Categoría: POLÍTICA ESTATAL

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido llevar a Begoña Gómez a juicio y lo ha hecho con un auto de más de 80 folios que no solo acusa, sino que construye clima. La acusa de haber aprovechado su matrimonio con el presidente del Gobierno para progresar profesionalmente. La envía al banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La tesis central es que los tres habrían urdido un plan para mejorar la carrera de Gómez mediante dos másteres, una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, su trabajo en el África Center del IE y supuestos favores en contrataciones públicas para Barrabés.

Hasta ahí, el relato judicial. Luego viene la parte grotesca.

Porque para sostener esa acusación, Peinado se agarra a referencias que pertenecen a otra escala penal, política y moral. Cita condenas de Jaume Matas, el caso Invercaria, una pieza separada de los ERE de Andalucía e incluso un procedimiento contra una organización dedicada presuntamente a introducir en España grandes cantidades de cocaína camuflada como café tostado. Sí. Para justificar medidas contra Begoña Gómez, el juez recuerda un caso de narcotráfico que él mismo instruyó.

La sentencia del Supremo sobre la trama de las mascarillas deja una imagen difícil de tragar: Víctor de Aldama, empresario, comisionista y pieza central del entramado que rodeó al exministro José Luis Ábalos durante la pandemia, ha sido condenado a 4 años y medio de prisión, pero no tendrá que pisar la cárcel. Basta con que no vuelva a delinquir durante 5 años y realice 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. Así, según el propio Supremo, “repara el mal causado”.

La frase merece quedarse clavada en la pared. Un año de servicios a la comunidad para reparar una trama levantada sobre la emergencia sanitaria, el miedo colectivo y el negocio con material básico en plena pandemia. No hablamos de un error contable, ni de una imprudencia menor. Hablamos de comisiones, contratos públicos, pagos mensuales de 10.000 euros, enchufes, favores y un amaño de 13 millones de euros en la compra de mascarillas. Hablamos de una maquinaria que operó cuando las enfermeras y enfermeros se jugaban la vida, cuando las trabajadoras y trabajadores esenciales se dejaban la piel, cuando la ciudadanía vivía encerrada y asustada.

Aldama no entrará en prisión si cumple las condiciones fijadas por el tribunal. La razón: su colaboración con la justicia. Y ahí es donde Antón Losada incendió X con una frase tan breve como demoledora: “Delinque y delata. Que sale gratis”.

No hacía falta mucho más. A veces una frase basta para desmontar toda una arquitectura de solemnidad judicial.

Porque el mensaje que recibe la ciudadanía es brutal. No basta con delinquir. Hay que saber cuándo hablar. Hay que saber a quién señalar. Hay que saber convertir la confesión en salvoconducto. La colaboración con la justicia tiene sentido en un Estado de derecho, claro que sí. Pero cuando el resultado práctico es que una de las figuras clave de una trama sale de rositas ante la opinión pública, lo que queda no es pedagogía democrática. Queda otra cosa.

Queda cinismo.

La clave de lo que está pasando en PRISA la tiene Joseph Oughourlian, su presidente. Bajo su etapa, el grupo atraviesa una reorganización que no puede leerse solo como una sucesión de cambios de presentadores y presentadoras. Eso sería quedarse en la superficie, que es justo donde el poder quiere que nos quedemos. Lo importante está detrás de las peceras. En los equilibrios internos. En quién sube, quién sale, quién pierde espacio, quién gana centralidad y qué tipo de periodismo se considera compatible con el nuevo orden empresarial.

Porque los medios no giran editorialmente de golpe, con una sirena y un comunicado. Giran así. Moviendo piezas. Recolocando voces. Cambiando direcciones. Ajustando equipos. Premiado la docilidad estructural, aunque se disfrace de continuidad. No hace falta censurar cuando puedes reorganizar. No hace falta prohibir cuando puedes seleccionar quién ocupa los lugares estratégicos.

El Sabadell tenía una celebración limpia entre manos. Una de esas tardes que pertenecen a una ciudad, a una afición, a quienes han estado ahí cuando no había focos, ni cámaras, ni titulares fáciles. El pasado viernes, el equipo catalán logró el ascenso a Segunda División tras derrotar al Zamora en el play-off con un contundente 4-0. Fútbol, barrio, orgullo local. Todo bastante sencillo de entender.

Pero siempre aparece alguien dispuesto a convertir una fiesta colectiva en una demostración de miseria política. Esta vez fue el portero Diego Fuoli, natural de Zaragoza, quien cogió el micrófono durante la celebración en el Ayuntamiento de Sabadell y decidió que aquel momento necesitaba un “triple” de taberna reaccionaria. No para hablar del equipo. No para agradecer a la afición. No para recordar el esfuerzo de sus compañeros. Para lanzar una consigna.

“Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: Pedro Sánchez…”, dijo. Y varios hinchas completaron obedientemente el insulto: “hijo de puta”. Así de fino. Así de trabajado. Así de heroico.

La defensa de Begoña Gómez, registró en la noche del sábado 20 de junio una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Juan Carlos Peinado. El motivo no es menor. Según el escrito presentado por su abogado, Antonio Camacho, la defensa se habría enterado por los medios de comunicación de la apertura de juicio oral y de la adopción de medidas cautelares contra Gómez antes de recibir notificación formal por los cauces procesales establecidos.