La extrema derecha europea vuelve a oler a dinero público 

La Fiscalía Europea investiga en Francia, España, Italia y Bélgica el presunto uso irregular de 4,33 millones de euros del Parlamento Europeo por parte de Identidad y Democracia, el grupo donde se sentaban Agrupación Nacional y sus aliados ultras.

MALVERSACIÓN CON BANDERA Y DISCURSO PATRIOTA

La extrema derecha europea lleva años vendiendo una misma mercancía política: patria, orden, limpieza, soberanía y odio bien envasado para consumo electoral. Pero cuando se levanta la alfombra, lo que aparece no suele ser épica nacional. Aparecen contratos. Aparecen proveedores. Aparecen empresas amigas. Aparece, otra vez, dinero público. El 30 de junio, las autoridades francesas realizaron registros en Francia y en otros países europeos por la sospecha de malversación de fondos comunitarios en torno al antiguo grupo Identidad y Democracia, donde se agrupaban eurodiputados y eurodiputadas de extrema derecha de Francia, Países Bajos e Italia. La operación afecta también a España, Italia y Bélgica, según reveló Le Monde y confirmó la Fiscalía Europea.

La investigación no nace de un rumor ni de una pelea interna. Nace de un informe de la Dirección General de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo que, en julio de 2025, señaló un posible gasto indebido de 4,33 millones de euros entre 2019 y 2024. Dinero asignado para el funcionamiento parlamentario. No para alimentar redes clientelares, ni para regar empresas próximas, ni para construir maquinaria partidista bajo envoltorio institucional. Según las informaciones publicadas, el grupo habría destinado fondos a asociaciones ajenas a su actividad y a contratos adjudicados sin licitación pública. Le Monde detalla incluso una posible división: 700.000 euros en donaciones sin relación con el grupo parlamentario y 3,6 millones de euros en contratos a empresas cercanas.

Aquí está la trampa. Quienes gritan contra “Bruselas” cuando Bruselas exige derechos, controles o redistribución, parecen mucho menos incómodos cuando Bruselas paga facturas. La Europa que insultan en campaña se convierte en caja cuando toca financiar estructura. Es el patriotismo de mostrador: se agita la bandera contra las personas migrantes, contra las trabajadoras y trabajadores pobres, contra las feministas, contra las ecologistas, contra cualquiera que incomode al orden económico, pero se guarda silencio cuando la pregunta es quién cobró, cuánto cobró y mediante qué contrato.

El partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, no presidía ni ocupaba la secretaría general de Identidad y Democracia entre 2019 y 2024, pero la investigación apunta a un ecosistema donde el dinero habría terminado beneficiando a empresas vinculadas a personas cercanas al lepenismo. Entre ellas figuran e-Politic y Unanime, relacionadas con antiguos colaboradores de Marine Le Pen como Frédéric Chatillon y Sighild Blanc, según los documentos filtrados a medios franceses. Bélgica entra en el mapa porque en Bruselas se encuentra la sede de e-Politic, compañía que habría recibido más de 2 millones de euros desde 2019 por parte de Agrupación Nacional.

Frédéric Chatillon, viejo nombre del entorno ultra francés, hizo de Italia una especie de refugio operativo. Allí dispone de residencia y allí instaló su holding, rebautizado como Awen, según las informaciones publicadas. Desde ese entramado controla la Asociación Francesa de Impresores, de la que es principal accionista y que ya fue objeto de redadas en julio de 2025 dentro de otra investigación por posible sobrefacturación en perjuicio del Estado. Otra vez el Estado. Otra vez lo público. Otra vez quienes dicen venir a “liberar” a la ciudadanía parecen demasiado cerca de la caja común.

LE PEN, BARDELLA Y EL CALENDARIO JUDICIAL

El golpe judicial llega en un momento delicado para Agrupación Nacional. El 7 de julio, el Tribunal de Apelación de París debe pronunciarse sobre la inhabilitación de Marine Le Pen en el caso de los falsos asistentes parlamentarios europeos. En primera instancia, Le Pen fue condenada por un sistema de desvío de fondos europeos para pagar personal que, según la acusación, trabajaba realmente para el partido en Francia. Si la inhabilitación se confirma, su candidatura presidencial quedaría en el aire y Jordan Bardella pasaría a ocupar el centro del tablero.

Bardella reaccionó rápido. Dijo que desde la mañana se estaban realizando registros en sedes y domicilios personales de proveedores de comunicación que habían trabajado con ellos. Añadió la frase habitual, esa que la extrema derecha utiliza como manual de supervivencia cuando la justicia se acerca: que los procedimientos judiciales aparecen siempre con el calendario electoral. Nada nuevo. Cuando investigan a otros, piden cárcel, dimisiones y escarnio. Cuando les investigan a ellos, hablan de persecución. La ley es sagrada hasta que toca su puerta.

Conviene no perder de vista España. La investigación también mira hacia una empresa de comunicación digital creada tras la campaña presidencial francesa de 2022, Design Services & E-Marketing Consulting, instalada en territorio español. La cuestión ahora es si esa estructura fue fundada con dinero europeo. No es un detalle menor. España no aparece como decorado, sino como una pieza más de un posible circuito transnacional en el que partidos que predican fronteras duras parecen moverse con enorme comodidad cuando lo que circula no son personas pobres, sino capital, contratos y sociedades.

La Fiscalía Europea, un organismo independiente de la Unión Europea encargado de perseguir fraudes que dañan los intereses financieros comunitarios, confirmó que estaba realizando diligencias en Francia y otros países europeos sobre el uso de fondos de la UE por parte de un antiguo grupo político del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024. La operación fue coordinada por la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales, con apoyo de otros organismos. No hablamos de una bronca parlamentaria. Hablamos de una investigación penal abierta sobre dinero público europeo.

La extrema derecha lleva décadas presentándose como víctima mientras señala a las víctimas reales. Acusa a las personas migrantes de vivir de ayudas, a las trabajadoras y trabajadores públicos de ser privilegiados, a las organizaciones sociales de depender de subvenciones, a las periodistas y los periodistas críticos de servir a intereses ocultos. Pero cuando el foco se coloca sobre sus propias cuentas, aparece el mismo reflejo: victimismo, ruido, conspiración y silencio sobre lo esencial. Quién cobró. Por qué cobró. Con qué dinero.

El discurso ultra no es solo odio. También es negocio. Un negocio que convierte el miedo en votos, los votos en cargos, los cargos en presupuesto y el presupuesto en contratos. Esa es la cadena. Y cuando una fuerza política construye su identidad sobre la limpieza moral mientras sus alrededores huelen a malversación presunta, el problema no es solo judicial. Es democrático. Porque se pide confianza pública mientras se desprecia lo público. Se exige autoridad mientras se erosiona la legalidad. Se invoca al pueblo mientras se exprimen sus recursos.

La patria era esto: una factura cargada al Parlamento Europeo.