La UCO ya lo sabía: el Supremo premia a Aldama por contar lo que ya estaba descubierto 

La sentencia del caso Ábalos deja una pregunta incómoda encima de la mesa: qué clase de justicia premia al jefe de una trama por ayudar a descubrir unos delitos que la Guardia Civil ya tenía documentados meses antes.

UNA COLABORACIÓN QUE LLEGÓ TARDE Y SALIÓ MUY BARATA

La sentencia del Supremo sobre el caso Ábalos tiene una escena difícil de digerir. José Luis Ábalos recibe una condena de 24 años y 3 meses de cárcel. Koldo García, su antiguo asesor, 19 años y 8 meses. Víctor de Aldama, empresario corrupto, conseguidor de la trama y condenado a 4 años y medio, no entrará en prisión. La explicación oficial cabe en una palabra que suena limpia, casi noble: colaboración.

Pero hay palabras que, cuando se colocan al lado de determinados hechos, empiezan a oler mal.

Aldama no aparece aquí como un vecino arrepentido que decidió tirar de la manta por conciencia democrática. No. Aldama confesó en noviembre de 2024, 9 meses después de ser detenido por el caso Mascarillas y un mes después de entrar en prisión por otra causa penal vinculada a un fraude fiscal multimillonario en el negocio de los hidrocarburos. Es decir, colaboró cuando la cárcel ya no era una hipótesis, sino una realidad. Colaboró cuando colaborar podía servirle para salir. Colaboró cuando su verdad tenía precio procesal.

Y el precio ha sido formidable.

El Supremo sostiene que su aportación merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal, lo que permite suspender la ejecución de su pena de prisión a cambio de 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad. Traducido al castellano de la calle: el empresario que se benefició de la trama y que fue considerado pieza central no pisará la cárcel por esta condena. El sistema le ha encontrado una puerta lateral. Una salida elegante. Un pasillo limpio.

La pregunta no es si Aldama habló. La pregunta es cuánto aportó realmente y cuánto le ha costado al Estado esa supuesta aportación.

Porque, según la información conocida, buena parte de los hechos que el Supremo considera probados ya estaban encima de la mesa antes de su confesión. La UCO llevaba más de 2 años investigando. Había intervenido teléfonos. Había analizado documentación. Había revisado dispositivos electrónicos incautados durante las actuaciones de los días 20 de febrero de 2024, 3 de marzo de 2024 y 4 de marzo de 2024. Un mes y medio antes de la confesión de Aldama, la Guardia Civil ya había remitido al juez un informe de más de 200 páginas con pruebas sobre pagos, contratos, alquileres, enchufes y regalos.

Entonces, conviene bajar el volumen épico de la palabra colaboración.

Aldama declaró que había entregado 250.000 euros a Ábalos y 100.000 euros a Koldo García a cambio de la adjudicación de un contrato multimillonario de mascarillas. También habló de 25.000 euros supuestamente pagados a Santos Cerdán por el amaño de obras públicas en el norte del Estado. Dijo incluso que Pedro Sánchez pidió conocerlo. Más tarde aportó documentación sobre presuntas obras amañadas, pero parte de esa documentación no demostraba nada o fue cuestionada porque varias obras no correspondían al periodo de Ábalos en el Ministerio.

También intentó señalar a Ángel Víctor Torres con el alquiler de un piso que, según su versión, habría sido usado por Ábalos y Torres en compañía de prostitutas. Torres acreditó que en esas horas estaba en Canarias o volando a Madrid. Y Aldama denunció el supuesto pago de 25.000 euros a Carlos Moreno, ex jefe de gabinete de María Jesús Montero, para lograr un aplazamiento tributario que, según la sentencia, jamás se produjo.

Hay colaboración que ilumina. Y hay colaboración que dispara humo hacia todos lados para salvar al que aprieta el gatillo.

CUANDO LA JUSTICIA CONFUNDE CONFESIÓN CON VERDAD ÚTIL

Lo más grave no es solo que Aldama haya obtenido un trato penal extraordinariamente amable. Lo más grave es el mensaje. Porque el Supremo considera que su confesión ayudó al esclarecimiento de los delitos, pero la propia secuencia de los hechos muestra que la Guardia Civil ya había encontrado el esqueleto de la trama antes de que el empresario decidiera ponerse el traje de colaborador.

La UCO ya apuntaba a Aldama como jefe de una organización criminal con una estructura financiera y societaria nacional e internacional. Ya describía cómo mantenía bajo sus directrices a socios que gestionaban, localizaban y entregaban dinero en efectivo a Koldo García, directamente o a través de Joseba García. Ya había identificado pagos mensuales de 10.000 euros a una persona apodada “K”, vinculada a Koldo. Ya había situado esos pagos como una vía para mantener el acceso de Aldama a Koldo y a Ábalos.

Esto no es un detalle menor. La corrupción moderna no siempre compra una firma. Compra acceso. Compra teléfono. Compra agenda. Compra la posibilidad de entrar por donde la ciudadanía no entra nunca.

También estaba detectado el contrato de mascarillas. La adjudicación del suministro de 13 millones de mascarillas al Ministerio de Transportes, a través de Puertos del Estado y Adif, forma parte del núcleo de la sentencia. La empresa Soluciones de Gestión fue seleccionada, según la investigación, en un contexto de intermediación permanente de Koldo y de relación estrecha entre Aldama y el entorno de Ábalos. Aquella operación, nacida en abril de 2020, durante lo peor de la pandemia, reportó a Aldama un beneficio de 3,7 millones de euros por la comisión de las mascarillas, y la UCO llegó a hablar de un beneficio económico de unos 6,6 millones de euros ligado al conocimiento privilegiado y al aseguramiento de contrataciones.

Mientras la gente contaba muertos, otros contaban margen.

También estaban los regalos. La vivienda de La Alcaidesa, adquirida por una sociedad del entorno de Aldama por 526.500 euros, aparece vinculada en la investigación a gestiones, contactos y favores relacionados con el mundo de los hidrocarburos. También figuran viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción, con opción de compra, para el disfrute del exministro a cambio de gestiones vinculadas a la nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y a la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Y estaban los enchufes. La contratación de dos mujeres conocidas de Ábalos en empresas públicas. El caso de Jésica Rodríguez. El apartamento de Plaza de España, en la Torre de Madrid. La reclamación del alquiler. Los mensajes que conectan a Koldo, Aldama y el pago de esa vivienda. Todo eso no nació de una revelación milagrosa de Aldama. Estaba ya en el trabajo policial.

Así que la pregunta vuelve. Más seca. Más fea. Más necesaria.

¿Premió el Supremo una aportación decisiva o premió una autoinculpación útil para cerrar jurídicamente una trama que la UCO ya tenía cercada?

Porque Aldama no se limitó a reconocer hechos. Aldama también convirtió su relato en munición mediática. Llegó a declarar que “el número uno” de la trama era Pedro Sánchez, una acusación sin pruebas que Anticorrupción calificó como un simple desahogo. Paseó sospechas por radios, televisiones y periódicos afines al PP. Señaló a ministros, al presidente y a su esposa. Varias de esas denuncias acabaron archivadas por tratarse de bulos fácilmente contrastables.

Ese es otro problema. El corruptor no solo compra favores cuando reparte dinero. También fabrica ruido cuando reparte acusaciones.

Y ahí la derecha mediática encontró gasolina. No justicia. Gasolina. El caso Ábalos es lo bastante grave como para no necesitar adornos, ni conspiraciones, ni teorías de barra libre. Hay condenas durísimas. Hay pagos. Hay mascarillas. Hay pandemia. Hay beneficios. Hay viviendas. Hay empresas públicas. Hay un hedor institucional insoportable. Pero precisamente por eso resulta obsceno que una parte del sistema premie al empresario de la trama como si hubiera llegado con una linterna a una habitación oscura, cuando la UCO ya llevaba tiempo levantando las alfombras.

La justicia debería servir para desnudar el poder, no para enseñar a los poderosos cuál es la mejor forma de negociar cuando los pillan.

Porque el mensaje que queda es devastador: si eres cargo público y caes, te aplastan; si eres empresario, intermediario, conseguidor y tienes información útil, puedes acabar pagando con 1 año de trabajos comunitarios una condena de 4 años y medio. Así se educa también a las élites. Así se les enseña que incluso la corrupción tiene manual de salida.

El Estado no puede pedir confianza mientras convierte la verdad tardía del corruptor en billete de primera clase fuera de la cárcel.