Opinión | Cuando las cloacas gobiernan 

Durante años llamaron paranoia a lo que hoy una sentencia judicial reconoce como una operación política, policial y mediática contra una fuerza democrática

Por Javier F. Ferrero

La democracia española tiene una costumbre peligrosa: solo reconoce sus monstruos cuando ya han envejecido mal y resulta imposible esconder el olor. Mientras actúan, mientras destruyen reputaciones, mientras manipulan instituciones y contaminan el debate público, se les tolera. Se les protege. Se les invita a tertulias. Después, cuando el daño ya está hecho, llegan las sentencias, los documentales, las memorias, las disculpas tibias y las columnas melancólicas sobre “errores del pasado”.

La sentencia del caso Dina pertenece a esa tradición miserable.

La Audiencia Nacional ha condenado a José Manuel Villarejo a 3 años y medio de prisión por difundir el contenido robado del teléfono de Dina Bousselham con el objetivo explícito de provocar “el descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general”. Es difícil exagerar la gravedad política de esa frase. Durante años una parte enorme del sistema mediático y político español insistió en que hablar de cloacas era victimismo populista, un recurso retórico de una izquierda incapaz de asumir críticas. Ahora una sentencia judicial confirma que existió una operación deliberada para intoxicar la opinión pública utilizando material robado, policías corruptos y medios dispuestos a participar en el juego.

No era una metáfora. No era un exceso aislado. Era una forma de gobierno.

Y quizá eso es lo más perturbador de todo. Que la guerra sucia no aparecía como una anomalía del sistema, sino como uno de sus mecanismos defensivos naturales cuando sintió amenazada la estructura de poder construida durante décadas.

EL MIEDO DE LAS ÉLITES A LA DEMOCRACIA REAL

Hay algo profundamente revelador en el odio que despertó Podemos desde su nacimiento. No porque fuera perfecto. No porque estuviera libre de contradicciones. Las tenía, como cualquier organización política. El problema era otro. Podemos representó durante un breve instante histórico la posibilidad de romper un equilibrio muy rentable para ciertas élites políticas, económicas y mediáticas.

Ese fue el verdadero pecado.

En 2016, cuando el partido vislumbró opciones reales de alcanzar el poder, la intensidad de la ofensiva aumentó de manera obscena. No se discutían solo programas económicos o modelos territoriales. Se trataba de impedir que determinadas personas llegaran al Gobierno. A cualquier precio. La frase que sobrevolaba aquellas operaciones era brutalmente simple: si evitamos que gobiernen, mejor para todos.

“Todos”, claro, nunca significa todo el mundo. Significa quienes ya mandan.

La sentencia describe cómo Villarejo entregó archivos robados a periodistas para fabricar informaciones dirigidas contra Podemos. Ocho publicaciones en Okdiario. Tres en El Confidencial. Chats privados convertidos en munición política. Fragmentos seleccionados cuidadosamente para erosionar emocionalmente a la opinión pública. Nada nuevo, en realidad. El poder contemporáneo rara vez necesita censura clásica. Le basta con inundar el espacio público de sospecha, desgaste y ruido hasta convertir la política en una ciénaga donde cualquier alternativa parezca moralmente equivalente a aquello que pretendía combatir.

Es una técnica vieja. Primero se criminaliza al adversario. Después se normaliza la excepcionalidad contra él. Y finalmente se justifica cualquier método utilizado para destruirlo.

Lo inquietante es que mucha gente aparentemente democrática aceptó aquello con una naturalidad aterradora.

UNA DEMOCRACIA DONDE LOS PODEROSOS NUNCA PIERDEN

La cuestión de fondo no es Podemos. Nunca lo fue. La cuestión es qué ocurre en una democracia cuando sectores del aparato del Estado deciden intervenir políticamente para proteger un determinado orden social.

Porque eso es exactamente lo que revelan las operaciones Kitchen, Catalunya y Dina. Diferentes escenarios. El mismo impulso autoritario. Utilizar policías, fondos reservados, informes falsos y filtraciones para garantizar que el poder real permanezca intacto. Mientras tanto, los grandes discursos institucionales seguían hablando de Constitución, legalidad y convivencia democrática. Esa es la ironía más amarga de todas: las cloacas siempre hablan en nombre de la democracia mientras la degradan.

La guerra sucia contemporánea ya no necesita tanques en las calles. No necesita golpes militares clásicos. Funciona de manera mucho más sofisticada y eficaz. Se articula mediante operaciones mediáticas, persecuciones judiciales selectivas y fabricación constante de marcos narrativos. El objetivo no es prohibir votar. El objetivo es condicionar psicológicamente qué opciones parecen legítimas y cuáles deben ser percibidas como amenazas existenciales.

Eso explica también la obsesión con Pablo Iglesias. No bastaba con derrotarlo políticamente. Había que destruirlo simbólicamente. Convertirlo en una figura permanentemente sospechosa. Un cuerpo político contaminado. El juez García Castellón llegó incluso a intentar transformar a la víctima de una operación ilegal en sospechoso por conservar durante meses la tarjeta de memoria. La inversión moral era tan grotesca que rozaba la caricatura. Y aun así ocupó portadas, tertulias y debates durante meses.

La maquinaria funcionaba.

Hay una idea especialmente incómoda que atraviesa toda esta historia: las élites españolas parecen aceptar la democracia solo cuando no altera demasiado las relaciones reales de poder. Cuando la ciudadanía vota dentro de ciertos márgenes, todo resulta legítimo. Cuando surge una fuerza capaz de cuestionar privilegios económicos, mediáticos o institucionales, aparecen los mecanismos de contención. Algunos visibles. Otros subterráneos.

Las cloacas no nacen porque un policía corrupto se vuelva loco. Nacen cuando una parte del Estado asume que ciertos resultados democráticos son demasiado peligrosos para permitirse.

Y ahí es donde la sentencia del caso Dina adquiere una dimensión histórica. Porque no solo condena a Villarejo. Desmonta uno de los grandes consensos hipócritas de la última década española: la idea de que el sistema reaccionó contra Podemos únicamente mediante confrontación política legítima.

No fue así.

Hubo policías fabricando operaciones. Hubo periodistas utilizando material robado. Hubo jueces intentando construir causas delirantes. Hubo ministros mirando hacia otro lado. Y hubo una parte del establishment celebrándolo porque consideraba que el fin justificaba los medios.

La pregunta ya no es qué hicieron las cloacas. La pregunta es cuánta gente respetable estaba cómoda viviendo dentro de ellas.