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El plan de Merz liga la retirada a la esperanza de vida, sube cotizaciones, elimina la jubilación anticipada completa y entrega parte del sistema público al casino bursátil.
EL VIEJO SUEÑO DEL CAPITAL: QUE NO TE JUBILES NUNCA
Alemania acaba de poner negro sobre blanco una idea que lleva años rondando los despachos donde nunca se ficha a las seis de la mañana: si la gente vive más, que trabaje más. Así de simple. Así de brutal. El nuevo diseño de las pensiones que prepara el Gobierno de Friedrich Merz plantea ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida, llevarla a los 67 años en 2030, situarla en torno a los 67,5 años a comienzos de la década de 2040 y empujarla hasta los 70 años en 2090.
No es una reforma técnica. Es una declaración ideológica. La vida se alarga, dicen. Pero no preguntan cómo se vive. No preguntan quién llega con la espalda destrozada, con ansiedad, con turnos partidos, con contratos precarios, con décadas levantando peso, limpiando habitaciones, conduciendo, cuidando, soldando, programando bajo presión o sosteniendo servicios públicos que otros recortan desde un despacho.
El problema nunca es que falte dinero. El problema es a quién se le exige siempre pagar la factura.
Merz llegó a la Cancillería en mayo de 2025 y calificó el sistema de pensiones alemán de “insostenible”. Qué casualidad. Lo “insostenible” casi nunca son los beneficios empresariales, ni la industria armamentística, ni las ventajas fiscales, ni las fortunas que se reproducen sin madrugar. Insostenible, para esta gente, suele ser que una trabajadora o un trabajador pueda dejar de vender su tiempo antes de que el cuerpo diga basta.
La comisión encargada de diseñar el recorte, coordinada por la profesora de Derecho Público Constanze Janda y el expresidente de la Agencia Federal de Empleo Frank Jürgen Weise, ha trabajado durante 150 horas. El informe se entregará este martes, pero ya se ha filtrado a medios alemanes. Y lo que contiene no es una propuesta neutral. Es el manual clásico del neoliberalismo europeo cuando se pone corbata social: retrasar la jubilación, subir aportaciones, limitar derechos adquiridos y vender la privatización parcial como modernización.
Las contribuciones salariales a las pensiones subirían de inmediato un 2%. Hoy la aportación empresarial y salarial está en el 9,3% del salario bruto. Ese incremento de dos puntos supone unos 35.000 millones de euros al año. Dinero de las nóminas. Dinero del trabajo. Dinero producido por quienes ya sostienen el sistema mientras se les explica, con voz de experto, que todavía no sostienen bastante.
Y luego viene la joya: invertir en bolsa el fondo estatal de las pensiones. Traducido: convertir una parte de la seguridad pública de la vejez en combustible para los mercados financieros. La pensión ya no como derecho, sino como rendimiento. La jubilación ya no como pacto social, sino como producto expuesto al humor de los índices bursátiles. Si sube, fiesta. Si baja, paciencia. La banca nunca pierde. La clase trabajadora, casi siempre.
LA BOLSA, LOS MINI-EMPLEOS Y LA TRAMPA DE LLAMAR SOSTENIBILIDAD AL RECORTE
El plan también quiere abolir la posibilidad de acceder a una pensión completa a partir de los 63 años en determinados supuestos, especialmente tras largas carreras de cotización. La jefa de IG Metall, Christiane Benner, ya ha advertido de que habrá resistencia si se elimina la pensión anticipada completa después de 45 años cotizados. Y tiene razón. Porque 45 años trabajando no son un privilegio. Son media vida entregada a producir riqueza para otros.
Hay que decirlo claro: una persona que ha cotizado 45 años no pide un favor. Reclama lo suyo. Reclama tiempo. Reclama salud. Reclama una vejez que no empiece con una carta del Gobierno diciendo que todavía debe unos años más al mercado.
La reforma también plantea acabar con la mayoría de los llamados mini-empleos: trabajos de 8 horas semanales y una retribución máxima de 603 euros al mes, no sujetos a contribuciones. La comisión los considera un falso incentivo porque mantienen a muchas personas en empleos parciales y dificultan el salto a un empleo fijo. Ahí hay una verdad incómoda. El mini-empleo ha servido muchas veces como coartada para maquillar precariedad. Pero el problema no se resuelve empujando a las y los trabajadores pobres hacia un sistema que también les recorta derechos. Se resuelve pagando salarios dignos, reduciendo jornada, reforzando servicios públicos y obligando a las empresas a cotizar de verdad.
También se propone reintroducir el factor de sostenibilidad, ese nombre tan limpio para una mecánica bastante sucia: frenar el crecimiento anual de las pensiones. Cualquier aumento requeriría decisión política. Es decir, las pensiones quedarían más expuestas al ciclo electoral, al chantaje presupuestario y a la presión permanente de quienes siempre encuentran dinero para bancos, rescates, rearme y autopistas, pero se quedan sin calculadora cuando toca hablar de jubiladas y jubilados.
El umbral legal actual del 48% del salario medio como nivel de pensión expira en 2031. Para evitar que las nuevas pensiones caigan después, la comisión propone un factor de transición financiado con impuestos hasta que el nuevo pilar de capital empiece a dar rendimientos. Suena prudente. Pero el corazón del mecanismo es otro: aguantar el puente hasta que la bolsa entre en escena como salvadora. La misma bolsa que premia despidos, aplaude guerras, especula con vivienda y celebra beneficios récord mientras millones de personas aprietan la compra semanal.
Sören Pellmann, presidente de La Izquierda, lo ha resumido con precisión al denunciar que las pensiones podrían acabar dependiendo de alquileres, costes de atención y del precio de las acciones de empresas armamentísticas. Es difícil imaginar una metáfora más obscena para la Europa actual: la vejez de las y los trabajadores financiada por mercados que también se enriquecen con la guerra, la vivienda convertida en saqueo y los cuidados convertidos en negocio.
La reforma incluye otra pieza llamativa: autónomas, autónomos y legisladores pasarían a estar obligados al sistema público de pensiones. Hasta ahora podían afiliarse voluntariamente y cotizar en uno privado. Los diputados del Bundestag, tras cada año de servicio parlamentario, tendrían derecho al 2,5% de su sueldo básico, actualmente de casi 12.000 euros mensuales, con una cantidad máxima del 65% alcanzable tras 26 años de servicio. Esta parte, curiosamente, no es la que más inquieta a los sindicatos. Normal. El incendio está en otro sitio. En la edad. En el cuerpo. En la promesa rota.
Porque este debate no va solo de Alemania. Va de Europa. Va de una clase dirigente que mira el envejecimiento demográfico y solo ve una oportunidad para disciplinar aún más a la población trabajadora. Va de gobiernos que hablan de sostenibilidad mientras permiten que el capital se fugue, que las rentas altas se blinden y que los fondos privados huelan negocio en cada grieta del sistema público.
Trabajar hasta los 70 no es progreso. Es una derrota social presentada en PowerPoint.
Y lo peor es la pedagogía venenosa que hay detrás. Nos quieren convencer de que vivir más obliga a obedecer más. Que la esperanza de vida no es una conquista colectiva, sino una deuda individual. Que cada año ganado por la sanidad, la alimentación, los cuidados y la lucha obrera debe ser devuelto al mercado en forma de más jornada, más cansancio y menos jubilación.
No. La esperanza de vida no puede convertirse en una condena laboral.
Si Alemania abre este camino, otros gobiernos tomarán nota. Ya lo hacen. Primero se filtra. Luego se debate. Después se presenta como inevitable. Y, cuando la gente protesta, aparecen las tertulias serias a explicar que no hay alternativa. Sí la hay. Repartir riqueza. Repartir trabajo. Gravar beneficios. Perseguir evasión. Cuidar a quienes cuidan. Defender lo público. Asumir que una sociedad decente no se mide por cuántos años logra exprimir a una persona, sino por cuántos años le permite vivir sin miedo.
Lo llaman sostenibilidad porque queda mejor que decir obediencia hasta el agotamiento.
Fuentes de verificación: Reuters confirmó que una comisión designada por el Gobierno alemán ha propuesto elevar la edad de jubilación y crear un fondo estatal de pensiones; The Times detalló que la propuesta contempla ligar la edad a la esperanza de vida, eliminar la jubilación anticipada completa tras 45 años cotizados e invertir el fondo en bolsa. (reuters.com)
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