Vox y sus patriotas de Bruselas: mucho gritar contra Europa y luego tocar la caja 

La extrema derecha que presume de patria vuelve a quedar retratada por el uso irregular de dinero público europeo.

PATRIOTAS PARA COBRAR, ANTIEUROPEOS PARA LA FOTO

La ultraderecha europea tiene un problema muy serio con el dinero público. Lo odia en los discursos, lo demoniza en campaña, lo llama despilfarro cuando sostiene derechos sociales, lo convierte en “chiringuito” cuando financia políticas feministas, climáticas o de memoria democrática. Pero luego llega Bruselas, aparecen las auditorías, se levantan las alfombras y la patria empieza a tener forma de factura, contrato opaco y subvención irregular.

El grupo Patriots for Europe, donde está inscrito Vox, tendrá que devolver 276.967 euros de fondos de la Unión Europea utilizados de forma indebida en 2024, según una auditoría del departamento financiero del Parlamento Europeo difundida por Politico y recogida por elDiario.es. No hablamos de un matiz administrativo perdido en la letra pequeña. Hablamos de donaciones impropias, incumplimientos de contratación pública y contratos concedidos mediante procedimientos irregulares.

La foto política es bastante elocuente. Santiago Abascal aparece junto a Viktor Orbán, Marine Le Pen, Matteo Salvini y Geert Wilders en la cumbre de Patriots en Madrid. Una reunión de patriotas de bandera grande, frontera dura y bolsillo sensible. Porque esa es la gran contradicción de esta familia política: se presentan como una cruzada contra las élites de Bruselas mientras participan del mismo sistema que dicen combatir. Y cuando hay fondos europeos de por medio, la épica nacional se vuelve contabilidad sospechosa.

Las irregularidades corresponden al segundo semestre de 2024, justo después de la reconfiguración de la extrema derecha en la Eurocámara. Patriots for Europe nació como nueva marca, con nuevos envoltorios y los mismos viejos reflejos. Cambia el nombre. No cambia el método. O al menos eso parece cuando se observa la otra investigación pendiente: 4,3 millones de euros utilizados irregularmente entre 2019 y 2024, cuando el grupo se llamaba Identidad y Democracia.

Aquí está la trampa habitual. Patriots sostiene que no tiene vínculos con Identidad y Democracia, porque sería una entidad jurídica distinta. Una puerta giratoria semántica. Una muda de serpiente. El problema es que en el nuevo grupo repiten partidos como Rassemblement national, La Lega o el FPÖ austriaco. Es decir, las siglas cambian, pero las y los protagonistas siguen en la sala. La extrema derecha sabe mucho de vender ruptura mientras recicla estructuras, redes y hábitos.

El comité de control presupuestario de la Eurocámara ya ha pedido que el Parlamento reclame esos 4,3 millones. Patriots se niega a pagar. Normal. Quien ha construido su negocio político sobre señalar a migrantes, feministas, sindicalistas, ecologistas y periodistas, difícilmente va a aceptar de buen grado que el foco caiga sobre sus propias cuentas.

La ultraderecha siempre quiere auditar la vida de las personas pobres, pero se indigna cuando alguien audita sus facturas.

LA CAJA PÚBLICA TAMBIÉN TIENE BANDERA

El informe financiero apunta que Patriots donó 54.620 euros a organizaciones locales y regionales. Eso es ilegal según las normas del Parlamento Europeo, porque los fondos de los grupos parlamentarios deben dedicarse a actividades políticas de ámbito europeo. No a alimentar redes territoriales, asociaciones amigas o pequeñas estructuras de influencia. La frontera entre actividad política y financiación encubierta se vuelve muy fina cuando las facturas viajan en la mochila de quienes se envuelven en la bandera.

La lista de beneficiarios parece escrita por alguien empeñado en parodiar a la propia extrema derecha. Entre las entidades financiadas aparecen grupos que defienden tradiciones francesas y flamencas, una organización de fútbol sala en Martinica, un club de tenis en Guadalupe, una organización guadalupeña dedicada a competiciones de quads y un grupo italiano que promueve los coches Fiat Panda. Sí, Fiat Panda. Europa arde, los alquileres suben, la precariedad devora a la clase trabajadora, el militarismo se come los presupuestos y los patriotas andaban regando dinero público entre quads, tenis y nostalgia automovilística.

No acaba ahí. Patriots también adjudicó irregularmente tres contratos públicos por valor de 197.258 euros. La mayor parte, 146.444 euros, fue a parar a e-Politic, una empresa de comunicación dirigida por un antiguo responsable de Rassemblement national y que prestó servicios durante años al partido de Marine Le Pen, según informó Le Monde. No es una anécdota. Es un patrón. La extrema derecha funciona como una red transnacional que grita soberanía mientras se organiza como un mercado común de propaganda, favores y financiación.

También aparecen 25.200 euros gastados en publicidad en una revista política dirigida por un antiguo miembro del Freiheitliche Partei Österreichs, el FPÖ austriaco. El Parlamento Europeo considera ese gasto irregular por tratarse de una subvención encubierta. Otra vez lo mismo. Dinero público convertido en gasolina para estructuras ideológicas propias. No para Europa. No para las y los ciudadanos. Para la maquinaria.

Y aquí conviene detenerse. Porque Vox no está en una esquina decorativa de este ecosistema. Vox forma parte de Patriots for Europe. Comparte grupo, comparte estrategia, comparte alianzas y comparte proyecto político con fuerzas que llevan años presentándose como víctimas del sistema mientras se benefician de sus recursos. Abascal y los suyos llevan demasiado tiempo vendiendo una moral de hierro para los demás y una elasticidad contable para los suyos.

Cuando el dinero público se destina a dependencia, sanidad, vivienda o transición ecológica, la ultraderecha habla de despilfarro. Cuando se destina de forma irregular a su entorno político, aparecen las excusas técnicas, las entidades jurídicas distintas y los matices procedimentales. Es la vieja doble vara. Mano dura hacia abajo. Guante de seda hacia dentro.

El Parlamento Europeo ha señalado que el dinero malgastado debe recuperarse de los fondos de 2025 concedidos al grupo ultraderechista. Es lo mínimo. Lo escandaloso sería que quienes han hecho bandera de perseguir supuestos abusos siguieran usando dinero común sin consecuencias. Porque no hay patriotismo en maltratar las cuentas públicas. Hay cinismo. Hay negocio. Hay una forma muy vieja de política: gritar contra el sistema mientras se le mete la mano en el bolsillo.

La patria, para ellos, empieza en la bandera y termina donde empieza la auditoría.

Fuente preferente: elDiario.es ↗ (elDiario.es)