El esperpento de Kitchen: la guerra sucia del PP llega al final 

La Fiscalía no mueve una coma y el banquillo retrata lo que el poder quiso dejar fuera: un Estado usado como fontanería privada para proteger al Partido Popular.

LA FOTO INCOMPLETA DE UNA GUERRA SUCIA

El juicio del caso Kitchen encara su tramo final con una imagen difícil de digerir: la Fiscalía Anticorrupción mantiene intacta su petición de 15 años de cárcel para varios de los principales acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, mientras buena parte del ruido político y mediático mira hacia otro lado. Qué casualidad. La última gran operación de guerra sucia conocida en España, ocurrida hace 13 años, avanza hacia sentencia casi como si fuera una molestia administrativa. Como si utilizar presuntamente recursos del Estado para espiar a Luis Bárcenas y recuperar material sobre la caja B del PP fuera un detalle feo. Un exceso. Una cosa antigua.

No lo es. Es una grieta en el régimen.

La vista arrancó el 6 de abril en la Audiencia Nacional, un día antes del juicio a José Luis Ábalos, y está previsto que termine el 30 de julio. La coincidencia temporal ha servido, de hecho, como cortina de humo perfecta. Mientras el presente judicial del Gobierno ocupa horas, tertulias y titulares, el pasado reciente del PP —ese pasado con ministros, policías, fondos reservados y operaciones clandestinas— ha quedado tratado por demasiados altavoces como una historia secundaria. No hay democracia sana cuando la corrupción del adversario es escándalo y la guerra sucia propia es arqueología.

La fotografía del banquillo enseña mucho, pero oculta más. Están Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, José Manuel Villarejo y otros nombres de la policía patriótica. Pero faltan piezas políticas esenciales. El juez Manuel García Castellón dejó fuera a María Dolores de Cospedal y cerró la puerta a seguir subiendo en la pirámide cuando empezaban a aparecer indicios que apuntaban hacia Mariano Rajoy, según denunciaron los primeros fiscales del caso al recurrir el archivo. Ese “círculo rojo” alrededor de la cúpula del PP no es una anécdota procesal: es el marco entero del esperpento. En el banquillo están todos los que el sistema permitió sentar, no todos los que la lógica política obliga a mirar.

También falta Enrique García Castaño, “El Gordo”, el comisario que no pudo ser juzgado por una grave enfermedad tras sufrir un ictus que lo dejó en situación de extrema dependencia. Su papel, aun ausente, pesa como una losa. Sin su declaración autoinculpatoria en instrucción, difícilmente habría caído el primer político: Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. Y sin Martínez, la sombra sobre Fernández Díaz habría sido mucho más difícil de sostener.

Durante el juicio se reprodujo durante nueve horas su testimonio, pero a puerta cerrada. Bonita transparencia. La Audiencia Nacional sí emitió la señal del juicio por Internet, salvo la fase de reproducción de prueba, alegando protección de la intimidad de terceros. Así, quien no estuviera físicamente en San Fernando de Henares no pudo escuchar la frase central: García Castaño aseguró que Martínez le trasladó la preocupación por “unos discos duros” con la contabilidad de Bárcenas, las donaciones y los pagos en B. Dicho sin rodeos: la operación no iba de proteger al Estado, sino de proteger al partido que controlaba el Estado.

EL PACTO DE SILENCIO Y LA POLICÍA COMO CLOACA

La escena judicial más obscena no ha sido solo lo que se ha dicho, sino lo que no se ha querido decir. Francisco Martínez amagó durante años con tirar de la manta. En 2019, cuando se vio acorralado, acudió a dos notarios para dejar constancia de mensajes que conservaba en su móvil. En uno, supuestamente, Jorge Fernández Díaz le trasladaba quién era el topo en la familia Bárcenas, con nombre y apellidos. En otro, le informaba de avances del operativo. Parecía que el número dos de Interior iba a enseñar las tripas del monstruo. Luego llegó el juicio. Y no pasó.

Martínez eligió el repliegue. El exministro también. El enfrentamiento feroz de la instrucción se convirtió en una coreografía de no agresión. Fernández Díaz pidió declarar después de Martínez, aunque el orden previsto era el contrario, porque los indicios contra él dependían en parte de lo que dijera su número dos. El abogado de Martínez no se opuso. Y, cuando llegó el momento, ambos se dedicaron palabras amables. Martínez llegó a decir que Fernández Díaz había sido “el único” que había confiado en él. Qué ternura. Dos altos cargos de Interior acusados en una causa de guerra sucia estatal descubriendo de pronto las virtudes del compañerismo.

El problema es que la Fiscalía no ha comprado el numerito. Anticorrupción sigue sosteniendo que Fernández Díaz fue la “X” política de la operación y que Martínez actuó como coordinador. Por eso mantiene las penas. 15 años para Fernández Díaz. 15 años para Martínez. 15 años para Andrés Gómez Gordo. También se piden penas relevantes para Villarejo, Sergio Ríos y otros acusados. No hablamos de una gamberrada de despacho, sino de malversación, delitos contra la intimidad y encubrimiento, según las acusaciones.

Mientras tanto, María Dolores de Cospedal acudió como testigo entre olvidos y negaciones. Dijo que nunca habló por teléfono con Villarejo, pese a que durante el juicio se reprodujo una conversación telefónica en la que le daba instrucciones para que no se publicaran los papeles de Bárcenas. Soraya Sáenz de Santamaría, más displicente todavía, aseguró que Kitchen no le preocupó ni siquiera para preparar una posible pregunta en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. La exvicepresidenta también negó cualquier relación del CNI con la operación y dijo desconocer la animadversión del servicio de Inteligencia hacia Villarejo. Como no estaban acusadas, sus contradicciones quedaron flotando. Sin coste. Como tantas cosas en este país cuando quien responde pertenece a la parte noble del tablero.

La defensa de varios acusados ha intentado vender una versión más digerible: Kitchen existió, sí, pero buscaba dinero oculto de Bárcenas y testaferros. Una operación legítima, casi higiénica. El problema es Manuel Morocho, inspector jefe y verdadero investigador de Gürtel y la caja B bajo las órdenes del juez Ruz. Morocho declaró que desconocía por completo Kitchen y que se hizo a sus espaldas. También relató presiones y coacciones de la cadena de mando policial mientras investigaba al PP. Ahí se rompe el cuento. Si era una operación limpia, por qué se ocultó al investigador judicial de la corrupción del PP.

La respuesta es bastante evidente, aunque duela verla escrita. Porque no era limpieza. Era encubrimiento. Era la policía patriótica funcionando como brazo armado de un partido. Era el Ministerio del Interior convertido en taller clandestino. Era el dinero público, los fondos reservados y los mandos policiales puestos al servicio de una urgencia privada: que los papeles de Bárcenas no hicieran más daño al PP.

Ese es el corazón podrido del caso. No Villarejo como monstruo solitario, no un comisario descontrolado, no una novela de espías castiza. Kitchen fue la expresión más descarnada de una derecha que habla de Estado cuando quiere decir propiedad privada del poder. Y ahora, en el final del juicio, el esperpento no consiste solo en las penas que pide la Fiscalía. Consiste en comprobar que una operación así puede llegar a su cierre judicial con media cúpula política fuera del foco, demasiados silencios bien calculados y un país acostumbrado a que las cloacas siempre huelan hacia abajo.

La guerra sucia no fue un accidente del sistema: fue el sistema quitándose la máscara.