Sobran pisos turísticos y faltan viviendas, dice el Gobierno. Pero en vez de cortar la hemorragia, le ponen una tirita con impuestos.
La pregunta no es cuánto tributa un Airbnb. La pregunta es: ¿por qué sigue existiendo en barrios donde la gente no puede vivir?
I. El impuesto de la culpa ajena
21%. Ese es el nuevo IVA que el PSOE quiere aplicar a los pisos turísticos. Una medida presentada con bombo, platillo y —como siempre— sin el coraje necesario. Porque el problema no es que los Airbnb paguen poco: es que están expulsando a familias enteras de sus casas. Y si la respuesta es subirles el IVA, entonces hemos decidido gestionar el saqueo en lugar de frenarlo.
Mientras te suben el alquiler en Lavapiés, Gràcia o el Casco Antiguo de Palma, llegan turistas a hacerse selfies en lo que antes era el bar de tu vecina. Y el Gobierno responde como buen socialdemócrata: regulando para no molestar demasiado a los culpables. “Es que es una actividad económica”, dicen. Claro. Y el desahucio también es una operación inmobiliaria, ¿no?
II. Airbnb no es turismo: es desposesión
Pisos turísticos hay en todos lados. Pero en las ciudades que se toman en serio la vida vecinal, se prohíben, se reducen, se eliminan. Lisboa los restringe. Berlín los veta. Barcelona, pese a los tribunales, mantiene el pulso. ¿Qué hace Madrid? Los premia. ¿Y el Gobierno central? Les sube el IVA, como si eso bastara para frenar el modelo extractivista que convierte las ciudades en parques temáticos para extranjeros con billetera.
Porque no hablamos de una señora que alquila su piso en verano para irse al pueblo. Hablamos de fondos buitre, inmobiliarias zombis y plataformas multinacionales que compran edificios enteros y revenden habitaciones a precio de oro. Con porteros automáticos, claves digitales y cero contratos. ¿Y el PSOE? Se conforma con cobrar su parte.
III. ¿Y si en vez de cobrarles, les quitamos el negocio?
Un impuesto no va a devolverle su casa a nadie. No va a frenar la gentrificación. No va a recuperar el mercado del alquiler. Para eso hace falta prohibir los pisos turísticos en zonas tensionadas. De verdad. Con sanciones, decomisos y persecución fiscal. Porque no es solo una cuestión de vivienda: es una lucha por el derecho a la ciudad, por la vida digna, por el barrio que todavía resiste.
¿Suben el IVA? Bien. Pero eso no es política pública: es administración de la impotencia. Porque si el Gobierno reconoce que “sobran Airbnb”, la solución no es hacerlos más caros: es hacerlos desaparecer.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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