Un hotel ilegal, más de 20 sentencias en su contra y un sistema incapaz de hacer cumplir la ley
Veintidós años de litigios, veinte resoluciones judiciales declarando su ilegalidad y, sin embargo, el hotel El Algarrobico sigue en pie. La construcción de 21 plantas y más de 400 habitaciones, a apenas 14 metros del mar en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es la muestra palpable de un sistema que protege a los depredadores urbanísticos mientras bloquea la restauración del daño ambiental.
El Gobierno ha anunciado la expropiación del suelo para poder proceder al derribo. La vicepresidenta, María Jesús Montero, ha instado a la Junta de Andalucía a hacer lo mismo con los terrenos de su competencia. El Ejecutivo central se ha comprometido a financiar la demolición y la reparación ambiental, pero el retraso en esta decisión es una fotografía de la desidia institucional. Mientras tanto, la empresa promotora, Azata del Sol, sigue exigiendo compensaciones millonarias a pesar de haber construido en un espacio protegido desde 1994. Exige 72 millones de euros de indemnización. Aún no ha conseguido nada, pero el mero hecho de que pueda plantearlo muestra cómo el sistema juega a su favor.
Desde 2003, cada paso hacia la demolición de este engendro ha encontrado trabas administrativas, interpretaciones interesadas de la ley y connivencias municipales. El Ayuntamiento de Carboneras, sea con el PSOE o con Ciudadanos, ha mantenido una actitud negligente. Tanto que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tenido que amenazar reiteradamente con multar a sus alcaldes por no hacer cumplir la sentencia que obliga a recalificar el suelo como no urbanizable y anular la licencia. La estrategia ha sido clara: dilatar hasta que el escándalo se disuelva en el tiempo.
UNA DINÁMICA SISTEMÁTICA: ESPAÑA, PARAÍSO DE LOS ‘ALGARROBICOS’
El Algarrobico no es una excepción, sino la norma. Hoteles, urbanizaciones de lujo, estaciones de esquí… El modelo de depredación del territorio campa a sus anchas con la complicidad de administraciones que prefieren blindar intereses privados antes que defender el patrimonio natural.
Uno de los ejemplos más sangrantes es el complejo Isla de Valdecañas, en Extremadura. A pesar de que el Tribunal Supremo declaró su ilegalidad en 2014 y ordenó su demolición, sigue en pie gracias a la prórroga encubierta que el Tribunal Constitucional ha concedido al admitir a trámite una ley autonómica hecha a medida para legalizarlo. En Canarias, hoteles en Yaiza operan con licencias declaradas nulas desde hace décadas. En Lanzarote, el hotel Papagayo ha seguido funcionando once años después de que su licencia fuera anulada en 2011. En 2022 se ordenó su demolición, pero la propiedad logró frenar el proceso con un recurso en 2023.
El saqueo del territorio no es solo un problema del pasado. En 2021, el Gobierno ordenó el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada por su impacto ambiental y la caducidad de la licencia. Tres años después, sigue funcionando porque la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León han bloqueado la resolución en los tribunales. El resultado: más años de actividad ilegal mientras el ecosistema sigue degradándose.
El urbanismo depredador no es un accidente, sino una consecuencia de cómo se legisla y se gobierna en España. La ley es maleable cuando hay millones de euros en juego. Se cambian normativas para salvar chalés de lujo en zonas protegidas, se aprueban decretos para alargar la vida de proyectos ilegales y se dejan caducar expedientes para favorecer a los especuladores. Mientras, el medio ambiente y el interés público quedan relegados a discursos vacíos.
La expropiación de El Algarrobico puede ser un punto de inflexión, pero la historia reciente obliga a la cautela. Ya en 2007, la entonces ministra Cristina Narbona inició un expediente para demolerlo, que su sucesor en el cargo canceló. Si algo ha demostrado el urbanismo salvaje en España es su capacidad para sobrevivir a la ley y a la justicia. Ver para creer.
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