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La vicepresidenta económica aboga por ampliar el parque social de vivienda en lugar de regular mientras Sánchez firma para «contener o bajar» los precios del alquiler
El Consejo de Ministros aprobó este martes las «Directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030» y, en dicho texto, el Ejecutivo se compromete a poner en marcha «mecanismos de contención o eventual bajada de los precios» de los alquileres que podrán utilizar los ayuntamientos en determinadas zonas de «mercado tensionado» de las ciudades.
De esta forma, el Gobierno vuelve a poner por escrito el compromiso que está bloqueando la negociación de la nueva ley de vivienda entre PSOE y Unidas Podemos, algo que choca frontalmente con lo dicho este lunes por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
El Gobierno, señala el texto, debe incluir en la ley de vivienda «la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios».
Calviño dice no
Calviño mostraba sin paliativos su rechazo a regular el precio de los alquileres como demandaba Unidas Podemos, apostando en su lugar por aumentar el parque público de vivienda, una medida a su juicio “más concreta y eficaz”.
En una entrevista en La Hora de La 1 de TVE, Calviño señalaba que: “Comprendo que es fácil tratar de simplificar las cuestiones, pero regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas, no es el bálsamo de Fierabrás. Lo que hay que hacer es aumentar el parque público de vivienda”.
«Simplificar problemas complejos no nos ayuda a resolverlos, me parece más concreto aumentar hasta 26.000 viviendas el fondo social, trabajando con bancos y Sareb para integrar más propietarios y ser más concretos y eficaces que tratar de generar cuestiones que son más complejas», añadía.
Punto de fricción Podemos-PSOE
A pesar de que la regularización del precio de los alquileres fue un punto clave a la hora de formar Gobierno y pactar los presupuestos en 2019, ya han sido varios los ministros socialistas que se han posicionado en contra de su puesta en marcha, como José Luís Ábalos, titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de quien depende su implementación.
Los de Iglesias lo tienen muy claro: si no se lleva esta medida a la ley de Vivienda, el PSOE estaría incurriendo en un incumplimiento del acuerdo de coalición. Mientras tanto, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, ha instado a sus socio de Gobierno a cumplir con lo acordado.
Ione Belarra, que es la negociadora de la formación morada en el asunto de la Vivienda, publicaba a través de su cuenta de Twitter: «Sabemos que a Calviño no le gusta la regulación de precios del alquiler, pero está en el acuerdo de coalición que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los acuerdos se tienen que respetar y el Presidente debe hacérselo entender a los ministros de su partido».
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.