Plan vivienda, versión light. El PSOE graba a turistas, pero no toca ni una piedra del negocio inmobiliario 

El PSOE sube impuestos a turistas y extranjeros, pero sigue sin atreverse a nacionalizar ni una sola casa vacía

MÁS TURISTAS QUE VECINAS: UNA FISCALIDAD QUE LLEGA TARDE Y LIGERA

Han pasado años de burbujas, desahucios, pisos vacíos y alquileres imposibles. Y ahora, con las elecciones europeas encima y la presión social en la calle, el PSOE decide desempolvar la promesa de Pedro Sánchez de convertir la vivienda en el “quinto pilar del Estado del Bienestar”. Lo hace registrando por sorpresa una batería de medidas fiscales en el Congreso, con un claro objetivo electoralista: aparentar acción sin molestar a los que realmente mandan.

La medida estrella: subir el IVA de los pisos turísticos al 21%, es decir, ponerlos a tributar como cualquier actividad económica. Un gesto que llega tras años de saqueo urbanístico de Airbnb y fondos buitre, mientras familias enteras eran expulsadas de sus barrios. Sánchez reconoce ahora lo que todas y todos sabíamos: que “sobran Airbnb y faltan viviendas”. Lo dice después de permitir que miles de pisos salieran del mercado residencial sin que el Estado hiciera nada.

También se incluye un nuevo impuesto estatal a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, especialmente extracomunitarios. Según el texto, el impuesto podría duplicar el precio de la transacción, pero —y aquí viene la trampa— no afecta a empresarios ni a quienes compren inmuebles como parte de su actividad económica. Es decir, deja fuera a los fondos de inversión, las socimis y las grandes fortunas internacionales. Otro golpe de efecto, sin tocar a los de siempre.

UN PARCHE FISCAL PARA TAPAR UN SISTEMA INJUSTO

En paralelo, se intenta extender el alcance de la ley de vivienda aprobada hace un año, ampliando las bonificaciones del IRPF a caseros que bajen el alquiler, incluso en zonas no declaradas como tensionadas. Una forma de sortear la inacción de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, pero que en la práctica subvenciona al propietario mientras el inquilino sigue sin techo digno ni estable.

Por ejemplo, si un casero rebaja un 5% el alquiler respecto al contrato anterior y el inquilino tiene menos de 35 años, puede llegar a deducirse hasta un 95% en el IRPF, incluso si no vive en una zona tensionada. Y si directamente adapta el precio al índice oficial que el Gobierno aún no ha definido, puede deducirse un 100%. Bonificaciones para quien acumula patrimonio, mientras las ayudas directas a la gente joven siguen sin aparecer.

Las socimis, esas sociedades de inversión inmobiliaria que tributan ridículamente al 15%, verán su tipo aumentado al 25%, salvo si ofrecen alquiler asequible. ¿A cuánto el alquiler para que se considere asequible? No se dice. Otro brindis al sol que no impide que estas sociedades sigan lucrándose con la vivienda como si fuera una acción del Ibex.

Otro punto: se endurece la fiscalidad sobre la vivienda vacía, penalizando a quienes mantengan inmuebles sin ocupar. Se abandona el tipo fijo en el IRPF y se impone una escala progresiva según el valor catastral: del 1,1% si vale menos de 100.000 €, hasta el 3% si supera el millón. Una medida necesaria, sí, pero aún tímida, que no obliga, solo incentiva. ¿Y si se trata de un piso vacío en manos de un fondo buitre? Silencio.

El paquete también prorroga las deducciones fiscales para rehabilitación energética y propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda, como si la historia reciente no demostrase que eso suele traducirse en privatización encubierta.

Y finalmente, una promesa estructural: regular la transmisión de suelo público y patrimonio del Estado al SEPES (la entidad pública de suelo), con la intención de que las viviendas públicas no puedan revenderse a precio de mercado. ¿Por fin una barrera contra la venta del parque público? Tal vez, pero dependerá de cómo se redacte esa “limitación permanente” en la ley, y de si no se llena de excepciones, como tantas otras veces.

No hay ni una sola mención a expropiaciones. Ni una palabra sobre topar los alquileres por ley en todo el Estado. Ni una línea sobre limitar el precio del metro cuadrado. Ni una medida real contra quienes se lucran con el derecho básico de vivir bajo techo.

En 2023, el precio del alquiler subió en España una media del 9,2%, con picos del 18% en ciudades como Palma o Málaga, según el informe anual de Idealista. En paralelo, más de 3 millones de viviendas permanecen vacías, y el 20% del parque de alquiler está en manos de grandes propietarios, según el último análisis del Banco de España.

Que el PSOE actúe a última hora, con prisas, justo antes del último pleno parlamentario y tras una primavera de manifestaciones masivas, no es casualidad: es cálculo electoral.

Porque lo fiscal puede maquillar el problema. Pero sin voluntad de tocar los intereses de bancos, fondos y socimis, esto no es una solución: es un paripé con forma de ley.