Lo impensable en la cúpula judicial 

Un país que vive entre la sospecha y la impunidad acaba pagando un precio político que nadie reconoce en voz alta.

LA INHABILITACIÓN QUE DESNUDA AL SISTEMA

Lo que acaba de ocurrir el 20 de noviembre de 2025 no es un episodio aislado. Es un retrato del poder judicial operando sobre sí mismo como una maquinaria sin frenos democráticos. El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por la filtración del correo en el que este confesaba un fraude fiscal. Lo ha hecho con una sentencia no unánime, con dos votos particulares que defendían la absolución y alertaban de una deriva inquietante.

La decisión señala que el fiscal general fue responsable de la filtración del correo enviada la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía intentaba frenar una campaña de bulos impulsada desde el entorno político y mediático de la presidenta madrileña. La Sala admite que no hubo pruebas directas, pero aun así concluye que él tuvo el “dominio” de la situación. En un país donde el derecho penal debería ser la última herramienta, esta sentencia se presenta como un mensaje interno y externo: quien desafía determinadas estructuras de poder, aunque sea desde dentro, paga el precio.

La magistrada Susana Polo, que había redactado el borrador inicial, y la magistrada Ana Ferrer, defendían una posición contraria. Sus voces fueron apartadas. El propio presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, asumió la ponencia final. Ese movimiento habla por sí solo.

A lo largo de seis sesiones de juicio, cuarenta testigos desfilaron ante el tribunal. Periodistas, fiscales, personal de la UCO, personas del aparato político. Las y los agentes de la Unidad Central Operativa, dirigidos por el teniente coronel Antonio Balas, acusaron directamente al fiscal general. No aportaron pruebas concluyentes. Apelaron a su “posición de mando”.

Mientras tanto, la Abogacía del Estado sostuvo, con contundencia jurídica, que no existía indicio alguno, prueba alguna, testimonio alguno que demostrara filtración u orden de filtrar. La defensa subrayó que el objetivo de esa noche era preparar una nota pública para desmontar los bulos fabricados por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien reconoció durante el juicio que no tenía ninguna fuente y que aun así difundió información falsa. La impunidad del bulo es una de las constantes de la política española contemporánea.

El tribunal no quiso dejar escapar un detalle: el propio comisionista, Alberto González Amador, había enviado su correo a Miguel Ángel Rodríguez, que lo compartió con decenas de periodistas antes de que terminara la misma noche. Aun así, el Supremo decidió que revelar un correo ya circulado masivamente seguía constituyendo un delito de secretos. Un secreto que ya no era secreto, pero que ahora se usa para marcar un precedente.

DE LA JUSTICIA A LA GUERRA CULTURAL PERMANENTE

Lo impensable no es que un fiscal general sea condenado. Lo impensable es el contexto en el que esta condena se produce. Desde 2017, el Supremo no dictaba una sentencia tan políticamente relevante. La comparación con el ciclo del procés ha resurgido porque vuelve a dibujarse un patrón que inquieta a muchas y muchos juristas: la justicia como actor político, no como contrapoder.

Las y los magistrados en minoría subrayaron que no había pruebas directas, pero la mayoría optó por la inferencia, el indicio elástico y la lectura política del mando. Cuando el derecho se estira más allá de su límite, deja de ser derecho y se convierte en otra cosa. En una atmósfera donde la extrema derecha presiona, la derecha institucionaliza el bulo y la prensa conservadora convierte cada gesto en munición, este caso es útil para cerrar filas y disciplinar.

Se repitió una idea durante todo el juicio: la Fiscalía jamás perjudicó a González Amador. No intervino en su proceso. No modificó nada. No alteró nada. Lo único que hizo fue preparar una respuesta pública para desmontar una mentira que estaba colonizando informativos y titulares. Pero en España, desmontar un bulo difundido desde el poder se ha convertido en un acto temerario. La maquinaria política-mediática protege el bulo y castiga la verdad. Y ahora también penaliza al funcionario que intenta frenarlo.

La sesión más reveladora fue la de la UCO. Allí se confirmó otra sombra que acompañará a este caso: la investigación ignoró vías alternativas, omitió datos relevantes y recortó mensajes. La Abogacía del Estado lo denunció durante la instrucción: solo se investigó la hipótesis de que el filtrador fuera el fiscal general. No hubo investigación real. Hubo un objetivo.

Y el objetivo se ha cumplido.

Se ha condenado al fiscal general. Se ha inhabilitado al máximo responsable de la Fiscalía. Se abre la puerta a remodelar el Ministerio Público. Sin esperar a que exista una sentencia firme. Sin un proceso sólido. Una estructura del Estado ha señalado a otra estructura del Estado.

En medio de esta tormenta, queda una pregunta que atraviesa todas las instituciones españolas desde hace medio siglo: ¿quién puede desafiar a determinados poderes sin asumir que su carrera, su prestigio o su libertad quedarán en el aire?

La respuesta es sencilla. Y también devastadora.

Nadie.