface sus impulsos, Ayuso lo da por enterrado. Ya lo hizo cuando los jueces cuestionaron los contratos de su hermano. O cuando se revelaron los negocios de su pareja. O cuando alguien osa preguntarle por qué los muertos de las residencias no merecen una mínima autocrítica. Su libertad es ella. Su verdad es ella. Su democracia, también.
EL OBITUARIO DE LA LIBERTAD QUE NO FUE
Habría que hacer una antología. Una cronología funeraria de las veces que, según Ayuso, la democracia española ha fallecido entre lamentos de chotis y aplausos de la FAES. Murió con los confinamientos. Murió con las mascarillas. Murió con los impuestos. Murió cuando se fiscalizó a la Iglesia. Cuando se le pidió respeto por los fallecidos. Cuando se defendió la sanidad pública. La libertad, ese tótem conceptual que en sus labios se convierte en franquicia ideológica, también ha muerto mil veces. Pero sólo cuando ella no podía fumar en una terraza o insultar sin consecuencias.
La presidenta de Madrid ha convertido el populismo de derecha en un performance diario: un reality show donde ella es la heroína asediada, la víctima del sistema, la Juana de Arco neoliberal que lucha contra el dragón del Estado de Derecho. Y claro, si los jueces no le dan la razón, son rojos. Si los medios publican filtraciones, es persecución. Si la fiscalía investiga a su entorno, es montaje. Todo lo que no encaje en su relato es dictadura encubierta.
A este paso, el obituario de la democracia lo redactará ella misma, en rueda de prensa, entre cafés y carcajadas, tras acusar al Constitucional de comunista y al Papa de bolivariano.
NO ES UNA EXAGERACIÓN. ES UNA ESTRATEGIA
Podríamos reírnos, y lo hacemos. Pero esto no va solo de histrionismo. Va de deslegitimar el sistema a golpe de micrófono. De ir desgastando los contrapesos institucionales con una retórica victimista, mesiánica y autoritaria. Lo hemos visto en Trump. En Bolsonaro. En Milei. Y en cada uno de esos líderes que, cuando la justicia no les sirve, se dedican a dinamitarla desde dentro.
Ayuso no está improvisando. Sabe perfectamente lo que hace. Con cada ataque al Poder Judicial, está preparando el terreno para que, si un día la imputan a ella, todo parezca un complot. Si investigan a su partido, será “la izquierda judicializada”. Si alguien se atreve a auditar sus contratos, será “el socialismo vengativo”. Cuando todo es conspiración, ninguna verdad importa. Y ahí es donde la democracia empieza a morir de verdad.
Mientras tanto, en los hospitales madrileños siguen faltando camas, en las aulas hay más ratio que futuro, y las residencias no han olvidado los 7.291 cadáveres de la pandemia. Pero a eso, Ayuso no le dedica una sola línea de su obituario.
Porque para ella, el sistema solo muere cuando se le lleva la contraria. Lo demás —corrupción, desigualdad, impunidad— no son síntomas de muerte. Son signos de buena salud, siempre que gobierne la reina del monólogo.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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