07 Oct 2022
DESTACADA, POLÍTICA ESTATAL

Ayuso y Feijóo volvieron a contratar meses después a Sibucu a sabiendas de que ya había vendido mascarillas con sello falso 

Ayuso y Feijóo adquirieron más lotes de FFP2 y FFP3 a la empresa tres y nueve meses después de que se activara la red de alerta sanitaria que advirtió de la distribución de varios de ellos con marca «CE» ilegal importados desde China.

El diario Público ha contado en exclusiva que tanto el gobierno de Alberto Núñez Feijóo como el de Isabel Díaz Ayuso volvieron a comprar mascarillas a Sibucu 360 SL pese a las alertas por algunos lotes de tapabocas tipo FFP2/KN95 suministradas por esa firma, «que hasta entonces no se había dedicado a la comercialización de productos sanitarios y que estaba vinculada a un empresario conocido por Feijóo».

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Según información aportada por la propia mercantil, también fueron clientes suyos en los primeros meses de la pandemia la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, los ayuntamientos de Sevilla, Zamora y Huelva, las diputaciones de Cuenca y Huesca y la Diputación Foral de Araba. Pero no todas las administraciones públicas repitieron con Sibucu tras las alertas sanitarias. 

Las alertas por cuatro de los modelos de mascarillas de Sibucu indicaban que el sello CE que constaba en su etiquetado no era legal, ya que procedía de una  empresa italiana, ENTE Certificazione Macchine SRL, incapacitado para certificar mascarillas FFP2. 

«El éxito de esta empresa gallega en la venta de mascarillas en diferentes administraciones públicas arrancó en marzo de 2020 con el aval de la propia Xunta de Galicia, ya que el empresario José Ramón García González era por entonces el alma de Moonoff SL, empresa dedicada al sector de la iluminación, que está administrada por Sibucu 360 SL, y que fue la importadora principal de las mascarillas, aunque las adjudicaciones recayeron en Sibucu. Moonoff  y su socio inversor entonces, García González, son muy conocidos en Galicia y por el Gobierno gallego. Moonoff ha contratado con varios ayuntamientos de la comunidad», explica el medio. 

José Ramón García González ya fue condenado hace cuatro años a nueve meses de cárcel y a una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y falsedad documental. Actualmente está a la espera de juicio por otro delito contra la propiedad intelectual.

Diego Mata, portavoz de Sibucu, aseguró a Público el pasado martes que García González ya no tiene nada que ver con la compañía, pero lo cierto es que, según el registro mercantil, Sibucu es propietaria del 30% del capital de Magna Technology Sl, a su vez administrada por Visualiza Business, y del 70% de Moonoff,  la empresa de la que González García aparecía como socio inversor cuando hizo público al principio de la pandemia que a través de ella estaba gestionando la compra de mascarillas para varias administraciones.

El portavoz de Sibucu también afirmó que aunque ninguna de las empresas citadas tuviera relación ni experiencia alguna en el sector sanitario, fueron contactados por varios organismos al principio de la pandemia por su facilidad para importar productos de China. En su versión, ellos sólo accedieron a poner a su disposición su red comercial y de contactos en Asia, pero sin ofrecerse inicialmente.

Lo cierto es que Público tiene constancia documental de que los agentes de Sibucu sí se presentaron a otras instituciones, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia donde ofertaron sus mascarillas a 3,5 euros las FFP2 y a un euro las quirúrgicas. En las mismas fechas, sin embargo, Sibucu asegura que las vendía a Galicia y a Madrid por entre 2,5 y 2,7 euros.