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Las evidencias y críticas acumuladas sugieren una gestión que no solo ha sido polémica, sino que también ha traspasado límites legales y éticos.
Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior, se encuentra en el centro de una tormenta política y social. Varias acciones y decisiones bajo su mandato han desatado una oleada de críticas, poniendo en tela de juicio su capacidad para gestionar eficientemente su cartera ministerial.
Una de las críticas más severas contra Marlaska proviene de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegales las devoluciones de menores inmigrantes a Marruecos en agosto de 2021. Esta acción fue condenada por su «absoluta inobservancia» de la Ley de Extranjería y por contravenir el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Marlaska ha defendido estas devoluciones, argumentando que se hicieron en el «interés» de los menores, una postura que suena a justificación vacía frente a la severidad de la sentencia del Tribunal Supremo y que refleja una desconexión alarmante con las normativas legales y derechos humanos fundamentales.
El PP, con cierto interés, ha sido particularmente crítico, exigiendo la dimisión de Marlaska y cuestionando la legitimidad de su permanencia en el cargo. Esta demanda se ve reforzada por otros escándalos y decisiones cuestionables del ministro, creando una imagen de una gestión deficiente y de decisiones que parecen alejarse de la legalidad y ética administrativa.
Respuesta
Marlaska ha negado algunas de las acusaciones, como la utilización de balizas ilegales, a pesar del reconocimiento de estas por parte de la propia Guardia Civil ante un juez. Esta negación podría interpretarse como una falta de transparencia y responsabilidad, agravando la percepción de una gestión poco confiable y éticamente cuestionable.
Las evidencias y críticas acumuladas sugieren una gestión que no solo ha sido polémica, sino que también ha traspasado límites legales y éticos. Las decisiones y acciones de Marlaska, especialmente en relación con la devolución de menores y la gestión de ciertas decisiones administrativas, reflejan una falta de juicio y un desapego preocupante de los principios legales y derechos humanos. En este contexto, la exigencia de su dimisión no solo es comprensible, sino que parece ser una consecuencia necesaria para restablecer la confianza en el Ministerio del Interior y asegurar que se mantengan los estándares legales y éticos esperados en la gestión pública.
En resumen, la situación actual de Marlaska como ministro del Interior es insostenible. La combinación de decisiones legalmente cuestionables, falta de transparencia y una aparente desconexión con los principios éticos y legales fundamentales hacen que su permanencia en el cargo sea altamente cuestionable. La dimisión no solo sería un acto de responsabilidad política, sino también un paso necesario para salvaguardar la integridad y la confianza en la administración pública española.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.
caso malasaña, el bulo del culo, no hubo jueces madrileños a los que colarles la minga….