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La extrema derecha lleva años disfrazando de “periodismo” el acoso, la intimidación y el matonismo. Ahora el Congreso intenta poner un límite.
La impunidad no era eterna. Y eso es precisamente lo que parece empezar a entender el Congreso después de meses soportando cómo determinados agitadores ultras convertían los pasillos de la Cámara Baja en un plató de provocación permanente. Según fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso prevé aprobar este miércoles la retirada de la acreditación de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo durante un periodo de hasta tres meses por vulnerar el reglamento parlamentario y por protagonizar episodios que poco tienen que ver con el periodismo y mucho con el hostigamiento político organizado.
No hablamos de una decisión improvisada. El procedimiento lleva abierto desde hace cinco meses. Cinco meses de informes jurídicos, alegaciones, análisis y revisiones milimétricas para evitar cualquier resquicio que permita a los sancionados presentarse después como víctimas de una supuesta “censura”. Porque esa ha sido siempre la jugada. Provocar, acosar, tensar las normas hasta romperlas y luego envolverse en la bandera de la libertad de expresión.
Pero no. La libertad de prensa no consiste en perseguir personas, reventar ruedas de prensa o grabar ilegalmente en zonas restringidas del Congreso.
EL NEGOCIO DEL ACOSO DISFRAZADO DE PERIODISMO
La sanción contra Vito Quiles llega tras dos denuncias presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios a finales de 2025. El agitador grabó sin autorización a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero en zonas del Congreso donde está expresamente prohibido registrar imágenes o sonido. Lo hizo ignorando la negativa de ambos a responder. Después difundió los vídeos en redes sociales como parte de su maquinaria habitual de señalamiento.
No era un vacío legal. Desde la reforma del reglamento aprobada en julio del año pasado —con el voto en contra de PP y Vox— el Congreso prohíe expresamente grabar fuera de los espacios autorizados y publicar material obtenido vulnerando la normativa parlamentaria.
La conducta de Bertrand Ndongo siguió el mismo patrón de agresividad política convertida en espectáculo. En diciembre interrumpió a gritos una rueda de prensa de Sumar encabezada por Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria concluyó que hubo “visible violencia verbal” contra la portavoz y contra periodistas presentes en la comparecencia. Una escena cada vez más habitual: ultras intentando intimidar a representantes públicos, profesionales de prensa y trabajadoras y trabajadores de comunicación mientras después se presentan como mártires perseguidos.
Porque eso es lo verdaderamente obsceno. Llevan años degradando el oficio periodístico mientras se autoproclaman defensores de la libertad.
El Congreso ha querido blindar jurídicamente cada paso. Y se entiende por qué. En 2019, el Tribunal Supremo anuló la expulsión temporal de un redactor de OK Diario que había accedido sin permiso al despacho de Irene Montero y publicado fotografías tomadas en el interior. El Supremo argumentó entonces que la conducta no estaba tipificada específicamente en el reglamento. Esta vez sí lo está. Negro sobre blanco.
Por eso las fuentes parlamentarias insisten en que el procedimiento ha sido extraordinariamente garantista. Amplios plazos de alegaciones. Revisión de pruebas. Informes técnicos. Cautela absoluta. Nadie quiere que el castigo se caiga después en los tribunales. Nadie quiere regalarle a esta industria del victimismo ultra otra campaña de propaganda.
EL PP YA NI ESCONDE SU COMPLICIDAD
El problema es más profundo que dos activistas ultras. Mucho más profundo. Lo que está quedando retratado es el ecosistema político, mediático y económico que los protege, los financia y los legitima.
Porque mientras PSOE y Sumar impulsaban la reforma del reglamento para intentar frenar este tipo de comportamientos, el PP y Vox votaban en contra. Y no solo eso. La dirección popular ha normalizado hasta extremos grotescos su cercanía con estos personajes.
El último episodio es especialmente grave. El PSOE denunció que Vito Quiles utilizó un despacho del PP en el Congreso para grabar un vídeo amenazando políticamente a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El propio Alberto Núñez Feijóo evitó condenar el acoso y llegó a preguntarse públicamente “quiénes son los que han tenido algún tipo de actitud violenta”.
Es difícil fingir neutralidad cuando se presta infraestructura parlamentaria a quien convierte el hostigamiento en contenido viral.
Y mientras tanto, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, invitaba a Quiles a participar en el acto de cierre de campaña de las elecciones autonómicas de febrero. Ya ni siquiera se molestan en disimular la alianza. La extrema derecha mediática funciona como brazo propagandístico del bloque conservador.
Desde la aprobación de la reforma del reglamento, el Congreso ha tramitado ya ocho denuncias contra Quiles y tres contra Ndongo. La última, presentada esta misma semana por Sumar, después de que Ndongo llamara “idiota” a la diputada Aina Vidal y la persiguiera hasta impedirle acceder a un taxi.
Eso tampoco es periodismo. Es intimidación. Es señalamiento. Es acoso político retransmitido para monetizar clics y alimentar algoritmos de odio.
Y el reglamento es claro: acumular tres infracciones graves en un año puede convertirse en una falta muy grave castigada con suspensiones de entre tres meses y tres años, o incluso con la retirada definitiva de la acreditación.
Durante demasiado tiempo parte de la derecha mediática y política ha tratado de presentar estas prácticas como “periodismo incómodo”. No. El periodismo incómodo hace preguntas al poder. No persigue personas por los pasillos ni convierte el Congreso en un plató de matonismo ultra financiado con dinero, favores y altavoces políticos.
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