PP, Vox, Junts y UPN sumaron 179 votos para hacer caer una norma que obligaba a identificar a los grupos de presión, revelar su financiación y hacer públicas sus reuniones con responsables estatales. Los sindicatos también rechazaban el decreto, aunque por un motivo distinto: denunciaban que los trataba como simples lobbies.
Un empresario, una consultora, una patronal o cualquier organización interesada en modificar una ley puede intentar convencer a quienes la redactan. Eso forma parte de la política. Lo que cambia radicalmente las cosas es que la ciudadanía pueda saber quién está intentando influir, sobre qué asunto, con cuánto dinero y después de reunirse con quién.
El Congreso decidió el 16 de septiembre que, de momento, esa información no será obligatoriamente pública.
El Real Decreto-ley 21/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de agosto, fue rechazado por 179 votos contra 155, con 12 abstenciones. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra. PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu lo hicieron a favor. PNV y Podemos se abstuvieron. El Congreso certifica que la norma quedó oficialmente derogada el 16 de septiembre.
La medida pretendía crear por primera vez un Registro de Grupos de Interés de la Administración General del Estado, público, gratuito y obligatorio, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
No era simplemente una lista de nombres.
Los grupos registrados tendrían que informar de su identidad, representantes, actividad de influencia, fuentes de financiación y presupuesto destinado a estas tareas. También debían declarar si entre sus integrantes había personas que hubieran ocupado cargos públicos durante los años anteriores.
Y había una parte bastante más incómoda.
El registro debía incluir las reuniones y audiencias mantenidas con responsables públicos, la norma sobre la que se intentaba influir, las comunicaciones y los documentos relacionados con esa actividad. Las actas tendrían que indicar fecha, lugar, asistentes y temas tratados.
Además, un grupo de interés que no estuviera inscrito no podría, salvo excepciones reguladas, mantener reuniones destinadas a ejercer influencia sobre cargos o personal de la Administración. Y los propios responsables públicos estarían obligados a publicar esas reuniones en el Portal de Transparencia en un plazo máximo de un mes.
Eso es lo que ha desaparecido con los 179 votos del miércoles.
La regulación llevaba años pendiente. El propio decreto recordaba que la OCDE revisó en 2024 sus recomendaciones sobre transparencia en el lobbying y que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, GRECO, había recomendado a España regular estas actividades. La creación del registro aparecía además en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 y volvió a incorporarse al V Plan 2025-2029.
La CEOE se había opuesto al decreto. La patronal rechazaba tener que inscribirse y aportar determinada información para poder mantener reuniones con representantes de la Administración.
Ese dato ayuda a entender qué estaba realmente en juego.
Los lobbies no desaparecen porque no exista un registro. Lo único que desaparece es la obligación de enseñar parte de lo que hacen.
UNA LEY CON PROBLEMAS REALES Y UNA DERROTA QUE LOS GRANDES INTERESES PUEDEN CELEBRAR
La historia sería demasiado sencilla si toda la oposición al decreto procediera de patronales y partidos conservadores.
No fue así.
CCOO y UGT también habían reclamado que la norma no fuese convalidada. Su argumento, sin embargo, era diferente. Consideraban que incluir a los sindicatos dentro de la regulación de grupos de interés ignoraba el papel específico que la Constitución reconoce a las organizaciones sindicales y empresariales dentro del diálogo social. Exigían retirar el decreto y tramitar la regulación como proyecto de ley para poder modificarla en el Parlamento.
Sumar compartía buena parte de esa objeción y durante horas contempló votar en contra. Finalmente apoyó el decreto después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, prometiera una modificación posterior que aclarase que el diálogo social quedaría fuera de la regulación. La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, había llegado a votar telemáticamente en contra antes del cambio de posición.
Hay, por tanto, dos discusiones distintas que conviene no mezclar.
Una es si sindicatos y organizaciones empresariales deben recibir exactamente el mismo tratamiento jurídico que una consultora contratada por una multinacional para modificar una regulación concreta. CCOO y UGT sostienen que no, porque su función representativa aparece reconocida específicamente en los artículos 7 y 28 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
La otra discusión es mucho más amplia: si España necesita saber quién presiona a sus gobiernos y altos cargos para cambiar decisiones públicas.
El decreto permitía conocer incluso la llamada puerta giratoria en sentido inverso: qué personas contratadas por un grupo de presión habían trabajado anteriormente dentro de la Administración. También obligaba a facilitar información financiera, identificar a los clientes cuando se ejerciera influencia por cuenta de terceros y declarar el dinero público recibido por la organización.
Son datos especialmente relevantes en una democracia donde decisiones de miles de millones de euros afectan a sectores como energía, vivienda, banca, sanidad, armamento, telecomunicaciones o grandes infraestructuras.
La influencia política tampoco se ejerce en igualdad de condiciones. Una asociación de barrio puede pedir una reunión. Una gran compañía puede pagar abogados, consultoras especializadas, departamentos de asuntos públicos y antiguos responsables institucionales para mantener relaciones permanentes con quienes escriben las normas.
El decreto no impedía hacerlo.
Pedía dejar huella.
El Gobierno había defendido además que la regulación incorporaba alrededor del 90% de las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios durante la larga tramitación previa y que respondía a compromisos asumidos con Bruselas y organismos internacionales. El PP, pese a apoyar regulaciones similares en el ámbito europeo según sostuvo Óscar López durante el debate, votó finalmente contra la convalidación.
La norma tenía defectos discutidos incluso por organizaciones progresistas y sindicales. Podía modificarse, tramitarse como proyecto de ley, excluir claramente la negociación colectiva y reforzar garantías.
Lo que ha ocurrido es otra cosa: el registro entero ha desaparecido.
Las empresas seguirán reuniéndose con ministros y altos cargos. Las patronales seguirán intentando modificar leyes. Las consultoras seguirán cobrando por abrir puertas. Las organizaciones sociales y sindicales seguirán defendiendo sus intereses.
La diferencia es que la ciudadanía seguirá teniendo muchas menos herramientas para reconstruir quién intentó convencer a quién.
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