Otra más: un juzgado de València pide al Supremo imputar a Alvise por amenazar a una fiscal 

La fiscal Susana Gisbert, especializada en delitos de odio, fue señalada con nombre, apellidos y rostro en un canal donde la turba digital responde con amenazas y acoso.

El 3 de abril de 2025, el Tribunal Supremo seguía “pendiente de resolver” si debe investigar a Luis ‘Alvise’ Pérez por injuriar y amenazar a la fiscal Susana Gisbert. Mientras tanto, él continúa parapetado tras su aforamiento como eurodiputado y sus casi 700.000 seguidores en Telegram. El juzgado de València que recibió la denuncia de la fiscal remitió en febrero una exposición razonada al alto tribunal, después de que Alvise difundiera fotos suyas y llamara a “buscar su identidad”.

La fiscal Susana Gisbert, especializada en delitos de odio, fue señalada con nombre, apellidos y rostro en un canal donde la turba digital responde con amenazas y acoso. Y pese a ello, el Supremo sigue dudando. Pablo Llarena ha prorrogado la causa otros seis meses. Hay que “tramitar el suplicatorio”, dicen, como si el tiempo fuera neutral mientras se acumulan ataques a quienes protegen los derechos fundamentales.

Las campañas de Alvise no son errores de un particular, sino estrategias organizadas de amedrentamiento contra funcionarias públicas. Lo hizo con juezas, con diputadas, con hijas de presidentes del Gobierno, y ahora con fiscales. No es libertad de expresión, es coacción desde el poder, y el aparato judicial parece más preocupado por sus protocolos que por blindar la democracia.

El Parlamento Europeo lo ha sancionado esta semana con dos días sin dietas por ocultar ingresos. Un castigo simbólico, casi cómico, para quien ha acumulado denuncias por difundir bulos, incitar al odio y acosar a menores. Según Europa Press, también se estudia su imputación por relacionar la muerte de un joven en Sevilla con un “grupo de gitanos”, cuando la causa fue una electrocución sin implicación de terceros.

UN CASO MÁS EN UNA LISTA DE IMPUNIDAD POLÍTICA

No es un hecho aislado. Hay al menos seis causas judiciales tramitadas contra Alvise por delitos que van desde la financiación ilegal hasta la incitación al odio. Pero desde que obtuvo escaño en Europa, las causas se amontonan en el Supremo sin que ninguna avance con decisión. La Fiscalía ya alertó de que recibió 100.000 euros en efectivo del empresario cripto Álvaro Romillo para su campaña a cambio de futuras leyes favorables. Pero aquí no pasa nada.

eldiario.es detalla otras causas: por difamar a un diputado del PSOE en León, por amenazar a una jueza en Sevilla, por promover disturbios en Ferraz, por difundir audios confidenciales del caso Kitchen y por acosar a una hija del presidente Sánchez. Una tras otra, todas pendientes. Todas aplazadas. Todas “en valoración”.

La ultraderecha ha aprendido que puede acosar sin consecuencias mientras se envuelve en la bandera de la libertad de expresión. Pero si una activista migrante, una periodista crítica o una defensora de derechos humanos se atreve a decir verdades incómodas, la justicia actúa con insólita rapidez. Basta recordar el caso de la tuitera Cassandra o de raperos condenados por letras que ni soñaban con el alcance de Telegram.

No hay simetría en la aplicación de la ley. No hay neutralidad institucional. Hay una tolerancia estructural al discurso de odio si quien lo emite lo hace con corbata, es blanco, hombre, y dice representar al “pueblo español”.

Susana Gisbert denunció porque sabía que callar es dejar vía libre. Porque ha visto de cerca lo que pasa cuando la justicia no protege a sus propias defensoras. Porque sabe que ser fiscal especializada en delitos de odio es hoy un blanco preferente del neofascismo digital. ¿Qué mensaje lanza el Supremo al tardar más de un año en decidir si siquiera debe investigarlo?

El canal de Telegram de Alvise no es una red social cualquiera: es una cloaca de desinformación, de propaganda, de acoso. Y él la gestiona, alimenta y monetiza. Que se abra una investigación pericial para determinar su responsabilidad no es solo “razonable”: es una urgencia democrática.

España no puede permitirse que un eurodiputado aforado ampare campañas de hostigamiento contra las y los jueces, fiscales o periodistas que no se pliegan a su discurso. No mientras quienes lo sufren sigan recibiendo amenazas. No mientras el odio siga ocupando escaños y platós.

El silencio judicial siempre ha sido un mensaje. Y este grita demasiado.