El ‘comando Leire’ también apuntó contra Óscar Puente por la auditoría de las mascarillas 

Una trama nacida entre sombras internas del PSOE habría intentado proteger a Ábalos y Cerdán atacando a quienes tiraban del hilo. La cloaca, esta vez, no venía de fuera.

UNA TRAMA PARA TAPAR CHANCHULLOS

Lo que cuenta elDiario.es no es una anécdota de fontanería política ni una pelea menor entre familias socialistas. Es bastante más grave. Según la información publicada por Esther Palomera el 8 de junio y actualizada el 9 de junio a las 05:30, el llamado ‘comando Leire’ maniobró también contra el ministro Óscar Puente por la auditoría de Transportes sobre los contratos de mascarillas de la etapa de José Luis Ábalos. Sí. Una presunta trama vinculada a las cloacas internas del PSOE actuando contra dirigentes y ministros del propio PSOE.

La UCO atribuye a ese entorno una operativa destinada a desbaratar causas judiciales que afectan a socialistas. Pero las agendas de Leire Díez, incorporadas a la investigación que instruye el juez Santiago Pedraz, dejan un rastro todavía más sucio: buena parte de esa maquinaria habría trabajado para proteger los intereses de Ábalos y Santos Cerdán. Antes, según la misma investigación, el objetivo inicial habría sido buscar información sobre las cloacas del PP. Después, por lo visto, la cloaca encontró comodidad en casa.

Y ahí aparece Puente. En las notas de Leire Díez figura una expresión difícil de maquillar: “demanda contra Puente”. No es una frase perdida en una libreta cualquiera. Aparece vinculada a la auditoría que el Ministerio de Transportes ordenó sobre el contrato de mascarillas durante la pandemia. Las anotaciones hablan de “informe auditoría”, de “informe en contra del Tribunal de Cuentas”, de una posible demanda por “falsedad documental y estafa procesal” y de la idea de que no se podía hacer una investigación interna si existía una causa penal abierta.

El argumento suena conocido. Las defensas de Ábalos y de Koldo García han sostenido que el informe emitido en agosto de 2024 por el equipo de Puente fue el motivo por el que acabaron en el banquillo. Pero hay un dato que desmonta el relato victimista: la causa arrancó tras una denuncia del diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022. O sea, dos años antes de esa auditoría. La cronología es terca. Y aquí la cronología huele menos a persecución que a intento desesperado de embarrar el suelo.

LA AUDITORÍA COMO ENEMIGO

La agenda de Díez no se queda en Puente. También apunta contra las funcionarias que participaron en el informe. En las páginas 34 y 35 aparecen anotaciones sobre Belén Villar, funcionaria de alto rango del Ministerio de Transportes, y sobre otra Belén vinculada al documento. La trama, según elDiario.es, intentaba relacionar con el PP a las responsables del informe. Un clásico: cuando el informe molesta, se ataca a quien lo firma. Cuando el dato incrimina, se inventa una mano negra.

Belén Villar no es precisamente una recién llegada. Pertenece desde 2002 al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha pasado por el Ministerio del Interior, Patrimonio Nacional, Administraciones Públicas y desde 2009 ha desempeñado distintos cargos en Transportes. Fuentes próximas a Puente la describen como una funcionaria de “trabajo impecable”. Pero a la trama eso le daba igual. Había que sembrar sospecha. Había que convertir una auditoría incómoda en una conspiración.

Las notas son reveladoras: “Cuestionar el informe del Ministerio”, “vínculo del PP de los autores del informe”, “operaciones vinculadas entre el pagador y Víctor Aldama para desmontar el cohecho”. No se trataba solo de defenderse en sede judicial. Parecía una estrategia política, mediática y jurídica para volar la credibilidad del documento. Cuando el poder se siente acorralado, no siempre busca la verdad. A veces busca una funcionaria a la que triturar.

Ábalos llegó a presentar en julio del pasado año una querella por falsedad documental y falso testimonio. No contra Puente, pero sí contra Belén Villar y Belén Roel, la funcionaria que confeccionó y firmó el informe que incriminaba al exministro. Ábalos sostuvo que aquello fue una investigación paralela e “ilegítima” con “trascendencia efectiva” en su imputación por el Supremo. Otra vez la misma música: no se discute el barro, se denuncia al espejo.

La página 53 de la agenda añade otra pieza. Allí se menciona que la subdirectora de Villar, Belén Roel, firmó la auditoría y se la presenta como alguien que “fue cargo del PP” en 2012 en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La obsesión con la etiqueta política es transparente. Si las funcionarias pueden ser presentadas como peones del PP, el informe deja de ser una auditoría y pasa a ser munición de guerra. Qué cómodo. Qué viejo. Qué miserable.

Mientras tanto, el juez Pedraz ha imputado a la abogada Leticia de la Hoz y ha citado como testigo a Cristina Narbona en el caso Leire. No estamos ante una bronca de pasillo. Estamos ante una investigación judicial que toca nombres, agendas, anotaciones y maniobras. Y toca algo más profundo: la podredumbre de una cultura política donde algunas y algunos confunden partido con propiedad privada, poder con impunidad y militancia con encubrimiento.

La izquierda institucional no puede combatir a la derecha con cloacas propias. No puede denunciar el lawfare cuando le conviene y tolerar la destrucción interna de quienes auditan contratos cuando el informe incomoda. No puede pedir confianza pública mientras alrededor de sus siglas aparecen redes dedicadas a proteger carreras, tapar chanchullos y señalar a funcionarias. El problema no es solo lo que hizo la derecha con las cloacas. El problema es que algunos aprendieron demasiado bien el método.

Y cuando una auditoría de mascarillas acaba convertida en objetivo de una trama para salvar a los de siempre, el mensaje es brutal: en este país la verdad puede salir carísima, sobre todo si molesta a alguien con agenda, contactos y miedo.