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Una ciudadanía harta desmonta, voto a voto, el proyecto de las élites económicas
Más que una votación, el 16 de noviembre fue una lección democrática que sacudió al poder en Ecuador. El país entero dijo No a las cuatro preguntas del referéndum convocado por Daniel Noboa. El cálculo del presidente era claro: usar el miedo, la incertidumbre y el hartazgo para empujar una reforma constitucional que abriese las puertas a un país privatizado, subordinado a Washington y sin derechos sociales garantizados. No funcionó. La población ecuatoriana, con sus pueblos originarios, sindicatos, estudiantes y movimientos barriales a la cabeza, desmontó la operación neoliberal más ambiciosa de la última década.
Lo que ocurrió ese domingo no fue casualidad. Fue una respuesta desde abajo a un modelo impuesto desde arriba, armado en oficinas empresariales y vendido como una modernización inevitable. El resultado fue tan rotundo que ni siquiera los llamados “proyectos trampa” —reducir legisladores y eliminar la financiación pública de partidos— lograron el respaldo que el Gobierno daba por hecho. Ese rechazo masivo no es solo electoral. Es histórico. Es cultural. Es político. Y es una advertencia directa a quienes gobiernan: Ecuador no está en venta.
EL RECHAZO CONTUNDENTE A LAS BASES EXTRANJERAS Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN
El primer golpe para Noboa llegó con la pregunta más sensible: permitir bases militares extranjeras, prohibidas desde la Constitución vigente. El Gobierno intentó explotar el miedo a la violencia y al narcotráfico para justificar la entrada de tropas foráneas. La ciudadanía vio otra cosa: subordinación geopolítica y una excusa para militarizar territorios codiciados, especialmente las Galápagos, un símbolo nacional que no se negocia.
El cuarto punto, el más importante, pretendía abrir una Asamblea Constituyente encaminada a redactar una constitución neoliberal. La propuesta venía envuelta en silencio. Ni una sola línea clara sobre qué se cambiaría. Noboa incluso afirmó que revelaría la estructura de la nueva carta magna después del referéndum. Semejante oscuridad generó alarma. En las semanas previas, portavoces del oficialismo dejaron caer ideas que encendieron todas las alertas: flexibilización laboral, recortes a los derechos de las comunidades indígenas, retrocesos ambientales y el fin de la gratuidad universitaria.
Las y los ecuatorianos entendieron el mensaje. Y respondieron con un No que pesa como una piedra.
Las preguntas “trampa” tampoco engañaron. Reducir legisladores y eliminar la financiación pública no era austeridad. Era una maniobra para favorecer a quienes pueden pagar campañas y castigar a las provincias pequeñas. Un golpe a la representación democrática que la ciudadanía identificó al instante.
UNA DERROTA FABRICADA DESDE ABAJO
Tras el escrutinio, los medios repetían la misma frase: Nadie esperaba estos números. Las encuestas daban por ganador al Gobierno en todas las preguntas. Pero lo que no vieron las consultoras fue la campaña popular y artesanal que se desplegó en barrios, comunidades rurales y redes sociales. Sin grandes partidos —ni siquiera el correísmo tomó el liderazgo—, fueron personas comunes quienes sostuvieron y ampliaron el No.
En Santa Elena, colectivos pintaban lonas a mano defendiendo la naturaleza. En Imbabura, donde la represión dejó muertos hace pocos meses, la memoria atravesó cada asamblea. En las universidades, estudiantes denunciaron lo que venía: un país más caro, más privatizado y más desigual. La fuerza del No residió en que no hablaba desde un despacho sino desde la vida cotidiana.
La campaña del Gobierno, en cambio, se hundió en contradicciones y arrogancia. El aumento de impuestos, la eliminación del subsidio al diésel, la incapacidad para frenar la violencia y una represión cada vez más brutal dejaron a Noboa sin credibilidad. La ciudadanía no votó solo contra cuatro preguntas. Votó contra la agenda completa que representaban.
Ecuador tiene memoria. Desde los años 80, el país ha rechazado sistemáticamente las imposiciones neoliberales. Huelgas generales, levantamientos indígenas y derrotas electorales han frenado reformas que otros países de la región sí permitieron. En 1998, cuando se impuso una constitución neoliberal en un cuartel militar, la ciudadanía pagó las consecuencias: la dolarización y el feriado bancario que destrozó ahorros populares.
En 2008, más de 150 organizaciones sociales conquistaron la actual Constitución, pionera en derechos ambientales y colectivos. Intentar destruirla sin siquiera explicarlo fue una torpeza política, pero también una provocación histórica.
Noboa lo entendió tarde. Y mal. Su mensaje en X tras el fracaso reflejó desconexión más que autocrítica: una promesa vaga de seguir adelante “con las herramientas que tenemos”. Pero ya no tiene la herramienta principal: la legitimidad.
Lo que viene ahora es incierto. El Gobierno deberá reorganizar su gabinete y enfrentar un Parlamento donde sus apoyos se resquebrajan. Seguirá intentando imponer su agenda, aunque ahora sin la coartada de una supuesta autorización popular.
La oposición, por su parte, tiene una tarea titánica: convertir este triunfo en un plan de país que respete derechos, redistribuya poder y proteja territorios.
Porque lo que ocurrió el 16 de noviembre no es solo una derrota, es una señal:
cuando el pueblo ecuatoriano se organiza, ni el miedo ni el poder económico pueden torcer su voluntad.
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