Una avalancha de quejas refleja el hartazgo ante el machismo en la magistratura
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido más de 14.000 reclamaciones en menos de 24 horas por la actuación del juez Adolfo Carretero durante el interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá en el juicio por agresión sexual contra Íñigo Errejón. La cifra refleja un aumento sin precedentes, con 13.000 quejas registradas en apenas un día, lo que evidencia el profundo malestar social frente a un sistema judicial que sigue perpetuando dinámicas patriarcales.
El interrogatorio, calificado por expertas como revictimizante, exhibió un tono y una línea de preguntas que no solo pusieron en entredicho a la víctima, sino que también reforzaron la percepción de que denunciar supone exponerse a un segundo maltrato, esta vez institucional. Ante esta situación, el CGPJ ha iniciado una diligencia informativa gestionada por Ricardo Conde, promotor de la Acción Disciplinaria, aunque aún está por decidir si se abrirá un expediente disciplinario formal contra Carretero.
UN SISTEMA JUDICIAL QUE REVICTIMIZA
El comportamiento del juez Carretero ha sido señalado por colectivos feministas y expertas en violencia de género como una muestra de la falta de sensibilidad y formación especializada en la magistratura española. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó la necesidad urgente de reformar el sistema para que las víctimas no se enfrenten a interrogatorios que perpetúan estereotipos machistas y desincentivan la denuncia.
Las imágenes del juicio, difundidas ampliamente en redes sociales, dejaron claro que las preguntas formuladas por Carretero no solo carecían de perspectiva de género, sino que además implicaban un juicio moral sobre la conducta de la víctima, alejándose del objetivo de buscar justicia. El aluvión de quejas ante el CGPJ refleja no solo la indignación por este caso concreto, sino el hartazgo generalizado frente a un sistema judicial que sigue sin adaptarse a los estándares de igualdad.
El procedimiento abierto por el CGPJ, aunque necesario, ha sido calificado por muchas voces como insuficiente. Las diligencias informativas rara vez derivan en sanciones reales contra magistrados, y este caso podría no ser la excepción. La pasividad institucional en la rendición de cuentas alimenta una desconfianza cada vez mayor hacia la justicia, especialmente entre las mujeres y las víctimas de violencia de género.
EL POLÉMICO HISTORIAL DE CARRETERO
El juez Adolfo Carretero no es ajeno a las controversias. Su historial incluye decisiones cuestionadas y procesos mediáticos que han evidenciado tanto su sesgo ideológico como sus conexiones políticas. Entre los casos más notorios figura la imputación de una periodista que investigó los seguimientos a Ignacio González, pieza clave en la Operación Lezo. Aunque finalmente archivado, el proceso fue interpretado como un intento de amedrentar a la prensa.
En 2018, Carretero lideró la causa contra el cómico Dani Mateo por un sketch en el que simulaba sonarse con la bandera española. La persecución de este tipo de casos políticos o mediáticos contrasta con su falta de firmeza en otros procedimientos de mayor relevancia social. Además, el magistrado ha estado al frente del caso Delcygate y de la investigación de las mascarillas fraudulentas durante la pandemia, donde su actuación ha sido vista como tibia ante las implicaciones políticas.
No se puede ignorar que Carretero es hermano de Agustín Carretero, exalto cargo en las administraciones de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Estas conexiones no hacen sino reforzar la percepción de que la imparcialidad de ciertos jueces está comprometida por intereses políticos y personales.
Más de 14.000 personas han dejado claro que no están dispuestas a tolerar el machismo en la justicia.
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