Ayuso miente: los protocolos de Madrid fueron los más restrictivos y están documentados 

La presidenta intenta desviar la atención mientras las cifras y los documentos desmienten su relato

Isabel Díaz Ayuso lleva años intentando desvincularse de las consecuencias de los protocolos que su Gobierno aplicó en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia en 2020. La estrategia es clara: negar la existencia de esos documentos y señalar con el dedo a otras comunidades para diluir responsabilidades. Pero los hechos son irrefutables: Madrid fue la única región que puso por escrito directrices para negar el ingreso hospitalario a mayores de residencias, incluso en casos graves.

Cuatro protocolos firmados por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria de Madrid, detallaban las condiciones que debían cumplir los residentes para ser trasladados a un hospital. Personas con problemas de movilidad o deterioro cognitivo quedaron automáticamente excluidas. Esto afectaba a la mayoría de los 50.000 mayores que vivían en las 474 residencias de la región.

Entre el 7 de marzo y el 10 de abril de 2020, las residencias de Madrid quedaron convertidas en auténticas trampas mortales. Si una residencia detectaba un caso sospechoso de covid, ya no podía llamar directamente al 061 para solicitar una ambulancia. La decisión quedaba en manos de un geriatra que, de manera telefónica y siguiendo los criterios del protocolo, tenía la potestad para autorizar o rechazar el traslado al hospital. El resultado fue catastrófico: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 7.269 mayores murieron en residencias madrileñas solo en marzo y abril de 2020.

Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras denunciaron el caso de Madrid de manera explícita. La primera lo calificó como una violación múltiple de derechos humanos: derecho a la vida, a la salud, a una muerte digna, a la vida privada y a la no discriminación. Lo que Madrid hizo no fue solo un error de gestión, sino una decisión política que costó miles de vidas.

Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ha sido tajante en sus declaraciones desde 2020: “O el residente va al hospital o el hospital va a la residencia”. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Reyero dimitió en protesta por la decisión de Ayuso de no medicalizar las residencias y de destinar los recursos sanitarios al hospital de campaña de Ifema, donde no se admitía a mayores de residencias.

LO QUE PASÓ EN OTRAS COMUNIDADES NO FUE LO MISMO

Ayuso intenta ahora equiparar la situación de Madrid con la de otras comunidades para justificar su gestión. Sin embargo, los protocolos madrileños fueron los más restrictivos y los únicos con una orden por escrito firmada y enviada por un alto cargo del Gobierno regional.

Es cierto que otras comunidades aplicaron criterios de exclusión, pero de manera diferente:

• Cataluña redactó un protocolo el 25 de marzo de 2020 en el que recomendaba no ingresar en la UCI a mayores de 80 años, pero sí admitía la hospitalización en planta si las condiciones lo permitían. Además, ofrecía una red de atención primaria para seguimiento y cuidados paliativos.
• Galicia replicó en parte el protocolo de Madrid, pero habilitó centros específicos para mayores con covid (Porta do Camiño y Baños de Molgas). El objetivo era que los mayores recibieran atención médica especializada fuera de las residencias.
• Castilla y León fue aún más restrictiva que Madrid en teoría, pero en la práctica creó equipos especiales para tratar a los enfermos en las residencias, cosa que en Madrid nunca ocurrió.
• Aragón estableció un protocolo el 21 de marzo para desaconsejar la hospitalización de mayores de 80 años que vivieran en domicilios particulares, pero al mismo tiempo creó unidades especiales de atención para pacientes covid en residencias.
• Canarias elaboró directrices semejantes a las de Madrid, pero la baja incidencia en la región hizo que no se aplicaran de manera generalizada.

El elemento diferenciador es claro: Madrid fue la única comunidad que dio orden por escrito de no hospitalizar a mayores de residencias y la única que aplicó esta política de manera sistemática. Además, el Gobierno de Ayuso no tomó medidas para reforzar la atención médica en las residencias, a pesar de contar con más de 1.000 profesionales sanitarios que, en su lugar, fueron enviados a Ifema.

Según datos del INE, Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020. Las 7.269 muertes en residencias durante marzo y abril solo fueron superadas por Cataluña, con 6.864, pero con la diferencia de que en Cataluña sí se intentó reforzar la red sanitaria en residencias y domicilios.

Ayuso se ha escudado en que “nadie sabía cómo actuar” durante la primera ola de la pandemia, pero la realidad es que sí hubo decisiones políticas y sanitarias concretas que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Madrid redactó esos protocolos. Madrid aplicó esos protocolos. Y Madrid dejó morir a miles de mayores mientras Ayuso posaba en Ifema y hablaba de libertad.