Es evidente que Alemania está dispuesta a violar los principios fundamentales de la libertad de expresión con tal de proteger a ciertos gobiernos de las críticas.
El bloqueo del político griego Yanis Varoufakis para que no pudiera realizar ninguna actividad política en Alemania y su exclusión de un congreso propalestino en Berlín es un claro ejemplo de la intolerancia que se filtra en la política europea. Las autoridades alemanas no solo le prohibieron hablar sobre Palestina en la capital germana, sino que además restringieron de forma arbitraria su derecho a la libertad de expresión, sentando un inquietante precedente en un país que se enorgullece de ser un bastión de los derechos humanos.
Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia y líder del partido MERA25, enfrenta ahora un desafío directo a su capacidad de hacer campaña para las próximas elecciones europeas, ya que la prohibición alemana interfiere con sus actividades políticas en el país.
LA SUPRESIÓN DEL DISCURSO POLÍTICO CRÍTICO
El congreso propalestino, en el que Varoufakis y la exministra de Igualdad española, Irene Montero, debían participar, se canceló abruptamente debido a la intervención de la Policía de Berlín, que justificó su acción citando la videoconferencia del médico británico-palestino Ghassan Abu Sitta. Este académico, a quien se le prohibió previamente desarrollar cualquier actividad en Alemania, fue deportado a Reino Unido antes del evento, lo que generó indignación entre los asistentes de todo el continente.
La restricción de la participación política de Varoufakis y Abu Sitta representa una clara violación de los derechos básicos de cualquier persona a expresar libremente sus ideas. La respuesta de MERA25 fue contundente, llevando a las autoridades alemanas ante los tribunales y denunciando la censura a Varoufakis como «una farsa», que evidencia cómo las autoridades de ese país intentan silenciar a quienes critican la opresión del Gobierno israelí contra el pueblo palestino.
LA DELICADA FRONTERA ENTRE ANTISEMITISMO Y CRÍTICA
Las acusaciones de antisemitismo se utilizan con demasiada frecuencia para deslegitimar cualquier cuestionamiento a las acciones del gobierno israelí. MERA25 exige el levantamiento inmediato de las prohibiciones y el fin de los ataques a la libertad de expresión, argumentando que la gente tiene el derecho de condenar las violaciones a los derechos humanos independientemente de quién sea el perpetrador.
A raíz de la decisión de prohibir a Varoufakis desarrollar actividad política en suelo alemán, es evidente que Alemania está dispuesta a violar los principios fundamentales de la libertad de expresión con tal de proteger a ciertos gobiernos de las críticas. Esto incluye la complicidad del gobierno alemán en los crímenes que se perpetúan contra el pueblo palestino.
El activismo propalestino enfrenta crecientes obstáculos en Alemania, una nación donde la sombra de su pasado histórico influye enormemente en su política exterior. Este caso no es un hecho aislado, sino parte de un problema sistémico en la forma en que ciertos discursos se tachan automáticamente de «antisemitismo», desviando la atención de los crímenes de guerra que suceden en Gaza y Cisjordania.
UN ATAQUE A LA DEMOCRACIA Y LA VERDAD
La prohibición de Varoufakis y Abu Sitta en Berlín representa una amenaza grave no solo para el diálogo crítico y constructivo sobre la situación en Palestina, sino también para la democracia en Europa. Es intolerable que cualquier Estado miembro de la Unión Europea recurra a la censura para evitar el escrutinio de las políticas que apoyan. Si no hay espacio para la crítica de los crímenes cometidos en Palestina, la democracia queda a merced de los intereses políticos, y no de los principios que la sustentan.
MERA25 se compromete a continuar con esta lucha, ya sea durante la campaña electoral o más allá, defendiendo la paz, la dignidad y la libertad en Palestina, Grecia, Alemania y cualquier lugar donde estos principios estén amenazados.
Este caso, más que cualquier otro, resalta la necesidad urgente de proteger el espacio para el debate libre y el derecho a cuestionar los abusos del poder. En un momento en que los extremismos resurgen en todo el mundo, la censura y la represión solo sirven para avivar las llamas del autoritarismo y la intolerancia.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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