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Es una lógica alarmante: priorizar la inversión en armas mientras se despoja a las personas de sus derechos sociales fundamentales.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a los ciudadanos europeos a aceptar sacrificios para aumentar el gasto en Defensa, relegando a un segundo plano derechos esenciales como las pensiones, la sanidad y la seguridad social. Esta propuesta, presentada el 4 de diciembre de 2024 en Bruselas, refleja un cambio preocupante en las prioridades de los gobiernos europeos.
Rutte sostiene que el actual umbral del 2% del PIB para gasto en Defensa, acordado por los 32 aliados de la OTAN, resulta insuficiente para garantizar la seguridad a largo plazo. «Si nos quedamos en el 2%, dentro de cuatro o cinco años podría ser demasiado tarde», declaró. Sin amenazas inminentes, el líder de la Alianza insiste en que el peligro avanza «a toda velocidad» y que Europa debe adoptar una «mentalidad de guerra».
Es una lógica alarmante: priorizar la inversión en armas mientras se despoja a las personas de sus derechos sociales fundamentales. Actualmente, los países europeos destinan una cuarta parte de su renta nacional a seguridad social, pero según Rutte, debería transferirse una fracción significativa de esos fondos hacia la industria militar.
En este escenario, el aumento del gasto militar no solo responde a una supuesta necesidad de seguridad, sino que también beneficia a las industrias armamentísticas, que ya cuentan con un historial cuestionable de lucro a expensas de conflictos internacionales. Esta narrativa de «sacrificios necesarios» ignora las consecuencias para millones de personas que dependen de sistemas de salud y pensiones en países donde estas redes ya están debilitadas.
EL PRECIO HUMANO DE LA GUERRA ECONÓMICA
Rutte también abogó por la participación activa de bancos y fondos de pensiones en la financiación de la industria de Defensa, señalando que es «inaceptable» que se nieguen a invertir en este sector. El mensaje es claro: los ciudadanos y ciudadanas deberán costear no solo con impuestos, sino también con el desmantelamiento de sus ahorros y beneficios sociales, un sistema armamentístico que perpetúa desigualdades.
Con Rusia invirtiendo entre el 7% y 8% de su PIB en Defensa y el Reino Unido apuntando al 2,5%, la Unión Europea también ha intensificado su debate sobre cómo movilizar recursos adicionales para las capacidades militares. Desde la emisión de «bonos de defensa» hasta la reasignación de fondos de otros programas de la UE, las opciones sobre la mesa refuerzan una preocupante tendencia hacia la militarización de la economía.
Esta redistribución de recursos tiene un impacto directo: menos dinero para transiciones ecológicas, investigación, educación y bienestar social. De hecho, mientras el Banco Europeo de Inversiones destina 1 billón de euros a financiación verde, apenas 6.000 millones se asignan a Defensa. Sin embargo, para figuras como el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, esto es un error. «Invertir en Defensa es invertir en paz», afirmó, omitiendo cómo esta lógica perpetúa un ciclo de violencia y dependencia de la industria armamentística.
Al cierre de 2024, ocho de los 32 países de la OTAN, incluyendo Italia, Bélgica y España, todavía no alcanzan el umbral del 2% del PIB. Sin embargo, la presión para cumplir con estos objetivos ignora las realidades socioeconómicas de millones de personas en un continente que enfrenta crisis climáticas, inflación y desigualdad.
El aumento del gasto militar es una declaración de prioridades: se eligen las armas sobre las personas. El sacrificio no es para garantizar la paz, sino para fortalecer un sistema que perpetúa desigualdades y desvía recursos de necesidades humanas esenciales. En esta carrera por la «seguridad», quienes pagan el precio son siempre las mismas: las trabajadoras y trabajadores, las jubiladas y jubilados, las enfermeras y enfermeros que sostienen el tejido social.
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