Texas y el mandamiento de la imposición: cuando la fe se convierte en obligación estatal 

Un juez frena una ley que pretendía catequizar aulas públicas a golpe de autoridad.

EL MANDATO RELIGIOSO COMO HERRAMIENTA DE PODER

El 19 de noviembre de 2025, un juez federal de Texas volvió a recordar algo que debería ser obvio en cualquier democracia: que el Estado no puede usar a niñas y niños como público cautivo para su cruzada ideológica. La orden del magistrado Orlando García, del Tribunal del Distrito Oeste de Texas, bloqueó la ley aprobada en junio de 2025 por la mayoría republicana, que obligaba a colgar carteles de 16 por 20 pulgadas con los Diez Mandamientos en todas las aulas públicas del estado. La norma había sido firmada por el gobernador Greg Abbott y respondía al mismo patrón legislativo que Louisiana y Arkansas, donde leyes similares ya están siendo combatidas en los tribunales.

Quince familias de 14 distritos escolares presentaron la demanda en septiembre. Lo hicieron desde lugares radicalmente distintos del mapa religioso: personas ateas, agnósticas, cristianas, judías, bahá’ís y hindúes. Todas con un motivo común. No querían que sus hijas e hijos fueran presionados para venerar un dogma concreto. El juez fue claro: es “impracticable, si no imposible”, evitar que el alumnado se vea expuesto a un adoctrinamiento no deseado cuando el propio Estado coloca la doctrina religiosa en las paredes del aula. Por eso concluyó que la ley podía vulnerar la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda (según recordó la sentencia de Stone v. Graham, 1980, que ya había declarado inconstitucional mostrar los Diez Mandamientos en escuelas públicas).

Aquí no se discutía una cuestión cultural ni ornamental. Se discutía poder. Se discutía quién decide qué se inculca a la infancia y con qué propósito. La respuesta de las familias afectadas lo resume: “El gobierno no tiene ningún derecho a interferir en la fe de nuestros hijos e hijas”. Quienes defienden la imposición religiosa son las mismas élites políticas que claman contra el autoritarismo mientras construyen uno propio desde la escuela pública.

El fallo no cubre todo Texas, pero sí alcanza ya a alrededor del 20% de los centros escolares. Y constituye el segundo varapalo judicial en apenas tres meses, después de la primera suspensión cautelar en agosto de 2025. A pesar de ello, las y los legisladores conservadores han dejado claro que seguirán apelando hasta llegar al Tribunal Supremo, donde una mayoría 6 a 3 de jueces ultraconservadores podría intentar reescribir precedentes históricos. La derecha estadounidense busca desde hace años erosionar la separación entre Iglesia y Estado para avanzar su agenda política. No religiosa. Política.

LA OFENSIVA DE LA CRISTIANA DERECHA COMO PROYECTO NACIONAL

Lo que ocurre en Texas no es un hecho aislado. Expertas y expertos llevan meses alertando de que esta campaña forma parte de una red cuidadosamente financiada, un “bill mill” diseñado para inundar las legislaturas estatales con proyectos calcados. El objetivo final es reconfigurar el espacio público para que la moral cristiana conservadora (especialmente la evangélica blanca) recupere privilegios institucionales y políticos. Para ello, se refuerzan los símbolos, se legisla desde los púlpitos y se trata de convertir la escuela en un santuario ideológico.

Los Diez Mandamientos no son un gesto religioso. Son un mensaje político. Un recordatorio de quién manda, de qué moral debe ser obedecida y de quién queda fuera del relato nacional. Su imposición en aulas públicas no busca proteger la fe de nadie. Busca blindar el poder de una minoría organizada que instrumentaliza la religión para recuperar hegemonía cultural.

Las madres, padres y criaturas afectadas lo saben. Lenee Bien-Willner, una de las demandantes, explicó el impacto directo que tiene en su familia judía: sentirse permanentemente vigilada por una institución que convierte una parte de su identidad en anomalía. Quienes trabajan en la defensa de la libertad religiosa también lo saben. Rachel Laser, de Americans United for Separation of Church and State, lo resumió sin rodeos: “Las familias deciden cómo y cuándo sus hijos se relacionan con la religión. No los políticos”.

La educación pública se transforma cuando el Estado decide predicar. El aula deja de ser un espacio común, plural y compartido. Se convierte en un púlpito obligatorio. Y ningún gobierno democrático debería aspirar a eso.

Los tribunales pueden frenar leyes. Pero no pueden frenar la pulsión autoritaria de quienes necesitan un Dios obligatorio para justificar su proyecto político.