Carta abierta al Tribunal Supremo 

Por Javier F. Ferrero

A la atención de los magistrados y magistradas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo:

Señorías,

Les escribo desde la incredulidad cívica y desde la obligación ética que tenemos quienes ejercemos el periodismo como un servicio público. El país ha asistido hoy a una sentencia que no solo marca un antes y un después en la Fiscalía General del Estado. Marca, sobre todo, un antes y un después en la confianza (ya gravemente deteriorada) de la ciudadanía en la imparcialidad de sus instituciones.

Reconozco que la palabra “impensable” se ha desgastado. Pero pocas veces había resultado tan pertinente como al ver cómo un tribunal que durante años ha mostrado una flexibilidad sorprendente con determinados poderes y una severidad casi ritual con otros decide inhabilitar durante dos años al fiscal general del Estado por un delito sin pruebas sólidas, sin indicios consistentes y con dos votos particulares que, prácticamente, desmontan la tesis de la Sala.

No les escribo para discutir doctrina penal. Les escribo porque ustedes no administran solo justicia. Administran también símbolos. Y hoy, con esta resolución, han elegido un símbolo devastador: la idea de que enfrentarse a una mentira organizada desde un entorno político poderoso tiene un precio judicial. Que desmentir un bulo puede costarle a un fiscal general su carrera. Que quien intenta frenar la intoxicación informativa contra un funcionario público puede acabar convertido en sospechoso por el simple hecho de ocupar el despacho equivocado, en el momento equivocado y frente a los intereses equivocados.

Durante el juicio se escuchó de todo, y casi nada acreditaba la autoría atribuida a García Ortiz. Se oyeron afirmaciones sin fuentes, como la ya célebre confesión del señor Miguel Ángel Rodríguez. Se oyeron conjeturas. Se escuchó a la UCO construir una acusación sobre la base de que quien dirige una institución “domina” una situación y, por tanto, se convierte en sospechoso principal por pura posición jerárquica. Se vieron informes incompletos, recortes de mensajes, omisiones significativas. Y ustedes saben que la justicia no puede edificarse sobre silencios tácticos ni sobre deducciones de mando.

Sin embargo, Señorías, el resultado ha sido una condena ejemplarizante. No hacia quien filtró información, sino hacia quien se atrevió a sostener la versión que desmontaba el bulo de un entorno que lleva años utilizando la mentira como método de trabajo, como arma política y como estrategia de desgaste institucional.

Lo que ustedes han avalado hoy (con dos magistradas negándose a firmar la conclusión mayoritaria) es una victoria para la fábrica de la manipulación. Y es también un recordatorio de que, en esta democracia fatigada, la justicia parece capaz de mirar con lupa quirúrgica a quienes incomodan al poder, y con prismáticos al revés a quienes lo detentan.

No es casualidad que esta sentencia llegue justo en un momento en que el debate público depende cada vez más de narrativas tóxicas, de campañas de intoxicación y de aparatos comunicativos diseñados para blindar impunidad. El mensaje que se desprende es claro: si intentas frenar un bulo con hechos, la sospecha recaerá sobre ti. Si te atreves a señalar la mentira, la maquinaria te aplastará. Si ocupas un cargo institucional y no satisfaces los intereses del bloque mediático-político dominante, el sistema encontrará una acusación lo bastante elástica como para derribarte.

Ustedes, Señorías, han decidido convertir una controversia política en una condena penal. Han decidido que la duda razonable no merece espacio. Han decidido que la palabra de quienes reconocen inventar bulos pesa más que la ausencia de pruebas. Y han decidido que los votos particulares (tan sólidos, tan argumentados) serán un apéndice, no un límite.

No les escribo para pedir rectificaciones. Les escribo para asumir con claridad pública lo que ustedes parecen haber olvidado: una democracia no solo se erosiona cuando fallan los gobiernos. Se erosiona también cuando sus tribunales desatienden la prudencia, ignoran la falta de prueba y permiten que el relato suplante a los hechos.

Ustedes han elegido enviar un mensaje al país. Yo solo dejo constancia del mío: lo que hoy han firmado pasará a los libros no como un ejemplo de justicia, sino como un episodio de rendición institucional ante el ruido, la presión y la política del miedo.

Atentamente,

Javier F. Ferrero
Director de Spanish Revolution